En unas vistas congresionales repetitivas de las que ocurrieron en septiembre, surgió consenso para una asignación de $5,000 millones en fondos federales para instalar paneles y baterías residencias.

Las vistas ayer del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal sobre la reconstrucción de la red eléctrica de la isla no trajeron elementos nuevos sobre ese tema, pero sí un adelanto de lo que puede ser la actitud de ese cuerpo legislativo en enero, cuando los republicanos estén al mando tras las elecciones de la semana pasada.

El republicano por Georgia, Jody Hice, cambió la tónica de la discusión cuando, durante la ponencia del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, y a manera de desahogo, planteó que “[y]o estoy totalmente claro de que el propósito de esta vista es para hablar del desastre y el proceso de recuperación del sistema eléctrico". "Pero lo cierto es que cada vez que tenemos una vista aquí sobre Puerto Rico, una de dos cosas sucede y acaba de ocurrir aquí otra vez. Y es que vienen aquí con las manos abiertas pidiendo más dinero o pidiendo la estadidad. Eso es todo lo que atendemos aquí".

El congresista siguió con críticas al proceso que se siguió para evaluar el proyecto cameral 1522 sobre status de Puerto Rico, que ningún republicano del comité apoyó y que todavía no se sabe si se podrá aprobar en el pleno, y arremató diciendo que "no estamos ni siquiera cerca de tener una discusión seria sobre la estadidad".

Hice no vuelve al Congreso porque perdió su reelección la semana pasada, y tanto el gobernador Pierluisi Urrutia como la comisionada residente Jenniffer González Colón se defendieron de sus señalamientos, pero la visión de Hice no parece retirarse con él. Tan reciente como el martes pasado, el republicano por Arkansas, Bruces Westerman, quien será el presidente del comité bajo el control republicano de la Cámara, dijo a la prensa que “ya se ha destinado mucho dinero para la red eléctrica de Puerto Rico”. Esto, en reacción a lo que era uno de los propósitos de la vista de ayer, explorar la propuesta del presidente actual del comité, Raúl Grijalva, de realizar una asignación de $5,000 millones para proporcionar sistemas de placas solares y baterías a decenas de miles de residencias en la isla.

La asignación de Grijalva, la que todos los deponentes ayer favorecieron, sería adicional a las asignaciones que ya se han hecho para la reconstrucción de la red eléctrica. Al igual que el proyecto de status, esta asignación suplementaria tendría que ser aprobada en las semanas que quedan del control del Partido Demócrata sobre la Cámara Baja. Si no, la propuesta se enfrentaría a la postura de Westerman de que ya la isla tiene demasiado dinero asignado a su red eléctrica.

Aparte de estos paréntesis, la vista produjo pocos datos u opiniones que no se conocieran. Tanto así, que la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO en inglés) decidió hacer un comentario sobre la vista simplemente reiterando lo que habían dicho en la vista anterior, en septiembre pasado, sobre los obstáculos que enfrentan los trabajos de reconstrucción en la isla.

Pero las preguntas dirigidas al operador privado de la red de transmisión y distribución, LUMA Energy LLC, pusieron sobre las mesa aspectos no suficientemente discutidos sobre su trabajo en la isla y los términos de su contrato actual. Este contrato no es el de 15 años que todavía no ha comenzado a descurrir, sino el provisional que se hizo atado a que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está sumida en un proceso de quiebras del cual ahora se sabe que no va a salir para el 30 de noviembre, que es cuando expira ese contrato suplementario.

Ante preguntas de distintos miembros del comité, incluyendo de González Colón, Pierluisi Urrutia exhibió una filosofía que se resumen en: el contrato ya estaba cuando llegué, el Tribunal de Quiebras lo validó, si lo cancela va a tener que enfrascarse en otro proceso de alianza público privada para un sustituto, el contrato tiene supervisión y fiscalización de sobra y lo único que pide al operador es que los apagones no duren mucho.

De las preguntas a los representantes de LUMA, la doctora Shay Bahramirad, vicepresidenta de Ingeniería, Manejo de Activos y Proyectos Capitales, y Mario Hurtado, jefe de Asuntos Regulatorios, quedó claro que el operador ya registró ganancias durante su primer año a cargo formalmente de la red de transmisión y distribución. Nadie les preguntó de cuánto fue la ganancia, pero el contrato provisional provee un pago fijo. En su primer año fue de $115 millones, pero ahora en su segundo año tuvieron un aumento a $122 millones. De hecho, la tarifa de LUMA será menor si empieza a descurrir el contrato de 15 años y el Gobernador dijo ayer que era opción de LUMA si al 1 de diciembre extendían el contrato provisional o entraban en el de 15 años, dejándole así la opción de si quieren ganarse $122 millones, o menos.

En un intercambio cortante con González Colón, Hurtado dijo que en este momento LUMA no tiene contratos activos con las dos empresas que son socias en el consorcio que es LUMA: ATCO y Quanta. Pero Bahramirad dijo que hubo un contrato de emergencia con sus socias para atender la emergencia del huracán Fiona. No se dijo el monto, pero sí que abarcó la movilización de 2,800 trabajadores y 2,500 vehículos. La comisionada llevó a la vicepresidenta a consignar que LUMA solo recurrió a subcontratar a sus empresas socias para Fiona y que no recurrió a los acuerdos de ayuda mutua que existen con otras compañías eléctricas. Cuando Hurtado quiso plantear que no había tiempo para activar a otras empresas, González Colón no lo dejo abundar.

En el cierre de la vista, Grijalva opinó que el acuerdo con LUMA debe incluir penalidades económicas por no cumplir con métricas y resaltó que se requieren tres años de incumplimiento continuo de una métrica para que ese incumplimiento pueda tener alguna consecuencia en el contrato.

"Esos son los términos del contrato según negociado con el Gobierno de Puerto Rico", ripostó Hurtado.

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