La incapacidad gerencial, falta de materiales y de mano de obra y la inflación son las amenazas a la reconstrucción de las que no se habla ni el gobierno sabe cómo atenderlas.

Durante cinco años, un huracán de cifras de dinero astronómicas ha azotado a los puertorriqueños cuando se habla de los trabajos de reconstrucción y resiliencia. Que si cientos de millones de dólares para obras públicas en todos los municipios, que si el trabajo de reconstrucción de infraestructura más caro de la historia (rehacer la red eléctrica). Teóricamente, la isla debía estar rehecha completa en unos años.

Pero mientras funcionarios estatales y federales públicamente hablan de una magnitud de fondos federales difícil de asimilar para el ciudadano promedio, en privado existen desde el principio, y han surgido en el camino, problemas que amenazan seriamente los planes de reconstrucción y para los cuales nadie parece haber desarrollado soluciones concretas.

Quedaron expuestos más recientemente en la vista del jueves pasado del Subcomité de Desarrollo Económico, Edificios Públicos y Manejo de Emergencia del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal. Los trajo en sus testimonio Chris Currie, director de Seguridad Nacional y Justicia de la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO en inglés), pero no fueron el foco de discusión.

GAO habló con oficiales de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA), la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), cuatro municipios, cuatro agencias de gobierno, "el operador privado de una agencia del gobierno de Puerto Rico" y dos organizaciones no gubernamentales que han monitoreado el progreso de los esfuerzos de recuperación de los huracanes Irma y María.

Tras estas conversaciones, así como visitas a la isla, y a manera de adelanto de un informe que esperan emitir el año que viene, lo que describió como "retos potenciales" a la recuperación pero que no son "potenciales", sino que ya están afectando el proceso.

El primero, y a pesar de todas las ocasiones en que Puerto Rico ha recibido dinero de FEMA después de desastres, es que no hay capacidad gerencial en el gobierno, especialmente a nivel municipal, para procesar fondos de FEMA y cumplir con los requisitos que implican los proyectos financiados con estos. En un estudio que hizo COR3, 31 municipios, o casi la mitad, "tenían poco conocimiento del proceso de contratación federal o el uso de fondos de Asistencia Pública para los costos administrativo y gerenciales de los proyectos". El hecho de que FEMA decidió ensayar en Puerto Rico nuevos procesos de evaluación de proyectos y desembolso de fondos solo complicó esto.

Otro obstáculo es la dificultad que han experimentado las agencias y municipios para llegar a acuerdos con FEMA sobre qué exactamente va a cubrir el trabajo que financian, o el llamado "scope of work". Esto porque la política pública para los fondos asignados a Puerto Rico no es meramente reconstruir como estaba, sino aprovechar los fondos para mejorar e inyectarle capacidad de resiliencia a la infraestructura, pero el gobierno local y FEMA han tenido desacuerdos sobre qué parte de los trabajos se debe cubrir con fondos federales.

Un problema más reciente es la inflación. El aumento en los costos tiene varias manifestaciones espinosas para la reconstrucción. Primero, obliga a revisar estimados de costos que se pensaba estaban finales con la consecuente posibilidad de tener que ajustar el tamaño del proyecto porque el aumento en costos hace prohibitiva la concepción original. Segundo, hay casos en los que ya FEMA y el gobierno acordaron un desembolso final, pero ahora no se puede cubrir todo lo que se había propuesto originalmente porque los costos cambiaron. Y, tercero, un aumento en costos trae un aumento de la cantidad que el gobierno tiene que proveer de entrada porque las asignaciones de FEMA son a base de reembolso.

Aunque la ponencia de GAO no ofreció ejemplos del efecto de la inflación, estos sí estaban contenidos en la ponencia de Josué Colón Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Una nueva planta de generación de ciclo combinado en San Juan o Palo Seco tuvo un costo estimado de $572.38 millones en 2020, pero ya va por $723.6 millones en cálculo de costos ajustado al 2023. Un proyecto para comprar unidades de emergencia ("peaker units") tuvo estimado original de $280.82 millones en 2020 y va por $490 millones. Además, un proyecto para unidades de recuperación de apagones ("black-start") en Costa Sur y Yabucoa tuvo $90.4 millones asignados inicialmente, pero el estimado tuvo que ser aumentado a $190 millones. Los costos de este último proyecto están afectados por la inflación, pero también por otro elemento que afecta los trabajos en general, el trastorno que sufren las cadenas de suplido de materiales a nivel mundial por la pandemia y la guerra.

Esto lleva al último elemento que presentó GAO como uno que potencialmente puede descarrilar la reconstrucción, la dificultad en conseguir no solo materiales sino también mano de obra. Los municipios, en particular, tienen problemas marcados para conseguir ingenieros y contratistas porque compiten con agencias de gobierno y el sector privado, dijo FEMA a GAO. El gobierno también observó que los atrasos en la cadena de suministros ya implican una dilación de hasta 24 meses en el comienzo de algunos proyectos.

Currie explicó que, como resultado de las dificultades que han surgido en la reconstrucción, su temor es que los trabajos finalmente completados tengan menos elementos de resiliencia de los que se debería tener para aprovechar cabalmente la oportunidad que presenta el tener disponible tanto dinero a la vez.

En su ponencia, el director de COR3, Manuel Laboy, añadió otro problema que no se tocó en la ponencia de GAO: la lentitud con la que las compañías de seguro han pagado las reclamaciones relacionadas al huracán. Esto dificulta el proceso porque bajo el Programa de Asistencia Pública, FEMA diseña su asignación de fondos para complementar lo que el seguro privado no cubra. Si hay tardanza en el seguro contestar, hay tardanza en FEMA tomar su decisión. Además, como FEMA requiere que se extingan todas las alternativas con el seguro privado, los asegurados están atrapados entre aceptar pagos muy por debajo de la reclamación "o seguir peleando con las compañías de seguro que tienen muchos más recursos a su disposición y ninguna de las presiones de tiempo".

Para atender algunos de estos retos, GAO apunta que FEMA y COR3 han realizado adiestramientos virtuales con oficiales municipales, mientras que una funcionaria de FEMA dijo al subcomité que aprobaron $600 millones para que el gobierno pudiera hacer compras de materiales de reconstrucción de la red eléctrica que necesitan ordenarse con tiempo y se implantó un programa para adelantarle dinero ("working capital") a los municipios.

Para ver la ponencia de GAO, pulse aquí.

Vea:

En duda la capacidad del gobierno para aprovechar los fondos federales

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