El secretario de Educación dijo que desconoce "qué hay detrás" de un proyecto aprobado para "obligar" a la agencia a comprar 28,000 equipos por $36 millones.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, afirmó ayer que la Asamblea Legislativa está “interviniendo” en los procesos “meramente administrativos” de la agencia al aprobar un proyecto que obliga a esa dependencia pública a comprar 28,000 purificadores de aire, por $36 millones de dólares.

Además, Ramos Parés se cuestionó si, en este momento, ese material salubrista es “necesario”, considerando que ya no hay una emergencia por el covid-19.

En un hecho que parece no tener precedentes, la Legislatura aprobó ordenar a Educación comprar miles de purificadores y se involucró en los procesos de compra de una agencia para ordenarle específicamente qué artículos adquirir, bajo qué mecanismo de adjudicación y decretando las cualificaciones técnicas de los equipos.

El funcionario, en una conferencia de prensa en La Fortaleza para anunciar pagos por la carrera magisterial, manifestó que desconoce “el porqué la legislatura está interviniendo en un proceso meramente administrativos del Departamento''.

''No conozco qué pueda haber detrás de este proyecto. Yo creo que es válido preguntarlo, pero no me atrevo a contestar, porque nadie de la Legislatura todavía se ha acercado a este servidor para discutir los pormenores del proceso y el porqué usar un mecanismo de ley para obligar al Departamento a comprar algo”, sostuvo Ramos Parés.

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Consultado por NotiCel sobre si son necesarios ahora los purificadores, el secretario respondió: “Quiero ser responsable con eso. Yo te puedo decir que la emergencia que teníamos en un momento en que se solicitó esa compra no es el panorama de hoy. Y mucho menos en nuestras escuelas, pero me parece que lo responsable es que igualmente lo pondere con Salud y la Junta de Calidad Ambiental (JCA)... La funcionalidad y si el gasto millonario es justificable”.

En cuanto a la aprobación de la resolución conjunta de la Cámara 323, que ordena la compra de los purificadores, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no adelantó si lo firmará.

“No la tengo en mi despacho ahora mismo. En su momento llegará y, como siempre hago, reviso las recomendaciones de los jefes de agencia que tienen que ver con el asunto y de mi equipo de trabajo en La Fortaleza, y ahí tomo mi decisión. No tengo visibilidad sobre ella (la medida)”, sentenció.

La pieza legislativa resalta porque los artículos que ordena comprar ya fueron objeto de una determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que detuvo una orden de compra mediante la que Educación adquiriría los 28,000 purificadores por $36.3 millones a la empresa Camera Mundi.

Del proceso, el secretario recordó que “antes de yo asumir las riendas del Departamento había una petición del Departamento para comprar miles de purificadores para prácticamente todas las escuelas. A mí en lo personal, me parecía una buena gestión, simplemente se le dio continuidad”.

“De esos procesos competitivos, hubo un intento fallido y una segunda vuelta que se realiza de subasta. Hubo una gran cantidad de licitadores, hubo un comité que estuvo reunido durante mucho tiempo evaluando todas las propuestas y hubo una recomendación. También hubo sus procesos de cuestionarnos, de impugnación y ese proceso llegó hasta la JSF. En ese proceso, que estuvo bajo escrutinio y evaluación, no se encontró absolutamente nada que descalificara el proceso”, aseguró.

También consignó que “la Junta, en su proceso de autorizar la contratación de esta compañía para la venta de estos artículos en particular, determinó que al haber utilizado un proceso de emergencia, algo que me parece un juicio incorrecto de parte de la Junta, no estábamos permitiendo el flujo del libre mercado. Básicamente, eso fue lo que dijo. A mí me parece incorrecto. Era una emergencia en ese momento, ya no lo es. Hemos aprendido a vivir con esto , ya tenemos vacuna, ya tenemos un protocolo, pero en aquel momento nada de esto estaba, así es que mi parecer es que sí era una cuestión de emergencia, no limitó el mercado y había más de 16 proponentes”.

El año pasado, la compra fue objeto de controversia pública y se convirtió en un elemento que puso en duda la apertura de las escuelas para el nuevo semestre escolar.

La orden de compra fue también objeto de una impugnación en el Tribunal de Apelaciones por dos de las empresas perdidosas, pero ese foro dispuso del caso en agosto de 2021 por convertirse en académico, después de que la Junta emitiera su juicio de que el proceso que se siguió fue "deficiente", no "promovió la competencia en el mercado" y que Camera Mundi no cumplía con todos los requisitos que estableció Educación.

Este año, cuando el gobierno ha disminuido notablemente sus medidas de control de la pandemia y cuando ya hay vacunas aprobadas para menores de edad, la resolución ordena a Educación "implementar dentro de 90 días un sistema de desinfección de aire y superficies en todas las escuelas públicas", utilizando fondos federales mediante "un proceso de solicitud de propuestas (RFP)".