Hoy tiene vista en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) sobre su suspensión sumaria del cargo.

El suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, comienza hoy a responder formalmente por la estela de controversias y actuaciones cuestionadas que lleva años acumulando en la Sultana del Oeste durante una carrera política que lo llevó a la cúspide, pero ahora va en picada.

El político, todavía afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), pero desconectado de sus organizaciones y estructuras y también destituido de la presidencia del partido en su municipio, tiene hoy la vista informal que le reconoce el reglamento de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) para que exponga sus razones por la cual la suspensión sumaria no procede.

Esta vista se realiza en la sede de la Oficina del Panel para el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y Rodríguez Rodríguez puede comparecer aún cuando, como ya adelantó, se proponga recurrir al Tribunal de Apelaciones para revisión. Para esto tiene 10 días laborables a partir de la notificación de la suspensión, que ocurrió el jueves pasado. Una consecuencia de la vista puede ser que la OPFEI añada a la suspensión el quitarle cualquier beneficio económico que esté recibiendo por virtud del cargo. El alcalde no recibe salario y sí una pensión.

La UPAD es una división dentro de la OPFEI y es ese organismo compuesto de exjueces el que decide emitir la suspensión o destitución, a raíz del informe de un abogado investigador. Esto es un proceso completamente separado del trámite que también supervisa el Panel y que puede desembocar en la radicación de cargos criminales contra Rodríguez Rodríguez y la gerente de finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valentín Andrades.

De hecho, el tracto administrativo es tan independiente al trámite criminal que si la OPFEI lo ha separado o destituido a través de la UPAD, todavía podría quedarse fuera de la silla aún si decide no formularle cargos criminales o si es absuelto en los tribunales. Hay tres escenarios que la ley contempla para activar la UPAD: 1) cuando se ha encontrado causa para arresto por ciertos delitos, 2) cuando son convictos por ciertos delitos o, 3) como en este caso, cuando el Panel reciba información bajo juramento sobre "conducta inmoral, actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, o negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones".

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El Tribunal Supremo no se ha expresado todavía sobre esta capacidad de suspensión y destitución de alcaldes que la ley le provee a la OPFEI. Pero en 2019 dejaron vigente una decisión del Tribunal de Apelaciones que avalaba la facultad de investigar a los alcaldes, con la finalidad de suspenderlos o destituirlos, mediante la UPAD, en vez de solo con la finalidad de formularle cargos criminales.

Con la suspensión sumaria, el Panel optó en este caso por la vía que más rápido le permite actuar porque, al no ser una separación definitiva del cargo, no tiene que celebrarle un proceso formal para garantizarle debido proceso de ley. Una consecuencia de esta opción es también que el PPD no se ve obligado a hacer una elección especial porque la suspensión no implica vacante del cargo, pero una destitución sí, y la vacante requeriría una elección para escoger a un nuevo alcalde en propiedad, en vez de solo un sustituto en línea sucesoral.

La ley declara el proceso ante la UPAD como confidencial, y no se conoce cuáles "cargos" le formularon a Rodríguez Rodríguez para suspenderlo, pero la palabra "cargos" no se refiere a los delitos del Código Penal, sino a hechos demostrativos de: conducta inmoral, actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, o negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones. Para la suspensión o destitución no se necesita probar los hechos más allá de toda duda razonable, sino solo mediante "prueba clara, robusta y convincente". Otros elementos que el Panel puede tomar en cuenta es si los hechos "demuestran una administración corrupta, fraudulenta e irresponsable o el abuso de autoridad", así como "la urgencia de tomar medidas que protejan los bienes municipales, o la vida y salud de los ciudadanos".

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El informe preliminar del Departamento de Justicia que sirvió para someter a Rodríguez Rodríguez a investigación preliminar por parte de la OPFEI fue el mismo que se refirió a la UPAD para levantar su expediente sobre la separación del cargo. Para esa investigación, agentes allanaron la residencia y oficina del alcalde suspendido.

En el caso de Mayagüez, hay múltiples cuestionamientos sobre la gestión de Rodríguez, que no se limitan al detonante que significó la acusación federal hace un año contra un exconsultor financiero y otros allegados del alcalde suspendido por fraude en el manejo de una inversión de $9 millones en fondos legislativos asignados al municipio para financiar un hospital de trauma.

En ese caso federal, se espera que todos los acusados terminen declarándose culpables y una fuente indicó que la evidencia que se presentaría en juicio contra los acusados vincula directamente a Rodríguez Rodríguez con las actuaciones ilegales, pero no hay indicios de que el caso se vaya a expandir para abarcar al alcalde suspendido. De hecho, el Negociado Federal de Investigaciones identificó al alcalde y al municipio como las víctimas.

