A poco más de un año de que se anunciara el inicio de la centralización de las compras en el gobierno central, la Legislatura y el propio Ejecutivo siguen buscando crear excepciones al proceso.

La reforma del proceso de compras en el gobierno central es una de las que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuenta entre los cambios necesarios para que el gobierno rectifique el curso que provocó la quiebra, pero después de una racha de nombramientos controversiales y de una pugna con la misma Junta para tener un Reglamento de Compras aprobado, todavía la centralización enfrenta obstáculos en la Rama Ejecutiva, así como intentos de la Legislatura por llenarla de excepciones.

En juego están sobre $4,400 millones en compras de bienes, $1,000 millones en contratos de servicios profesionales y un aluvión de fondos federales de reconstrucción que se supone pasen por el proceso que encabeza la Administración de Servicios Generales (ASG) como su sombrilla y que implica que los compradores de las agencias pasan a la ASG para manejar desde allí, bajo una sola Junta de Subastas y una Junta Revisora de Subastas, todas esas adjudicaciones de compras y adquisición de servicios.

La administradora de la ASG, Karla Mercado Rivera, decretó el inicio de la centralización en enero del año pasado. El plazo establecido en ley es que para mayo del 2021 debieron haber ocurrido los traslados de personal y el aglutinar a todos los compradores bajo la ASG. Pero acciones del Ejecutivo y los legisladores, principalmente del mismo Partido Nuevo Progresista (PNP) dejan un registro claro de resistencia al cambio.

Al día de hoy, la agencia que más fondos maneja en compras, el Departamento de Educación (DE), se mantiene exenta de cumplir con la Ley 73 de 2019 que estableció la centralización de compras. El 31 de diciembre pasado, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia firmó la orden ejecutiva que mantiene a Educación fuera de la centralización hasta el 30 de junio de 2022. El secretario de la agencia, Eliezer Ramos Parés, dijo a NotiCel que "yo estaría a gusto de que todos los procesos de compra pasen a otro ente. Es una liberación de una responsabilidad grande, (pero) la ASG al día de hoy no tiene los recursos necesarios para responderle al departamento de forma ágil". Aseguró que la dispensa por orden ejecutiva fue "consultada" con la ASG.

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Al fondo de las determinaciones sobre qué agencias están incluidas o exentas de la centralización está también una lucha de sectores en el PNP, ya que los nombramientos de la plana mayor de la ASG, la Junta de Subastas y la Junta Revisora, ocurrieron a fines del cuatrienio pasado bajo la tutela del entonces presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, quien colocó como subadministrador de la ASG a quien fuera su Sargento de Armas, Joel Fontánez González.

Por otro lado, el expresidente cameral, Carlos "Johnny" Méndez Núñez mantiene una campaña para sacar del control de la ASG a agencias donde el personal es leal a él, como la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC).

Este cuatrienio han surgido siete proyectos legislativos para sacar a agencias del control de la ASG, aunque están en etapa preliminar y ninguno ha pasado a la firma del Gobernador.

Por ejemplo, Méndez Núñez radicó el P de la C 1023 para crear la categoría de “Entidades Parcialmente Exentas”, que pudieran realizar sus compras fuera de la ASG hasta la cantidad de $250,000 porque "existen entidades gubernamentales que se les hace difícil cumplir con su encomienda a corto plazo ya que su política pública va dirigida a ayudar a comunidades y sectores desventajados haciendo impredecible anticipar lo que se necesita comprar para ayudar a la comunidad".

Las "entidades parcialmente exentas" que proponía el expresidente cameral son ODSEC, que dirige su exasesora Thais Reyes Serrano; el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, que dirige el exalcalde de Cidra y asesor de La Fortaleza, Javier Carrasquillo; la Oficina para el Manejo de Edificios Públicos (OMEP); la Autoridad de Tierras (AT), donde los legisladores tienen un barrilito secreto y cuya directora, Dorally Rivera Martínez, fue destituida la semana pasada; el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), y la Oficina de Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), agencia que dirige el exsenador, Carlos Rodríguez Mateo.

