Los primeros comentarios del gobierno federal sobre el uso de las inyecciones de fondos extraordinarias que tuvo el gobierno por la pandemia recalan en las mismas deficiencias que se han detectado en varias administraciones.

Una evaluación contable hecha para el Departamento del Tesoro federal sobre el uso de fondos especiales asignados por la pandemia entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021 revela gastos cuestionables por $33.7 millones en 201 transacciones, lo que delata que “el riesgo de uso indebido de fondos es alto” en Puerto Rico.

El Tesoro publicó el martes el informe de monitoria que la firma externa Castro & Company LLC (C&C) realizó para la Oficina del Inspector General (OIG) de la agencia y, que se conozca, es el primer informe sobre el uso de los $2,240 millones asignados a la isla bajo el Coronavirus Relief Fund (CRF).

No se trata de una auditoría formal, por lo que no hay opinión oficial sobre el uso de los fondos y las transacciones evaluadas no se pueden extrapolar al total de los fondos, ya que las transacciones no se escogieron de forma aleatoria, sino basándose en distintas fuentes de monitoreo diseñadas para detectar riesgos o anomalías en el uso de los fondos. Pero el Tesoro podría usar el informe para pedirle repago al gobierno.

C&C indicó al OIG del Tesoro que el Gobierno de Puerto Rico no cumplió con las guías sobre el uso de estos fondos (que el Congreso viabilizó bajo la Ley CARES) y “determinamos que el riesgo de uso indebido de fondos es alto”.

Las fallas principales resaltadas fueron incumplimiento con los plazos para entregar las auditorías anuales que se requieren bajo los programas sufragados con fondos federales y falta de documentación que sustente gastos, lo que puede encubrir gastos irrazonables y posibles usos fuera de los propósitos de la ley.

Las auditorías anuales de 2019, 2020, 2021 y 2022 no se habían sometido, precisó C&C.

La monitoría de C&C no identifica las partes involucradas en las transacciones que arrojan deficiencias, pero estas incluyen materiales médicos, comunicaciones relacionadas con el covid-19, servicios de consultoría, asignaciones hechas a hospitales privados para cubrir gastos médicos y de nómina, pagos a municipios por pérdidas de ingresos, programas de vivienda, ayuda a personas sin hogar, nómina de servicios de seguridad, y programas de tecnología para estudiantes.

La evaluación comenzó el 30 de agosto de 2021 y el punto de contacto en el gobierno local fue el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

C&C entregó su evaluación una semana después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) resaltara en su informe anual de 2023 algo que está señalando desde por lo menos su informe de 2020: las deficiencias que refleja el personal gubernamental que maneja fondos federales, el efecto dañino que ha tenido dejar que los funcionarios públicos con más experiencia en esta área se vayan con ventanas de retiro temprana y la necesidad de que el gobierno federal provea adiestramiento técnico al gobierno local.

Incluso, desde hace 10 años, durante la Administración García Padilla, se había anunciado que el propio Tesoro daría “asistencia técnica” al gobierno sobre el uso de fondos.

Sobre los fondos del coronavirus, la Junta observó que el gobierno todavía no ha gastado $1,100 millones, casi la mitad de lo asignado.

“En el agregado, la cantidad de fondos federales que Puerto Rico debe desembolsar, y el número de proyecto que debe ser completado, es uno de los programas federales de recuperación más complicados en la historia. La (Junta) está preocupada porque el desembolso de cantidades tan grandes de dólares federales en la forma, magnitud y tiempo requerido por los planes fiscales certificados ha probado ser un reto”, dijo el ente fiscal en su informe anual de 2023.

Añaden que “muchos atrasos en el desembolso de ayuda por desastre están fuera del control directo de Puerto Rico”, como la “miriada” de reglas federales que hay que seguir y porque, con relación al huracán María, “los procesos bajo la Sección 428 de la Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act” han hecho más lentos y complicados los desembolsos.

Esta fue la sección por la que la Administración Rosselló optó por recibir los fondos federales tras el paso de los huracanes Irma y María.

Entre los usos inadecuados de fondos federales que la Junta identifica en su informe están proyectos capitales que no se alinean con los propósitos de los fondos, asignar fondos federales para expandir créditos contributivos (como los de cine) cuando no se le ha permitido al gobierno expandirlos con dinero local y aumentos a maestros, bomberos, oficiales correccionales y asignación mayor a la Legislatura que se hicieron con fondos federales que no son recurrentes, aunque se trata de gastos que van a ser recurrentes.

Para el informe de C&C, pulse aquí.

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