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Esa inversión fraudulenta se realizó a través de la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), la misma en la que Rodríguez Rodríguez llevó a cabo transacciones en las que, como alcalde, transfirió propiedades públicas a la corporación y, como presidente de la junta de la corporación, las comprometió en transacciones financieras. Como resultado de esto hay pleitos en los que se reclama la liquidación del Hospital San Antonio y el Palacio de Recreación y Deportes para satisfacer deudas. Ninguno ha terminado y la posición del municipio ha sido tratar de convencer a los tribunales que ahora piensan que no había facultad en ley para hacer esas transacciones que Rodríguez Rodríguez, en efecto, autorizó en ambos lados con sus distintos roles. En una de las demandas se determinó recientemente que el alcalde suspendido no puede ser demandado a nivel personal, solo a nivel oficial.

Las controversias con MEDI son por lo menos la segunda ocasión en que una corporación municipal de Mayagüez genera cuestionamientos serios. Rodríguez Rodríguez también evadió consecuencias por el escándalo de Impulso del Desarrollo Económico del Oeste (IDEO), Inc., una entidad sin fines de lucro que el alcalde registró con otros ciudadanos bajo las facultades de la Ley de Municipios Autónomos con el propósito de negociar vuelos fletados desde Europa que llegaran al aeropuerto de Aguadilla y ayudaran al crecimiento comercial de la región oeste. Pero una auditoría de la Contraloría encontró que la estrategia, financiada con fondos públicos y a cargo del ahora comentarista Enrique "Quique" Cruz fue un fracaso. Tras la auditoría, la Compañía de Turismo demandó a IDEO para recobrar el dinero invertido y la entidad nunca contestó, por lo que un tribunal emitió sentencia en rebeldía imponiéndole el pago de $4,130,187. Eso fue en 2018 y al día de hoy el récord no refleja que Turismo haya hecho nada para conseguir recobrar el dinero.

Rodríguez Rodríguez tiene también un proceso abierto en la Oficina de Ética Gubernamental, que propuso una multa de $140,000 por nepotismo ya que nombró ilegalmente a su hermano, Osvaldo Rodríguez Rodríguez, en tres ocasiones. El hermano del alcalde ha tenido varias posiciones en el ayuntamiento y actualmente está a cargo de desarrollo urbano, pero la función que siempre ha tenido, según fuentes, es el control de los contratos.

De hecho, un contratista demandó al municipio y dijo a NotiCel que Osvaldo Rodríguez Rodríguez cobraba comisiones ilegales por adjudicar contratos de obras. Habló de pagarle reparaciones en una propiedad como parte de la concesión de contratos y de regalarle un vehículo nuevo al familiar de otro funcionario. Después de la publicación, el municipio transigió la demanda, por lo que la evidencia no llegó a juicio. Hernández Montañez rehusó tomar acción contra el otro empleado señalado por el contratista, Pedro Ballester Troche, quien ahora trabaja con la representante, allegada de Rodríguez Rodríguez, Jocelyn Rodríguez.

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El alcalde suspendido también ha podido evadir la fiscalización en el foro legislativo. Después de los arrestos federales, el presidente cameral Rafael Hernánde Montañez, hizo expresiones sobre la necesidad de fiscalizar las corporaciones municipales e impulsó una resolución investigativa para pedir información a varios municipios, incluyendo Mayagüez, pero la misma está detenida porque la representación legal de Mayagüez dijo que el alcalde no podía comparecer. Contrario a otros casos, Hernández Montañez no ha procurado obligar la comparecencia de Rodríguez Rodríguez mediante orden judicial so pena de desacato.

El trasfondo a estos señalamientos es un desgaste de la fuerza política de Rodríguez Rodríguez y la posibilidad de que, por primera vez en la historia, Mayagüez tenga a un alcalde que no es del PPD. En 2000, Rodríguez Rodríguez ganó con el 57.3% del voto, en 2012 con el 63%, y en 2020 con el 46%.

En los últimos tres años, perdió por jubilación a Elvira Serrano Bouchet, su confidente más antigüa y cercana, así como al vicealcalde Heriberto Acevedo, por renuncia, quien mantenía el día a día administrativo del ayuntamiento. Rodríguez Rodríguez, además, está desafiliado de la Asociación de Alcaldes, entidad que agrupa a los alcaldes del PPD.

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