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Méndez Núñez retiró la medida unos días antes de que llegara a una ponencia de ASG, con fecha del 5 de noviembre de 2021, denunciando múltiples irregularidades en todas las agencias que serían "parcialmente exentas".

En la ponencia, que firmó Fontánez González, la ASG dice que se opone al proyecto de Méndez Núñez porque las agencias que se quieren eximir parcialemente "no realizan sus compras según les requiere la ley... sólo persiguen realizar sus compras obviando los procesos abiertos, transparentes y competitivos (y)no cuentan con la experiencia necesaria para realizar su compras y subastas". Además, porque el proyecto "representa un riesgo inherente para la pérdida de fondos federales... además, de una clara contradicción con el propósito y la política pública adoptada (en la Ley 73)".

Para argumentar que eximir a esas agencias del control de la ASG "sería premiar la dejadez y el incumplimiento con el mandato que les exige la ley", el Subadministrador le enumeró fallas a cada una de ellas. Por ejemplo, acusó a Tierras de "incapacidad para atender con prontitud sus propias necesidades"; de ODSEC resaltó su cabildeo "para no tener que hacer sus compras a través de la ASG sin tan siquiera cumplir con los procesos de compras y contratación gubernamental al amparo de la Ley 73" ya que, cuando se le permitió hacer sus propias compras hasta $100,000, las hacían por encima de esa cantidad y a licitadores no registrados.

A ASSMCA le atribuyó fallas en la adjudicación de sus subastas que conlleva la cancelación de las mismas o que los trabajos cuesten más de lo proyectado; de OMEP critica que "ha demostrado desconocer cuáles son los procesos que seguir al momento de comprar con fondos públicos bienes, obras o servicios profesionales", incluyendo que recomiendan ofertas con "precios irrazonables", obvian requisitos y adjudican subastas a favor de licitadores que no cumplen con la ley; y de Corrección señalaron que usan procesos de emergencia porque no pudieron cumplir con el proceso regular y adquieren mediante órdenes de compra cosas que deberían adquirirse mediante contrato.

A preguntas de NotiCel, Fontánez González dijo que después de la ponencia, "OMEP se ha acogido favorablemente al proceso de la reforma de compras". "Las restantes agencias mencionadas están en proceso de adiestrar a sus recursos para cumplir con las disposiciones de ley", añadió.

A pesar de esto, el 10 de febrero pasado, 20 miembros de la delegación de la Cámara del PNP, sin incluir a Méndez Núñez, volvieron a radicar un proyecto idéntico para convertir en "entidades parcialmente exentas" a las mismas agencias del proyecto de Méndez Núñez y añadiendo a Educación, el Departamento de Agricultura (DA) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Por otro lado, el representante popular Jessie Cortés Ramos tiene un proyecto para eximir de pasar por la ASG al Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero.

En el Senado, un proyecto de la novoprogresista Wanda Soto Tolentino para sacar de la ASG las compras de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la Oficina del Contralor Electoral, y la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente tiene un informe positivo de la Comisión de Gobierno que preside el popular Ramón Ruiz Nieves. El propio Ruiz Nieves tiene radicado un proyecto para sacar de la ASG al Departamento de Seguridad Pública. La senadora novoprogresista Marissa Jiménez Santoni tiene dos proyectos relacionados, uno sacaría a Tierras de la ASG y otro sacaría a la ODSEC.

Antes de las elecciones de 2020, la Legislatura y la exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, convirtieron en ley un proyecto que sacaba de la ASG las compras de Las entidades exentas son: Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Inspector General de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Comisión Estatal de Elecciones, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Carreteras y Transportación.

Además, quedaron fuera la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, la Corporación Pública Para la Supervisión de Seguros de Cooperativas de Puerto Rico, programas e instalaciones de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro Médico, el Hospital Cardiovascular, el Hospital Industrial y dispensarios regionales e intermedios, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y la Autoridad Metropolitana de Autobuses.

Vea: En juego $4,400 millones en compras y $1,000 millones en contratos de servicios profesionales

Para ver la ponencia de la ASG, pulse aquí.