El documento suscrito por la fiscalía federal y el gobierno de Puerto Rico ordena al gobierno hacer lo que el mismo gobierno dijo que había que hacer desde 2018, pero no hicieron.

El acuerdo extrajudicial con el que la fiscalía federal busca garantizar el cierre del Zoológico de Mayagüez y el traslado de sus 300 animales a santuarios en los Estados Unidos está basado en violaciones registradas desde 2012, mucho antes del huracán María y del cierre al público en 2018, y es la misma solución que propuso un comité durante la Administración Rosselló Nevares sin que los exgobernadores Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garced, ni el gobernador actual, Pedro Pierluisi Urrutia, hubieran actuado.

“Esas violaciones abarcaron muchos años de diferentes administraciones que no pudieron garantizar el bienestar de los animales. Fue un problema institucional, de falta de recursos y capacitación adecuada para garantizar el bienestar de los animales. No de daño intencional a los animales. El acuerdo de transacción firmado hoy logra los objetivos de la ley más rápido. Obtenemos la custodia acelerada de los animales para mejorar su bienestar al trasladarlos a mejores hogares sin tener que iniciar litigios prolongados que retrasaría la transferencia”, dijo el jefe de fiscales, W. Stephen Muldrow, ayer en conferencia de prensa.

La fiscalía no adjudicó responsabilidades por nombre e, incluso, sostuvo que el acuerdo extrajudicial cierra la puerta a cualquier procesamiento criminal, pero el propio documento, así como el récord público, detallan cómo el lugar se había convertido en uno de maltrato, sufrimiento y muerte para los animales, a pesar de que los funcionarios de administración tras administración aseguraban que se estaba velando por el bienestar de las distintas especies en cautiverio. El hecho de que los señalamientos de agencias federales que se usan en el acuerdo son de hace más de 10 año también sugiere también que la fiscalía tendría dificultades para presentar cargo criminales debido al término de prescripción de cinco años.

Los señalamientos incluidos en el documento cubren desde que la instalación estaba bajo la Compañía de Parques Nacionales, que luego pasó al Departamento de Recreación y Deportes, hasta que en 2018 pasó de ese departamento al de Recursos Naturales. La secretaria de este último, Anaís Rodríguez Vega, estuvo diciendo hasta principios de este año que el lugar se convertiría en un santuario, manteniendo los animales, pero en febrero anunció el cierre de la instalación y el traslado de los animales. Con el acuerdo, se confirma que el Departamento de Justicia de Puerto Rico emitió un informe el 24 de enero de 2023 con la conclusión de que el zoológico estaba “en flagrante incumplimiento de las Leyes de Puerto Rico”.

En junio de 2014, durante la Administración de Alejandro García Padilla, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura federal (APHIS en inglés) registró que un puma, un pizote y un babuino fueron sacrificados con sustancias expiradas solo porque no eran aptos para la exhibición. Ese mismo mes, se registró el sacrificio de ciervos mediante cortarles las venas yugulares con un cuchillo y echándole los cuerpos a los grandes felinos para que los comieran. Hasta agosto de 2017, justo antes del huracán, los señalamientos de esa agencia federal incluyeron heridas y lesiones no tratadas en un león y en el rinoceronte Felipe, medicamentos vencidos almacenados en un refrigerador sucio y defectuoso, un puma con señales de no tener suficiente espacio para moverse, animales delgados que no habían sido examinados, plaga de ratas y cucarachas porque se había dejado de pagar la empresa de fumigación, y muerte de cachorros de tigre por haber sido retirados demasiado pronto de la madre, que los rechazó.

Muchos de estos hallazgos se están discutiendo públicamente desde por lo menos 2016 en el programa Rayos X, provocando que la exprimera dama, Beatriz Areizaga hiciera una visita sorpresa en julio de 2017 tras la que, a pesar de lo que los inspectores de APHIS estaban registrando, aseguró que “[l]a experiencia fue única, ver de primera mano el amor del personal del zoológico por los animales, la pasión que tienen por su cuidado y la entrega que demuestran hacia ellos”. “Me impresionó lo bien que conocen cada animal y su capacidad y experiencia como biólogos. Quedamos muy impresionados, positivamente”, afirmó también.

