Auditoría de la Contraloría señala ilegalidades en contrato que gestionó el equipo del exgobernador Rosselló Nevares y que refrendó el exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

La Oficina del Contralor pidió el recobro de $27 millones en pagos ilegales realizados bajo un contrato de “manejo de crisis” que el equipo del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares gestionó desde antes del huracán María, que se firmó dos días después del paso de ese fenómeno y que, en menos de un año, creció de $800,000 a $34.7 millones.

La auditoría es sobre el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), una dependencia que solía ser agencia pero quedó bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP). La auditoría concluye que se violaron estatutos locales y federales en el manejo de los pagos relacionados a ocho contratos y 19 enmiendas que totalizan $53,159,814, de los cuales $27,237,370 son “pagos ilegales”.

Las ilegalidades se concentran en tres contratos donde hubo pagos en exceso de la cuantía máxima establecida y enmiendas que se hicieron con efecto retroactivo. Según los datos de la auditoría, los contratos serían los de la empresa de manejo de crisis DCMC LLC, la empresa de consultoría StratTema LLC y la agencia de publicidad Intacto LLC. La Contraloría no indica que se pagó por servicios que no se prestaron, sino que los pagos se hicieron en contra de leyes locales y federales.

El contrato de DCMC es el que genera casi la totalidad de los pagos adjudicados como ilegales. El acuerdo con esta empresa con sede en Virginia encabezada por el cabildero Barry Scanlon fue otorgado el 22 de septiembre de 2017, dos días después del huracán María y cuando el país estaba completamente a oscuras. Pero la propuesta que la empresa anejó a su contrato es del 8 de septiembre, dos días después de que el ojo del huracán Irma pasara cerca de Puerto Rico.

DCMC reclamó experiencia en interacción con el gobierno federal después de desastre desde el huracán Andrew en 1992 y frecuentemente son subcontratistas de Tidal Basin, que tiene contrato con el Departamento de Vivienda como gerente de programas para los fondos de reconstrucción.

La propuesta de DCMC está dirigida al exdirector de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico, Carlos Mercader y luego fue sometida también al exsecretario de Vivienda, actual presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Fernando Gil Enseñat. Pero la entidad contratante resultó ser NMEAD porque allí estaba ubicada la oficina del Representante Autorizado del Gobernador (GAR en inglés), una posición que ocupaba José Marrero a la misma vez que era el director, en ese momento, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La oficina del GAR pasó de NMEAD a OGP, donde fue directora la tía política de Mercader, Iris “Chiqui” Santos, y luego a la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3). De hecho, el contrato terminó bajo NMEAD en 2019, pero en junio de 2021, bajo la Administración Pierluisi, la empresa vuelve a tener contrato con el gobierno, esta vez con la Autoridad para Alianzas Público Privadas, que indicó que aparece así en el Registro de Contratos porque COR3 está adscrita a ellos.

En NMEAD, tanto los contratos como las enmiendas están firmados por las personas que ocuparon dirección como comisionados, pero también refrendados con la firma del exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. “El Negociado permitió a los contratistas seguir prestando servicios (después de extinguir el tope originalmente pactado)”, dice la auditoría al añadir que otorgó enmiendas “de forma retroactiva y contrario a lo dispuesto en la reglamentación aplicable”. “Al momento en que el contratista sobrepasa la cuantía máxima del contrato, no existe una relación contractual válida, exigible, prospectiva y escrita entre el Negociado y el contratista por la nueva cantidad”, subrayó al pedir al Departamento de Hacienda que inicie una acción legal de recobro.

El contrato de Strat Tema fue otorgado el 5 de febrero de 2018 por $188,700 y enmendado el 11 de mayo para añadir $244,000, para un total de $432,700. El servicio sería dar consultoría directa a la oficina del GAR. El acuerdo lo firmó Dominique Rojas, presidente de la empresa con sede en Dorado. La otra contratación pública de Strat Tema fue en 2019, vigente hasta septiembre de 2023, con la Guardia Nacional.

El tercer contratista señalado en la auditoría por pagos ilegales, la publicitaria Intacto, es propiedad de Alexis Negrón Judice. Este contrato fue sufragado con fondos federales y la auditoría no solo lo enfoca por pagos ilegales en exceso, como los dos contratos anteriores, sino también por ser otorgado sin competencia, y porque NMEAD le pagó comisiones de más.

La Contraloría recordó que las distintas medidas de emergencia que el gobierno tomó para atender el desastre de los huracanes Irma y María no tuvieron el efecto de eliminar la prohibición de hacer contratos o enmiendas retroactivas ni facultó al gobierno a realizar contratos implícitos, como cuando se deja que un suplidor incurra en gastos que no están contemplados en el contrato para entonces pagárselos.

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