Pedro Pierluisi Urrutia dijo que la decisión se tomó por una "apariencia obvia de un potencial conflicto de interés".

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia informó que su administración decidió poner fin al contrato que mantenía con el bufete de abogados DLA Pipe.

Según Pierluisi Urrutia, la determinación de rescindir el contrato se debió a que la firma asumió la representación legal del banquero venezolano Julio Herrera Velutini.

El primer ejecutivo del país, tras intervenir en una actividad de Educación en el Centro de Bellas Artes (donde anunció la permanencia de más de 1,200 maestros), se expresó acerca de la decisión, aunque no se extendió.

“Básicamente, (la determinación fue tomada por) apariencia obvia de un potencial conflicto de interés (de la firma) por su representación del señor Julio Herrera Velutini”, se limitó a exponer el mandatario.

El pasado 31 de agosto, Herrera Velutini se entregó a las autoridades federales en Puerto Rico para enfrentar cargos en relación al caso de corrupción de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Según la acusación federal, desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020 la entonces gobernadora participó en un plan de soborno con varias personas, entre ellas Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini, y John Blakeman para financiar la campaña electoral que buscaba la candidatura a la gobernación.

A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini prometieron proporcionar fondos (más de 300 mil dólares a consultores políticos) para apoyar la campaña electoral para gobernadora de 2020 de Vázquez Garced a cambio de que Vázquez Garced despidiera al Comisionado de la OCIF y nombrara un nuevo comisionado a elección de Herrera Velutini.

A raíz de esta situación, a partir de 2019, el banco de Herrera Velutini -defendido por el bufete DLA Pipe- fue objeto de un examen por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico.

Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados de conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos.

Si son condenados por todos los cargos, cada uno enfrenta una pena total máxima de 20 años de prisión.

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