Una de las organizaciones que agrupa a los operadores rechaza la imputación de director de Comisión de Juegos de que las máquinas se usan para lavar dinero.

Los representantes de un sector de operadores de máquinas de entretenimiento para adultos, o tragamonedas, rechazaron la imputación del saliente Director de la Comisión de Juegos de que las mismas se usan para lavar dinero y alertaron que ese ente regulatorio está dando licencias con la intención de beneficiar a compañías operadoras de fuera de la isla y estrangular económicamente a los operadores locales.

La Unión de Operadores de Máquinas en Ruta (UNOMAR) reaccionó así a una entrevista con este diario digital en la que Orlando Rivera Carrión adelantó que dejaba el cargo porque los operadores de máquinas lo habían destruido mediante ataques por distintos frentes y que el esfuerzo de legalización que encabezó se dirigía a eliminar el lavado de dinero que se lleva a cabo con las máquinas.

Las expresiones del funcionario, quien deja el cargo el 15 de mayo, están respaldadas por una determinación del Departamento de Hacienda que los propios operadores reconocen que existe y que no les permite obtener créditos y hacer otros trámites bancarios con el dinero que ingresan a través de las máquinas, porque la entidad fiscal entiende pueden ser producto de actividad ilegal. Se trata de una determinación similar a la que enfrentan los dispensarios de cannabis medicinal, que conducen su negocio en efectivo porque no tienen acceso al sistema bancario formal todavía.

"Rechazamos y desmentimos completamente las expresiones irresponsables que este señor hizo sobre el lavado de dinero", apuntó Oscar Morales Feliciano, operador desde hace 27 años. "Yo quisiera que recapacitara porque no puede generalizar que los operadores de máquina somos de esa manera. Nosotros en UNOMAR lo que hemos hecho es reaccionar a las injusticias, quien lo destruyo a él fue él mismo", añadió.

Los operadores agrupados bajo UNOMAR mantienen una demanda sometida en agosto pasado que imputa irregularidades en el proceso que siguió Rivera Carrión para emitir las nuevas licencias que permite la ley y que tienen número limitado por lo que, de entrada, no hay suficientes para cubrir todas las máquinas actuales. Las irregularidades incluyen venta de influencias y darle licencia a entidades y operadores nuevos cuando la directriz de la ley es que los operadores que ya existían tenían prioridad.

Las movidas de Rivera Carrión también están bajo fuego porque se realizaron aún cuando la Junta de Supervisión Fiscal le tiene prohibido aplicar dos reglamentos que tienen que ver con la fiscalización de las máquinas porque ese ente fiscal no los ha aprobado.

Gilberto Narvaez, presidente de UNOMAR, reconoció que su grupo promovió la investigación de la Cámara de Representantes contra Rivera Carrión por los viajes que ha realizado sufragado por las mismas empresas que supervisa, la cual aparentemente llegó a las autoridades federales, y que también están buscando hacer cambios en la ley. Se querellaron, además, con la Oficina del Inspector General.

Los operadores admiten que, hoy día, no hay una forma de conocer exactamente cuánto dinero entra por cada una de las decenas de miles de máquinas instaladas en comercios de todo tipo alrededor de la isla. "La conexión (de las máquinas con el gobierno) no es buena para nadie", aseguró Morales Feliciano al explicar que lo que buscan es volver al sistema de regulación mediante el que Hacienda les cobraba licencias y sellos por cada máquina, sin basarse en lo que ingresa cada máquina porque defienden que esa parte la tienen mediante los impuestos que pagan los operadores y negocios donde están las máquinas. "Desde que lo sacaron de Hacienda y lo pasaron a la Comisión de Juegos, esto es un desmadre", subrayó.

Morales Feliciano aduce que el sistema de conexión que busca implantar el gobierno solo se logra con un tipo de máquina específica, que no es del tipo que ellos tienen ahora, y que tan solo el costo de cada máquina nueva conlleva que solo empresas con suficiente capital van a poder operar bajo ese sistema. Acusó a Rivera Carrión de trabajar para favorecer a esas empresas.

Narvaez aseguró que cada máquina nueva cuesta entre $5,000 y $10,000 y que "aparte de la conexión, te exigen un 35% de lo que produce la máquina, cuando vienes a ver, ¿para quién trabajamos?".

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