Por caso de distribución de suministros en el 2020.

La Oficina de Ética Gubernamental archivó la querella que vinculaba a la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones Suárez, a la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced y al exsecretario de la gobernación, Antonio Pabón Batlle.

Según indicó el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG), Luis Pérez Vargas, los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la OEG, culminaron con la pesquisa relacionada a la entrega de suministros a los afectados de los terremotos del 2020 en la zona sur de la Isla.

Se alegaba que Quiñones Suárez había permitido la intervención indebida de políticos en la distribución de alimentos para los damnificados. Mientras, en el caso de la exgobernadora y el exsecretario de la Gobernación, se planteó una posible acción de represalia contra la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos, por suspender a Quiñones Suárez como Administradora de la ADSEF.

“Los abogados de la Oficina acogieron un planteamiento recibido en la OEG el 28 de febrero de 2020, por el representante Rafael Hernández Montañez y posteriormente un referido de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en abril de 2021. La investigación realizada por el Lcdo. Manuel Sánchez Agostini de la OEG, tiene su génesis en un incidente ocurrido el 8 de enero de 2020 en el Municipio de Guánica, en el que se planteaba que no se pudieron repartir alimentos a las personas afectadas por los terremotos, debido a que, alegadamente, Quiñones Suárez había impartido instrucciones a empleados de la ADSEF para que no se realizara la entrega hasta que llegara al lugar la senadora Evelyn Vázquez Nieves. Lo anterior, con el objetivo de que la senadora pudiera tomarse fotos entregando los alimentos y de esta manera resaltar su imagen como candidata para las próximas elecciones,” explicó el Director de la OEG en declaraciones escritas.

Como parte de la investigación realizada por el abogado de la OEG, se obtuvo prueba documental, se entrevistaron a una decena de testigos, se examinaron testimonios de un informe sobre incidentes de la ADSEF, así como declaraciones juradas que fueron parte de la investigación del Departamento de Justicia y la OPFEI, mencionó Pérez Vargas.

El Director Ejecutivo expresó que, según se desprende de la investigación del licenciado Sánchez Agostini de la OEG, empleados de la ADSEF y un camionero que llevaba los alimentos de la agencia, llegaron el 8 de enero de 2020 a la comunidad La Esperanza de Guánica para repartir los suministros.

De acuerdo con varios de los testigos, ninguno recibió instrucciones de que debían esperar por la senadora Vázquez Nieves para entregar los alimentos a los damnificados. Según mencionaron, la entrega se había retrasado porque estaban esperando a que llegara la Guardia Nacional para brindar apoyo y seguridad.

Indicaron, además, que ni la ex Administradora de la ADSEF, ni la senadora Vázquez Nieves estuvieron presentes en la entrega de alimentos en la comunidad La Esperanza de Guánica. Los testigos, a su vez, expresaron que durante las semanas que se estuvieron realizando las entregas de suministros, no era extraño ver a funcionarios electos visitando comunidades que ellos estuvieran impactando.

La presencia de estos no estaba prohibida, lo que por reglamentación federal no podían realizar era cargar o entregar suministros. Ninguno de los entrevistados declaró que observó a alguno de ellos distribuyendo alimentos. El estado de derecho vigente confiere a los funcionarios electos el deber de fiscalizar al Gobierno y sus agencias, así como el de prestar auxilio en caso de emergencias o desastres naturales, enfatizó Pérez Vargas.

De acuerdo con declaraciones juradas y entrevistas a testigos, Quiñones Suárez no era la persona encargada de coordinar la ayuda ese día, sino que la coordinación estaba a cargo de la Administración de Servicios Operacionales de la ADSEF.

Surge de la investigación que fue la Administradora de esta área junto al Subadministrador, quienes ordenaron que el camión que no había podido entregar los suministros en el Municipio de Guánica, se retirara y fuera a entregar alimentos a comunidades del pueblo de Ponce que estaban igualmente afectadas por los terremotos. Más adelante en el día, regresaron a Guánica a proveer suministros, manifestó el Director de la OEG.

De otra parte, el abogado de la OEG evaluó el referido de la OPFEI sobre la destitución de la exsecretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos, por parte de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exsecretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle. En este caso, se alegaba que Andújar Matos fue destituida en represalia por negarse a reinstalar a la exadministradora de la ADSEF en su puesto tras haberla suspendido.

Surge de la investigación que Andújar Matos recibió, el 8 de enero de 2020, una comunicación anónima donde se planteaba que, tras los terremotos se estaba utilizando la distribución de alimentos administrados por la ADSEF para beneficiar campañas políticas en violación a la reglamentación federal sobre la Asistencia de Alimentos de Emergencia.

A raíz de esta información, Andújar Matos suspende a Quiñones Suárez, ordena una investigación interna y comunica su determinación al exsecretario de la Gobernación y a la exgobernadora. Estos le manifestaron su descontento por haber tomado la acción de personal basada en una declaración anónima y sin consultarles, debido a que el puesto de la ADSEF, aunque es nombrando por el Secretario, requiere ser consultado con el Gobernante.

Posteriormente, el 18 de enero de 2020, Pabón Batlle le solicitó a la exsecretaria de la Familia que reinstale a Quiñones Suárez, debido a que, entre otras cosas, la acción de personal estaba basada en una fuente anónima. El 19 de enero de 2020, trasciende que Vázquez Garced le retiró la confianza a Andújar Matos y a otros Secretarios de Gabinete tras estos no poder precisar información sobre almacenes de suministros bajo el control de sus respectivas agencias, detalló el Director Ejecutivo.

“Conforme a la investigación del abogado de la OEG, el puesto de Andújar Matos como Secretaria del Departamento de la Familia es un puesto de confianza de libre selección y remoción, por lo que la ex Gobernadora tenía la facultad de solicitar su renuncia, incluso sin justificar las razones de su decisión. Es por todo lo anterior que, al no existir evidencia que sustente las violaciones a la Ley Orgánica de la OEG, ni prueba clara, robusta y convincente que justifique una querella contra los imputados, se procede con el archivo de la investigación. No obstante, de surgir información concluyente en el futuro, en esta o en cualquier otra investigación culminada en la Oficina, los abogados de la OEG pueden iniciar un nuevo proceso de investigación”, señaló Pérez Vargas.