El director de la Comisión de Juegos asegura que comenzó a ponerle orden a un movimiento criminal de lavado de dinero a través de las máquinas de entretenimiento para adultos y que sus dueños lo resienten.

El director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando A. Rivera Carrión, negó los rumores de que La Fortaleza le ha solicitado la renuncia, pero admitió que ya hizo la designación de un subalterno en la agencia que pueda ocupar su cargo porque en las próximas semanas lo estaría dejando.

El funcionario, quien tiene una cita en La Fortaleza esta semana, ha estado bajo fuego por distintos frentes.

En los tribunales tiene demandas pendientes por los reglamentos que viabilizan el sistema de máquinas de juegos de azar en ruta con el que el gobierno pretende controlar el número de máquinas tragamonedas en operación, tener visibilidad sobre el dinero que entra en cada una y cobrar cargos, y también pleitos que reclaman que la concesión de licencias bajo su mandato fue mediante sobornos y a operados de máquinas conectados políticamente. En la Legislatura enfrenta la fiscalización de los legisladores populares Ángel Matos García y José Rivera Madera por viajes oficiales que ha realizado sufragados por empresas de la industria de máquinas de azar y en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) enfrenta la prohibición de ese ente a que ponga en vigor los reglamentos de tragamonedas porque no están autorizados por ellos todavía.

En entrevista con NotiCel por motivo de una nueva demanda radicada el viernes pasado, Rivera Carrión dijo que tomó la decisión de dejar el cargo en las próximas semanas y que ese mismo viernes se había reunido con su equipo de trabajo y había nombrado como subdirector al licenciado Jaime Rivera Emanuelli, de manera que la comisión tenga continuidad en el momento en que salga de la posición. El nuevo subadministrador había ocupado el cargo ya bajo el exdirector José Maymó Azize y fue también administrador interino del deporte hípico.

Rivera Carrión atribuyó la dificultad de su permanencia en la posición a las movidas que han hecho los dueños de tragamonedas que se oponen a la legalización.

"Me destruyeron, tengo que admitir que voy a salir, esto ha sido muy fuerte, muy fuerte", dijo a este diario digital el funcionario, quien tiene una posición de carrera en la comisión como supervisor de inspectores de juegos de azar. Aunque indicó que no se le ha pedido la renuncia, reconoció que su supervisor, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, "me ha dejado saber que ya es tiempo de moverme".

Las mismas controversias, adujo, provocaron que el viernes 22 de abril se le retirara la escolta policiaca que tenía. Rivera Carrión entiende que la protección es necesaria y rechazó imputaciones de que abusó de la misma utilizándola para salidas de ocio fuera de horas laborables.

"Yo tenía escolta porque me la merecía, porque fui amenazado tres veces y nunca había tenido que andar con arma", planteó al precisar que ha recibido amenazas directas contra su esposa y su hija. "Estos tipos no son monjas, no son babies", puntualizó sobre los dueños de las llamadas "máquinas de entretenimiento para adultos". Rivera Carrión no utilizó el nombre de algún operador de máquinas al hablar de las situaciones que enfrenta.

Sobre los operadores, como grupo, dijo que usan las máquinas para lavar dinero y que no quieren entrar en un sistema donde el Departamento de Hacienda y el gobierno tengan visibilidad sobre las jugadas, los premios y los recaudos en las máquinas.

"Llevan años lavando dinero sin pagarle al estado ni a Hacienda, a nadie, un peso. Todos estos tipos viven bien, no hay un pobre ahí", comentó al asegurar que la industria está compuesta de distintos grupos que actualmente están peleados entre sí y que su intención es dilatar la implantación del sistema de conexión porque quieren usar su poder político para lograr cambios en la ley.

Pidió al público que se pregunte por qué hay operadores de máquinas que están dispuestos a ofrecerle $75 millones en pagos al gobierno a cambio de no conectarse y aportó que el gobierno, y la JSF, tienen los cálculos que se han hecho y que apuntan a que la cantidad de máquinas que operan hoy por la libre sin control del gobierno generan casi $1,000 millones en ingresos al año.

"Una industria que estaba ilegal por completo, yo la legalicé", reclamó al presentar también como logros la implantación por primera vez de las apuestas electrónicas para deportes ("sport betting") y que tanto el hipódromo como los casinos, sus otras industrias supervisadas, están en orden.

Sobre los viajes oficiales que han sido sufragados por empresas de la industria, Rivera Carrión apuntó a que eso lo autoriza la ley y rechazó haber aceptado algo de valor a cambio de una actuación particular. En cuanto al chat en que participaba junto a miembros de la industria a los que supervisaba, acusó a la Cámara de Representantes de utilizar solo una página del mismo para levantarle imputaciones cuando él tiene el tracto completo que, asegura, contradice las acusaciones. "Sacan conclusiones de una página para manchar a un ser humano", se quejó. Afirmó también que sometió una carta al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) haciéndose disponible para cualquier investigación que quieran realizar sobre la comisión o sobre él.

Ante la acusación de una de las demandas, de que utilizado un número de las licencias reservadas a operadores antigüos para darlas a operadores que comparecen con entidades corporativas de nueva creación, admitió que hay operadores que bajo la Administración Fortuño tuvieron multas millonarias en Hacienda, que ese departamento nunca cobró, pero que mientras existan no pueden tener licencias, y que algunos de esos operadores crearon corporaciones nuevas bajo las que se les aprobaron licencias.

"Las personas que crearon corporaciones nuevas son personas que ya estaban en la industria", dijo sobre esto. Otra imputación es que se otorgó una de estas licencias al exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Eric Correa, quien no era operador. Rivera Carrión, quien en 2008 fue candidato del PNP a la alcaldía de Caguas, reconoció que conoce al exsenador de las lides políticas pero que su caso es que compró la corporación a un operador que sí tenía historial en la industria.

En cuanto a la aplicación de los reglamentos 9174 (Para la fiscalización operacional e interconexión de máquinas de juegos de azar en ruta) y 9175 ( Para la expedición, manejo y fiscalización de licencias de máquinas de juegos de azar en ruta), Rivera Carrión se expresó desafiante.

"Para ordenarme que lo suspenda, (la Junta) lo tiene que llevar al tribunal... quien único me puede decir a mí que el reglamento no es vigente es la corte, la Junta de Control Fiscal tendría que ir donde (la jueza de quiebras Laura Taylor) Swain y decirme a mí que el reglamento es nulo. Entonces entregaríamos los $6.5 millones (cobrados en licencias) para atráss y empezaríamos las licencias de nuevo a ver si a los operadores les gusta eso", planteó.

"Estoy súper tranquilo", anotó.