Querella contra suegros de la Comisionada Residente por daños ambientales en La Parguera pone en perspectiva las acciones públicas que tuvieron la funcionaria y sus parientes políticos.

El día en que la comisionada residente Jenniffer González Colón cambió de estrategia sobre la controversia de la propiedad de sus suegros en La Parguera, tildó la pesquisa de “ataque político” y llamó “irresponsable” a la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), fue el mismo día en que la agencia formalizó la querella contra sus parientes políticos y el día antes de notificarla formalmente.

La publicación el viernes de la querella contra los esposos José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera expone los pasos investigativos del DRNA que el matrimonio ya conocía antes de que la funcionaria decidiera abandonar la estrategia de manos afuera que había tenido hasta el 31 de julio pasado, cuando hizo los ataques contra la secretaria Anaís Rodríguez Vega.

La controversia comenzó el 9 de mayo cuando una entidad llamada Prensa Comunitaria, que está a cargo de José Luis Negrón pero que no está registrada oficialmente como corporación, hizo la denuncia sobre construcción ilegal en una propiedad de La Parguera que se indicó era de los suegros de González Colón. Dos días después, Rodríguez Vega confirmó que la agencia investigaba esa querella, que habían hechos que hablaban “por sí solos” y que era “evidente” el daño a los manglares. Pero Rodríguez Vega no confirmó el vínculo con la comisionada, de hecho, negó que se tratara de una propiedad de González Colón.

El próximo hecho concreto ocurrió el 4 de julio cuando fue publicado el informe que el biólogo Joshua Morel Matos había rendido el 9 de junio. El documento detallaba, con fotos, la construcción ilegal que había ocurrido en la propiedad y los daños a los mangles del área. El biólogo y el vigilante Juan C. Banchs pudieron observar “un tablado y terraza recientemente reconstruido con 45 pies de tablones de madera 4’ x 8’ y 30 pilotes nuevos (3 por fila) de PVC rellenados de cemento; todos los mangles rojos y mangles negros cercanos al tablado fueron cortados a su tronco y podados indebidamente por sus raíces superficiales o ramas primarias”. “Las ramas, raíces y troncos recientemente cortados se observaron a solo pies de la construcción del tablado entre las raíces de otros manglares cercanos”, documentaron también.

Según la relación de hechos que contiene la querella, el público no sabía que ya para el 4 de julio, los vigilantes del DRNA habían pasado por la residencia varias veces sin encontrar a ningún ocupante con quien discutir la construcción ilegal y que, ante esto, habían optado por pedirle a la Fiscalía de Mayagüez, el 30 de mayo, que emitieran una citación dirigida a LUMA Energy para que el operador de la red eléctrica les pudiera decir quién era el dueño de la cuenta a la que correspondía el contador al que estaba conectado la propiedad.

Además, también para la fecha de la publicación del informe de Morel Matos, los vigilantes habían recibido la certificación de LUMA identificando a Llavona Rivera como dueña de la cuenta y habían ido, el 26 de junio, al Aguadilla Medical Center a procurarla. Los registros corporativos indican que el presidente de esa organización de servicios médicos es Vargas Cortés y la secretaria y tesorera es Llavona Rivera. La secretaria de la mujer, Suheidy Vélez Pérez, les dijo que estaba de viaje y los vigilantes le entregaron una citación para el 30 de junio, pero Llavona Rivera no compareció a esa citación.

El próximo evento público ocurre el 9 de julio, cuando manifestantes al mando del excandidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina Pérez, irrumpieron en la propiedad y cortaron la conexión de energía eléctrica y agua potable.

Lo que no se conocía, pero que se consigna en la querella publicada el viernes, es que cuatro días antes, el 5 de julio, un día después de que se publicara el informe del biólogo, los vigilantes pasaron por la propiedad y tuvieron que intervenir porque se estaban llevando a cabo “trabajos de reparación y ampliación de un tablado” y también “se llevó a cabo corte de mangle rojo y mangle negro”, otra vez sin permiso del DRNA. Es decir, un día después de que el país se enterara de que los daño ambientales en la propiedad habían quedado retratados, seguían realizando la misma actividad ilegal en la propiedad.

El 27 de julio ocurrió el próximo episodio de la controversia cuando el matrimonio Vargas-Llavona y su hijo, José Vargas Llavona, el esposo de González Colón, acudieron a la oficina central del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan “para canalizar ciertas acciones que ameritan la atención de dicha dependencia", según el abogado de la pareja, Miguel Torres Torres.

