Justicia espera por el DRNA para procesar responsables de construcción en Bahía de Salinas
Domingo Emanuelli aseguró que todavía no se ha completado el proceso legal ni ha llegado ningún referido sobre la presunta construcción ilegal en la Bahía Jobos.
El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández señaló hoy, lunes, que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no ha completado el proceso legal, luego que se aprobara la contratación de un bufete de abogados, para el procesamiento tras el desarrollo clandestino de la reserva federal de la Bahía de Jobos en Salinas.
La controversia surgió la semana pasada, cuando la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, denunciara lo que describió como un crimen ambiental en la reserva natural Bahía Jobos por la deforestación y construcción de estructuras de vivienda sobre mangle.
Nogales Molinelli pidió al secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, a que detenga los proyectos en la zona, que es considerada una reserva estuaria y de Investigación.
“El Departamento de Recursos Naturales desde hace ya varios meses, en abril de 2021, se reunió con el Departamento de Justicia y allí fueron varios funcionarios y a petición de ellos, del Departamento de Recursos Naturales, se dio una dispensa para ellos contratar (a) un bufete de abogados para llevar a cabo esa función. Como parte de esa dispensa, nosotros le exigimos que tan pronto se radique la demanda, sea de desahucio o de reivindicación, tienen que notificarnos y mantenernos informados en todo momento”, dijo Emanuelli Hernández al ser cuestionado en conferencia de prensa.
“Ahora, eso es una vertiente. Está la vertiente criminal, que es el aspecto de que hay amenazas. Ahí ha habido delitos de cualquier índole. ¿Qué pasa? En cuanto a las amenazas, una vez lleguen a Justicia, yo le di instrucciones desde el viernes al fiscal del Distrito de Guayama que, tan pronto llegue, ya sea de amenaza o de cualquier otra modalidad, venga e inmediatamente, nos llame y se trabaje con ese caso directamente de una manera rápida”, añadió Emanuelli Hernández.
El titular de Justicia dijo, además, que el caso presenta también la posibilidad de crímenes ambientales que también podrían ser procesables.
“Para eso, el 'expertise' está en Recursos Naturales y una vez toda esa prueba llega al Departamento (de Justicia) hay instrucciones de este servidor para que se procesen rápidamente”, agregó.
Cuestionado sobre las denuncias públicas y que ha reseñado la prensa sobre amenazas a residentes de la zona, Emanuelli Hernández sostuvo que “Lo que pasa es que, imagínense que haya una amenaza, pero tiene que llegar una amenaza a la Fiscalía. Yo no puedo (proceder) en base a lo que diga la prensa o lo que dice una persona en particular. Para probar esa amenaza tiene que haber una persona que recibe la amenaza, qué tipo de amenaza fue y eso se procesa”.
Emanuelli Hernández aseguró que el secretario del DRNA no le ha enviado aún evidencias sobre este caso.
“No, no ha llegado. Esa denuncia no ha llegado al departamento (de Justicia). La amenaza es importante, pero hay una cuestión que es sumamente importante, que es el daño al ambiente. Y eso tan pronto llegue a nuestras manos se separa, por lo menos en la parte criminal, se va a estudiar para si hay que procesar, procesarlo. Ahora, en el aspecto civil, ya hace tiempo desde octubre se les dio la dispensa para que ellos pudieran contratar al bufete para que manejen”, aseveró.
Por su parte, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa aseguró que hasta el momento no han sido notificados para prestar servicio de vigilancia, ni solicitado por el gobernador, ni solicitado por agencias del gobierno, en este caso, para asistir en la remoción de servicios de agua y energía eléctrica.
“Hasta el momento no hemos recibido querella de amenaza en el último año en ese sector. Tan pronto se tramite el asunto legal, la Policía hará su parte en ese proceso”, dijo López Figueroa.
La pasada semana la representante Mariana Nogales Molinelli denunció en conferencia de prensa el desarrollo clandestino de la zona protegida como reserva federal de la Bahía de Jobos en Salinas. En el lugar se ha proliferado la construcción de estructuras en cemento, la destrucción de mangles, y la instalación de servicios de agua y energía eléctrica. Algunas de estas estructuras tienen piscinas y puertos.