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Gobierno

Justicia presenta querella contra Abarca Health por prácticas engañosas

La empresa inventó razones falsas para aumentar las tarifas.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.
Foto: Archivo/Luis López

El Departamento de Justicia, a través de su Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), presentó el jueves una querella contra Abarca Health LLC., administrador de beneficios de farmacias (PBM, por sus siglas en inglés), tras detectar que incurrió en prácticas engañosas e injustas al imponer las tarifas que pagaría a las farmacias por los medicamentos.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, señaló en conferencia de prensa que “como parte de su función fiscalizadora, la Oficina de Asuntos Monopolísticos identificó un problema serio. Este PBM se valió de métodos injustos de competencia y actuaciones engañosas para cambiar las tarifas de los medicamentos y lograr la recontratación de su red de farmacias. Por lo que estamos solicitando que se le impongan multas de 5,000 dólares por cada farmacia a la que le hicieron una falsa representación”.

La querella del Departamento de Justicia detalla que para el año 2018, Abarca se convirtió en el PBM exclusivo de un plan médico en la isla y sus líneas comerciales de negocios, proveyendo servicios de administración de red de farmacias que representaban más de 800,000 vidas en Puerto Rico. Durante dicho periodo, Abarca Health realizó una enmienda a sus contratos de proveedores de farmacia, efectiva el 1 de enero de 2019.

Al informar los cambios de tarifas de medicamentos como parte de la enmienda a su contrato, Abarca Health informó falsamente que había realizado un “análisis de mercado exhaustivo” durante seis meses y que las nuevas tarifas eran “competitivas y consistentes con el mercado y las necesidades de nuestros clientes”.

Sin embargo, la OAM descubrió que Abarca Health representó falsamente haber realizado tal análisis. A través de la investigación, la OAM confirmó que el PBM no había realizado ningún análisis formal ni por escrito del mercado. Por lo que el Departamento de Justicia le imputa a la compañía una conducta engañosa para justificar las nuevas tarifas y lograr que las farmacias aceptaran los nuevos términos contractuales, mediante lo que constituye una falsa representación y un método injusto de competencia.

“Esta es una práctica inaceptable que afecta la justa competencia en el ámbito de la salud, y no la vamos a permitir. Por lo que hemos presentado una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que ordene a Abarca Health el cese y desista de esta conducta, y que le imponga las multas y penalidades que correspondan”, puntualizó el secretario.

La querella fue presentada ante el DACO conforme al Artículo 3 de la Ley 77- 1964, conocida como Ley de Monopolios y Restricción del Comercio.

En diciembre del pasado año, NotiCel publicó una columna de opinión en la que se denunciaba dicha práctica entre los PBM a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico.

Vea: Demanda revela aumento artificial del costo de la insulina

Reaccionan las farmacias de comunidad

Por su parte, la directora ejecutiva de las farmacias de la comunidad, Linda Ayala, se expresó complacida con la determinación del Departamento de Justicia de investigar el reclamo, que al final afecta a los pacientes en su proceso de adquirir medicamentos.

“Cualquier cambio de tarifas o contractual afecta al paciente. Si tú antes me pagabas un medicamento a un precio y después me cambias como me lo pagas, eso siempre afecta al paciente. Esto afecta a todos los medicamentos, porque todos pasan a través del PBM. Las prácticas del PBM, al no ser un ente regulado dentro de la cadena... sus prácticas no son totalmente transparentes. Al no ser totalmente transparentes no tienen la obligación de enseñarle a nadie nada y todo es como la fórmula de la Coca Cola, que nadie sabe cuál es, pero todos tenemos que pagar por ella”, expresó Ayala.

Ayala explicó que la ley que se supone regule los PBM (La Ley 82 de 2019) está detenida por la Junta de Control Fiscal (JCF), en espera de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) entregue una información requerida para su puesta en vigor.