El Gobernador convirtió en ley una medida que presentó como una para allegar recaudos a la pensión de los policías, pero que constituye casi un desmantelamiento del esquema de control sobre las tragamonedas.

El Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1119, que altera el esquema de recaudos y regulación de las máquinas tragamonedas, a pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le había comunicado que no lo hiciera, lo que significa que el gobierno está impedido de implantar el estatuto hasta que resuelva las objeciones del ente fiscal.

Tanto el representante del Partido Popular Democrático, José H. Rivera Madera, como La Fortaleza, promovieron la firma de la medida como una estrategia para allegar dinero al fondo de retiro de la Policía, pero la realidad es que el texto aprobado contiene grandes concesiones a los dueños de tragamonedas, a quienes les reduce lo que tienen que pagar por cada máquina que operan. Además, el texto diluye el control del gobierno sobre las máquinas. Inicialmente, el concepto era de centralización a través del Departamento de Hacienda para que el gobierno tuviera visibilidad completa sobre las transacciones, pero ahora cada dueño puede tener su propio sistema para interconectar sus máquinas y las distribuciones de dinero que hacen al gobierno se basarían en la información que sus propios sistemas levanta.

La carta de la Junta tiene fecha del 14 de diciembre y La Fortaleza anunció la firma de la ley el 15 de diciembre.

Además de los dueños de tragamonedas, los alcaldes son otros beneficiarios ocultos del proyecto porque un dinero que recibían de la operación de las máquinas que estaba destinado específicamente a cubrir costos de servicios de salud en sus municipios, ahora va a un Fondo de Reingeniería Municipal, con capacidad de usarlo más flexiblemente.

Los cambios que la Junta objetó son:

-El costo de licencia (o renovación) por máquina baja de los $1,500 actuales a solo $250. Actualmente, el gobierno se queda con $1,200 de la licencia y la Comisión de Juegos recibe $300 para ayudar a financiar ese cuerpo regulador. Pero, además de bajar el costo de la licencia, la medida deja al gobierno sin ese ingreso porque los $250 se dividen en $175 para la comisión y $75 para el retiro de los policías. De esta manera, no solo el gobierno central se queda sin el ingreso por las licencias, sino que a la comisión le reducen su tajada por licencia, algo a lo que se había opuesto el exdirector ejecutivo del organismo, Orlando Rivera Carrión.

-Otra forma en que se reducen los ingresos del gobierno es que se elimina el impuesto de 2% sobre premios mayores de $500.

-También, se altera la repartición de los ingresos por operación de las máquinas de una manera que vuelve a reducir el ingreso al fisco. Actualmente, los ingresos se dividen en 33% para el gobierno y 67% para los dueños y operadores de las máquinas. Ahora, el gobierno recibiría 22.5%.

-Otro efecto sobre el fisco que la Junta señaló es que actualmente la ley dispone que los primeros $40 millones que entran al gobierno por concepto de su parte de los ingresos de las máquinas están garantizados para el Fondo General y de ahí en adelante se dividen en 50% para el retiro de los policías, 45% para cubrir los gastos de servicios de salud de los municipios y 5% van a la comisión. Pero la medida eliminó esta fórmula y ahora dispone que nada de lo que entra por la tajada del gobierno va a ir al Fondo General, sino que, desde el primero peso, se van a distribuir en 60% para el retiro de los policías, 35% para el Fondo de Reingeniería Municipal y 5% para la comisión.

“El proyecto no atiende cómo la Comisión de Juegos va a enfrentar esta reducción en sus ingresos, que están destinados a gastos de operación y mantenimiento. Tampoco atiende la reducción de $40 millones en ingresos al Fondo General, que están incluidos en las proyecciones de recaudo del Plan Fiscal Certificado, o las consecuencias de desviar dinero de los costos de servicios de salud al Fondo de Reingeniería”, indicó el ente fiscal.

Los representantes Rivera Madera y Orlando Aponte Rosario introdujeron la medida en diciembre del año pasado y en febrero de este año tuvo su única vista pública. En el Senado, fue descargado y aprobado en junio pasado siendo enviado al Gobernador para su firma inicialmente en noviembre pasado. Se le pidió a La Fortaleza que lo devolviera, se le hicieron enmiendas y fue enviado otra vez al Primer Ejecutivo el 16 de noviembre pasado. En el Senado tuvo el voto en contra del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, mientras que en la Cámara tuvo el voto en contra de estas mismas delegaciones y algunos miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista.

El cabildeo sobre la operación de las tragamonedas y la forma en que el gobierno interviene con las mismas ha abarcado años a lo largo de varias administraciones de gobierno. Durante la gobernación de Wanda Vázquez Garced, un grupo de dueños de tragamonedas le organizó una actividad de recaudación en la que donaron $25,000 en efectivo y poco después la Compañía de Turismo emitió dos reglamentos que el sector interesaba que se emitieran.

Vea:

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