La operación del sistema de registro de vehículo y monitoreo sobre el que corre el Autoexpreso fue adjudicado mediante proceso deficiente, según el operador actual, quien perdió la subasta.

La Junta de Subastas (JS) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) adjudicó la operación del sistema de lectores y cámaras que apoyan el Autoexpreso a una empresa que licitó un precio excesivamente bajo, no tiene experiencia con el volumen de transacciones que hay en la isla y está afectada por conflictos de interés, según la impugnación que sometió uno de los dos licitadores perdidosos.

Los argumentos de Kapsch TrafficCom USA, Inc. están contenidos en una carta de solicitud de reconsideración del 27 de junio a la que NotiCel tuvo acceso y que es el primer paso para poder llevar la impugnación al Tribunal de Apelaciones.

NotiCel se comunicó con Kapsch y Emovis Operation North America, licitadores perdidosos, así como SICE Inc., a quien se le adjudicó la subasta, pero no estuvieron disponibles para discutir la transacción. El representante para Emovis es el licenciado Alejandro Figueroa Colón, quien participó en campañas políticas del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para 2016 y 2020, y a quien el convicto recaudador del gobernador, Joseph "Joey" Fuentes Fernández, divulgó ilegalmente que había una investigación federal activa en torno al Súper PAC Salvemos a Puerto Rico, Inc.

La subasta no tiene que ver con el programa de computadoras que recientemente fue secuestrado por "hackers" y en el que los conductores depositan dinero, que entonces es debitado cuando el conductor pasa por un peaje. El sistema objeto de la subasta es la parte física, como cámaras y lectores, que recogen la información de los vehículos e interactúan con el programa de computadora.

El proceso impugnado comenzó en octubre de 2021 y fue adjudicado en junio pasado a SICE con una licitación de $53.9 millones. Kapsch, que es el operador del sistema desde 2015 hasta ahora, licitó $78.3 millones y Emovis $89.4 millones.

Kapsch entiende que la adjudicación fue ilegal porque la notificación no contiene un resumen de las propuestas, no explica los criterios aplicados y cómo resultó cada proponente en la evaluación de las propuestas, no dice por qué se le adjudicó a SICE, y, esencialmente, que el precio bajo de SICE es un subterfugio para luego entrar en cambios de orden que van a elevar el costo real a niveles iguales o mayores que lo que propusieron los demás licitantes.

La base de los argumentos de Kapsch es el concepto conocido como "licitador responsable más bajo", o lo mismo que en un proceso como este, el criterio único no es el precio sino también la capacidad demostrada que tenga el licitador para cumplir.

"La Junta efectivamente ignoró las consecuencias potenciales para el proyecto, para el gobierno y para los usuarios de las carreteras, incluyendo los riesgos de seguridad pública, asociados con seleccionar para la adjudicación a un integrador de sistemas de peaje que está mal equipado para cumplir con los requisitos del contrato. Esto se traduce a un fracaso de la Junta de cumplir con su deber fiduciario y fue un abuso de discreción", plantea el licenciado Christian Nieves Rodríguez en nombre de Kapsch.

Para el conflicto de intereses, plantean que la ACT usó de consultor para la concesión de la subasta a Christian Llacer a través de la empresa Eclipse Management LLC, la cual da servicios a ambas, la Autoridad de Carreteras y Transportación y el privatizador de la PR-22 y la PR-5, Metropistas. Además, el exjefe de operaciones de Metropistas en Puerto Rico, Xavier Serra, tiene participación en la filial de Eclipse en España, Eclipse Partners. Las tres, Metropistas, SICE y el otro licitador, Emovis, operan bajo la sombrilla de ACS Group, añade, lo cual levanta, según Kapsch, la duda de conflicto de interés que, de acuerdo a la carta, debió ser investigado por la Junta como parte del proceso de adjudicación.

La Autoridad para las Alianzas Público Privadas tiene por separado un proceso de alternativas de privatización para los peajes en las carreteras que todavía no están privatizadas (PR-53, PR-20, PR-66 y PR-52) que busca un acuerdo de 50 años que debe producir para por lo menos pagar la deuda de $1,245 millones que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación y $370.7 millones en mejoras.