Para cuando realizaron esa visita, el matrimonio sabía que el DRNA había estado en su propiedad, que los habían identificado como sus dueños, que habían visitado el Aguadilla Medical Center para citar a la mujer, que había un informe técnico que detallaba los daños biológicos en el lugar y que, el 5 de julio, los vigilantes volvieron a constatar que en la propiedad se construía ilegalmente y se había cortado mangle.

La estrategia pública de González Colón ha cambiado mientras se suman eventos.

“Ni mi esposo ni yo somos dueños de ninguna propiedad en Lajas”, se mantuvo repitiendo en las primeras semanas, sin aprovechar ninguna oportunidad para ofrecer el dato cierto, y constatable, de que la propiedad era de sus suegros.

En esa etapa de su estrategia, la funcionaria refrendó el poder investigativo de las agencias del gobierno y también defendió su récord como defensora de la reserva natural.

“Cualquier imputación, cualquier querella, cualquier denuncia, tiene que seguir el foro correspondiente y las agencias, las que sean, tienen que evaluar eso y los dueños de la propiedad tienen que responder”, dijo.

“Creo mucho en la conservación de los mangles y de la zona costera al punto que nosotros hemos asignado fondos federales para la conservación, precisamente de mangles. Presido el caucus de los océanos en el Congreso y hemos acabado de recomendar a distintas organizaciones en Puerto Rico para que reciban más fondos en esta área. No solamente en el área de Lajas, el problema de erosión costera en Puerto Rico tiene gravedad, no solamente en el impacto de las propiedades, sino también a la flora. Los mangles son ese primer ‘buffer’ que protege contra huracanes, contra oleaje fuerte no solamente en la costa sino también en las propiedades. Si hay alguien que siempre ha estado en récord con ese tema soy yo”, afirmó.

Eso lo expresó a fines de mayo, cuando los vigilantes del DRNA todavía daban vueltas por el lugar tratando de dar con ocupantes de la residencia #30 en la Calle 7 de La Parguera (e identificada como la #48 en el Inventario de Estructuras Fijas de la Reserva Natural hecho en 2013).

Pero después de eso vino la certificación de LUMA de que su suegra era la dueña de la cuenta de energía eléctrica que correspondía a la estructura, ocurrió la visita de los vigilantes a la oficina de la mujer para citarla, el informe del biólogo, la confirmación en la oficina de Lajas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de que los dueños de la estructura eran sus suegros y la intervención de los vigilantes el 5 de julio que les permitió evidenciar que seguían ocurriendo construcciones ilegales y destrucción de mangles.

Cuando todos esos hechos ya estaban recogidos en una querella firmada por los representantes del interés público en el DRNA, Mildred Sotomayor Bourbón y Rafael E. González Ramos, que estaba a solo horas de ser notificada al matrimonio Vargas-Llavona, entonces hubo un giro en la estrategia pública de la Comisionada Residente.

“[M]e gustaría que la Secretaria de Recursos Naturales no fuera tan irresponsable al hacer declaraciones públicas cuando ni siquiera han concluido las investigaciones y cuando hace públicos documentos internos de la agencia que ni siquiera le han enviado a las partes”, dijo González Colón el 31 de julio pasado en una conferencia de prensa en su oficina de San Juan.

“Venir a tratar de ponerme a mí en una propiedad que ni siquiera es mía y cuando ustedes ven las expresiones de estos grupos hablando de mi propiedad, esto es un ataque político hacia mí. Allí hay más de 110 residencias, pero solamente la que se cuestiona es la de mis suegros. ¡Qué casualidad!”, expresó también.

“Yo llevo en la palestra pública más de 21 años. Y jamás había visto cómo se ensañan con la familia de alguien. Que vengan donde mí, que hablen de mí, yo soy la figura pública, todo lo que quieran pueden hablar de mí. Pero ¿por qué acudir contra mis suegros, personas mayores, para tratar de vincularme a mí, verdad? Yo creo que eso es bajo”, dijo sobre las gestiones investigativas que había defendido en mayo.

Mientras esas palabras de la comisionada todavía hacían eco en la opinión pública, el DRNA emitió querella contra los suegros de González Colón y contra otros tres propietarios de estructuras en la Reserva Natural, también por construcciones ilegales y daño ambiental.

Vea:

Suegros de González Colón enfrentan multas de $25,000 por violaciones en La Parguera

Comisionada residente arremete contra secretaria del DRNA

Esposo de JGO realiza "visita voluntaria" al FBI

González sobre propiedad en La Parguera: "Aquellos que tengan propiedades responderán por ellas"