La jefa del Poder Judicial defendió también el cabildeo que realizan en la Legislatura para lograr un aumento en las escalas salariales de los jueces.

La Jueza Presidenta, Maite Rodríguez Oronoz, argumentó que un informe legislativo que concluye que la Rama Judicial puede funcionar con menos jueces necesita más análisis, pero admitió que la cantidad total de jueces en funciones podría ser menos que la que existe hoy.

El 22 de junio pasado, la Cámara de Representantes recibió un informe parcial bajo la Resolución 687 que concluye que la cantidad de casos radicados en los tribunales se ha reducido 32% en 10 años y que se podrían implantar medidas como reducir la cantidad de jueces del Tribunal de Apelaciones, asignar a los jueces apelativos a salas de Primera Instancia que necesitan refuerzo, congelar el nombramiento de jueces de Primera Instancia, implantar una Academia Judicial para que los nombramientos sean por mérito y desarrollar métricas sobre los términos óptimos para la conclusión de los casos.

Durante una conferencia para anunciar el nuevo Plan de Retribución de los empleados del Poder Judicial que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Oronoz defendió que la reducción en la radicación de casos “no necesariamente implica que el juez tiene menos trabajo”. Pero admitió que la revisión de la distribución actual de jueces por materia y por región geográfica podría resultar en la necesidad de menos plazas judiciales autorizadas.

El Poder Judicial tiene autorizadas 386 posiciones judiciales, de las cuales 51 están vacantes, dijo el juez administrador de la Oficina de Administración de Tribunales, Sigfrido Steidel. Oronoz Rodríguez dijo que “se necesita llenar un número significativo” de estas y Steidel enfocó en las plazas de jueces municipales como las vacantes que más urge llenar.

El informe cameral ocurre a la vez que los jueces están cabildeando para que la Legislatura apruebe un aumento en las escalas salariales de los jueces, las que, distintas a las de los demás empleados de la Rama Judicial, están fijadas por ley. Igual que los empleados, a quienes la JSF aprobó un nuevo plan de retribución después de 25 años de su última revisión, la compensación de los jueces no ha cambiado en sobre 20 años.

Como parte del cabildeo, la OAT contrató al bufete McConnell Valdés por $125,000 y decenas de jueces se han movido al Capitolio para visitar legisladores y para sentarse en las gradas de los hemiciclos a expresar su apoyo a legislación que aumente su compensación.

Oronoz Rodríguez rechazó críticas por esas movidas.

“El proceso de gobernanza en un país democrático es precisamente allegarse a la rama que crea la política pública, así que ese es el lugar a abogar”, planteó al recordar que a la Legislatura se le llama “la Casa Grande de las Leyes” y que allí acuden también maestros, fiscales, bomberos y los propios alguaciles y secretarias de tribunales para pedir mejoramiento de sus condiciones laborales.

Resaltó que, a la vez que aprobó el nuevo plan de retribución de los empleados del poder constitucional que preside, la JSF también evaluó y aprobó un esquema nuevo de compensación para jueces, por lo que son los números de la Junta los que la Legislatura tiene ante sí para el aumento a los jueces.

Hasta ahora, solo el Partido Nuevo Progresista ha sometido un proyecto, tanto en Senado como en la Cámara de Representantes, para aumentar el salario de los jueces.

Aclaró también que entre el dinero que la Junta aprobó para el aumento a los empleados y para el aumento a los jueces no hay correlación. “El que sobre dinero de los empleados no nutre el fondo de los jueces y el bajar el fondo de los jueces no le nutre el dinero a los empleados, son totalmente separados”, dijo.

Vea:

Tribunales pueden funcionar con menos jueces, mejor distribuidos