Pero, apenas el mes siguiente, en agosto de 2017, semanas antes del impacto de María, un comité ejecutivo que había designado el exgobernador Rosselló Nevares reveló varias instancias de maltrato y recomendó transferir los animales a santuarios, particularmente al elefante Mundi y a los 12 felinos. Incluso, en ese momento hubo expresiones corroboradoras de los mismos santuarios que ahora aceptaron recibir los animales bajo el acuerdo federal, el Wild Animal Sanctuary y el Elephant Refuge North America, que recibiría a Mundi.

Sin embargo, luego del huracán María, nada sucedió y, en 2018, Prensa Asociada publicó los hallazgos de APHIS después de someter un requerimiento legal de información al gobierno federal. Ese mismo año, el zoológico pidió que se retirara la licencia de exhibición de animales que otorga el Departamento de Agricultura federal y desde entonces está cerrado al público. Desde entonces, en varias ocasiones los han exhibido en violación a la ley.

En 2019 murieron 11 animales, en 2020 fueron más de 12 y entre 2022 y 2023 al menos ocho más, consigna el acuerdo revelado ayer. Desde 2021 no hay veterinario asignado oficialmente, desde septiembre de 2022 la mayor parte de la instalación no tiene energía eléctrica y solo tiene agua potable de manera intermitente, y desde marzo de 2019 no tienen los permisos para poseer águilas. A estos últimos el gobierno federal ya los removió el viernes pasado.

Desde que la instalación pasó a Recursos Naturales, los secretarios de la agencia han asegurado que velan por el bienestar de los animales. “Desde que asumí el puesto de secretario del DRNA en marzo del 2020, nuestra prioridad ha sido enfocarnos en dar mantenimiento y cuidado a los animales y tener los alimentos necesarios para sus respectivas dietas… Esperamos pronto tener un zoológico de primer orden para el disfrute de todos los puertorriqueños y turistas que nos visitan; y así ayudar a fomentar el desarrollo económico de la región oeste”, dijo el exsecretario Rafael Machargo.

Pero esto contrasta con la aseveración que incluye el acuerdo, y que está suscrita también por los secretarios de Justicia y de Recursos Naturales, de que “en violación a la ley, el zoológico ha lastimado y acosado animales protegidos mediante fallar en el cuidado veterinario adecuado, refugio adecuado o sustento adecuado para cumplir con las sicológicas de la especie, alterando significativamente los patrones normales de conducta de los animales”.

Aún con estos hallazgos, el empuje de la Administración Pierluisi Urrutia, de la Cámara de Representantes y del Municipio de Mayagüez era mantener los animales en el lugar, aunque rediseñando la instalación para que fuera un santuario. Para eso, se le pagaron $500,000 a la arquitecta Astrid Díaz.

Incluso, el gobierno pretendía mover al zoológico unos 100 animales que tienen en el Centro de Detención en Cambalache, Arecibo, y hasta enero pasado, el gobernador se sostenía en que seguía adelante con su decisión tomada “hace bastante tiempo atrás” de convertir la instalación en un santuario. El Centro de Detención es el lugar en el que Recursos Naturales mantiene especies prohibidas en Puerto Rico, confiscadas, capturadas o entregadas por sus dueños.

Con el acuerdo divulgado ayer, esas pretensiones quedan a un lado y el gobierno se obliga a que, a más tardar seis meses, transfieren los animales a santuarios y, a más tardar ocho meses, tramitan con la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA), el que el dinero que estaba asignado para reparación del zoológico se use, en vez, para reembolsar los gastos de traslado que inicialmente están asumiendo las propias organizaciones sin fines de lucro que estarán recibiendo a los animales. Recursos Naturales había dicho que la asignación era de $6.2 millones.

La intervención federal, sin embargo, no llegó a tiempo para salvar a todos los animales.

Muldrow indicó que el 27 de febrero pasado sacrificaron al puma porque tenía un cáncer muy avanzado.

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