El Gobernador entiende que los hechos de la querella contra su asesor legislativo fueron hace mucho tiempo.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no relevó del cargo a su asesor legislativo, Carlos Rivera Justiniano, a pesar de que el Tribunal Supremo lo procesó disciplinariamente por segunda vez, resultando en una suspensión de su licencia como abogado por tres meses.

El 28 de junio pasado, el Supremo notificó su determinación de suspensión por un caso en el que el abogado dejó de notificarle a una cliente que su caso había sido desestimado, perdiendo esta la oportunidad de apelar.

En la resolución del Alto Foro se hace constar que es el segundo procesamiento ético contra Rivera Justiniano (un tercero fue archivado) y se consigna que el abogado ni siquiera cumplió con los términos iniciales que el tribunal le impuso para contestar a la queja y luego a la querella que instaron su exclienta, la profesora Arlyn Serpa Mercado y la Oficina del Procurador General. Vino a contestar en noviembre de 2016, cuando ya se había extinguido un término final “improrrogable” de cinco días que le había dado el Supremo.

Antes del puesto que ocupa actualmente como asesor legislativo en La Fortaleza, Rivera Justiniano fue jefe de asesores de Carlos Méndez Núñez como presidente de la Cámara de Representantes el cuatrienio pasado. También fue abogado del Partido Nuevo Progresista (PNP) en distintas controversias, como la impugnación de la elección de Miguel Romero Lugo como alcalde de San Juan. También, bajo la presidencia de Thomas Rivera Schatz, fue miembro del comité de evaluación de candidatos de dicho partido.

A preguntas de NotiCel sobre si el Gobernador había tomado alguna acción sobre Rivera Justiniano a raíz de la suspensión de su licencia, su portavoz, Sheila Angleró, indicó que, en el puesto que ocupa, “no ejerce la profesión de la abogacía”.

“En ese sentido, la suspensión no impacta sus labores. Aunque el gobernador reconoce que es una situación lamentable y negativa, la misma ocurrió hace más de 7 años y no estuvo relacionada con sus funciones públicas. Rivera Justiniano continúa trabajando como asesor en asuntos legislativos”, añadió.

Según la resolución del Supremo, el abogado aceptó representar a Serpa Mercado para una reclamación de discrimen político contra el recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico. A pesar de que en agosto ya la campaña política relativa a las elecciones generales estaba en su apogeo, Rivera Justiniano luego dijo que no se había dado cuenta de que el tribunal había desestimado la demanda que presentó en nombre de su clienta porque “estaba participando activamente en el proceso eleccionario del 2016[,] lo cual limitaba considerablemente sus horas de oficina”.

Pero Rivera Justiniano no solo no se enteró de las notificaciones del tribunal, sino que dejó de contestar mensajes repetidos de su clienta y, cuando le contestó, le dijo que se comunicaría luego con ella, para entonces dejarla esperando.

“Desconozco de muchos procesos legales[,] por eso he confiado en usted, pero a[ú]n no entiendo [por qué] se ha negado a responderme. Usted conoce todo el daño que me ha causado esta situación y a[ú]n así no me responde. Necesito saber en qu[é] queda mi caso y si se pued[e] apelar. Nuevamente reiter[o] mi confusión a su negación de contestarme mis dudas. Ya son muchas las llamadas y mensajes que le he dejado. Estoy muy ansiosa por la situación”, le suplicó Serpa Mercado en un mensaje.

El abogado de Rivera Justiniano para la querella fue otro abogado conocido del PNP, Israel Roldán. En su escrito al Supremo este ofreció su conclusión de que, después de evaluar el expediente del caso de la profesora, Rivera Justiniano se había desempeñado de manera competente y, comoquiera, la apelación hubiera tenido poco éxito porque Serpa Mercado tenía un proceso administrativo en el recinto que tenía que completar antes de que pudiera reclamar en el tribunal.

De los hechos se desprende que ese proceso existía cuando Rivera Justiniano le cobró $500 por presentarle la demanda. Incluso, Rivera Justiniano y su abogado usaron la existencia de ese caso administrativo para minimizar cualquier daño que la profesora haya sufrido porque su abogado no le informó a tiempo de la desestimación de su demanda.

Rivera Justiniano aceptó la falta de comunicación de su cliente, pero la acusó de querer difamarlo al decir que le había perjudicado sus oportunidades de apelación porque, de todos modos, el contrato que tenía con ella no cubría el proceso apelativo.

El asesor legislativo de Fortaleza pidió al Supremo que tomara en consideración que “es esposo y padre de cuatro (4) hijos que dependen en gran medida de su trabajo para su sustento [y] sería un castigo cruel el privar[lo] de su único medio para ganarse la vida y ser el proveedor excelente que siempre ha sido para sus cuatro (4) hijos”.

Al decidir suspenderlo por tres meses, el Alto Foro dispuso también el archivo de un tercer procesamiento ético que enfrentara pero no dio detalles del mismo ni aclaró si estaba relacionado con los hechos de la queja de la profesora Serpa Mercado.

Los cánones que Rivera Justiniano violentó en el trámite con la profesora fueron el 18 (sobre la competencia del abogado y el consejo al cliente) y el 19 (sobre mantener informado al cliente).

Como asesor legislativo, Rivera Justiniano tiene que representar al Gobernador en las discusiones con todas las delegaciones políticas de los dos cuerpos representativos sobre toda la legislación que se tramita, incluyendo las que afectan al Poder Judicial y los nombramientos de jueces.

Para la resolución del Supremo, pulse aquí.