Beneficiarios de la dádiva con la que la Constitución faculta al Gobernador tienen entre 28 y 71 años.

La Fortaleza ofreció detalles de las razones que tuvo el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para cada una de las cinco clemencias ejecutivas que concedió en su primer año en el cargo, aunque insistió en no identificar a los beneficiarios que tienen entre 28 y 71 años.

Las dificultades de conseguir trabajo con su récord criminal y, en uno de los casos, por figurar en el Registro de Ofensores Sexuales, así como cambios en la vida de los solicitantes fueron las razones. Ninguno de los beneficiarios estaba encarcelado al momento de la clemencia.

A preguntas de NotiCel, La Fortaleza emitió contestaciones escritas, pero no aclaró cómo estos casos se ajustan a la política pública que enunció en la orden ejecutiva 2021-83 sobre el proceso de solicitud de clemencias, en la medida en que algunos de los perdones concedidos en estos cinco casos la orden los reserva solo para personas que estén encarceladas.

"[L]as clemencias ejecutivas se concedieron como parte del proceso de rehabilitación de las personas y publicar sus nombres podría afectar su adaptación en la sociedad. Aclaramos que ninguna de las clemencias ejecutivas concedidas fue a personas de alto interés público ni tenían relación con algún funcionario público", dijeron para reiterar su negativa a identificar a los beneficiarios cuyos casos, añadió la Mansión Ejecutiva, se tramitaron y recomendaron a nivel de la Junta de Libertad Bajo Palabra sin que mediara reunión del Gobernador o su equipo con algunos de los solicitantes o representantes.

"Cada uno de los casos demostró tener circunstancias extraordinarias e inusuales", añadieron al proveer algunos detalles que no incluyeron precisar el género de la persona beneficiada con la clemencia.

Según los datos que proveyó La Fortaleza a solicitud de este diario digital, el primer caso es de una persona que actualmente tiene 70 años y fue sentenciado el 26 de marzo de 1971 por asesinato en primer grado y uso de arma blanca. No se dijo cuánto cumplió de cárcel pero sí que "llevaba más de 38 años en libertad bajo palabra, con excelentes ajustes".

La segunda persona tiene 42 años y fue sentenciada el 15 de enero de 2015 a ocho años en modalidad de sentencia suspendida por portación y uso de arma ilegal así como apuntar a alguna persona con un arma o disparar un arma sin causar daño. "[C]umplió 6 años de los 8 años de sentencia suspendida. La persona tuvo un accidente que lo dejó discapacitado permanentemente. Necesita cuidado 24/7. Fue una clemencia humanitaria", indica el escrito.

El tercer beneficiario tiene 56 años y fue sentenciado en modalidad suspendida por apropiación ilegal agravada, la cual extinguió en 2019.

"Tenía estudios en arquitectura. La persona era paciente mental, y debido a una variación en los medicamentos, sufrió un despido y tuvo un desequilibrio que provocó que estuviera en un momento difícil de su vida y que cometiera el delito. La propiedad hurtada fue recuperada inmediatamente, abandonada en las inmediaciones de su casa. Posteriormente pudo recibir la ayuda necesaria, demostró su arrepentimiento y que está rehabilitado. El récord criminal le impedía conseguir empleo", indica La Fortaleza.

La cuarta clemencia fue a una persona de 28 años sentenciada por agresión sexual el 13 de enero de 2013 y que cumplió la misma en 2016. Esta fue el único indulto con una condición, la cual fue que no cometiera delito grave o menos grave.

"La persona era un joven que tenía una novia menor de edad y tuvieron relaciones sexuales en una ocasión y fueron descubiertos por un familiar de la víctima. Ambos ya no tienen relación ni se comunican. La víctima fue consultada en la investigación y estuvo totalmente de acuerdo con la concesión de la clemencia, pues indicó que fue un error cometido por ambos en medio de una relación de noviazgo en su juventud. La persona fue sentenciada a 3 años y un día de sentencia suspendida. En el 2016 cumplió con la sentencia. Luego de los hechos estudió bachillerato y maestría. Ha demostrado que fue un hecho aislado y que es un ciudadano respetuoso de la ley. Su único problema es el estar registrado en el Registro de personas convictas por delitos sexuales y abuso contra menores, lo que le imposibilitaba el obtener un empleo en lo que estudió", dijo la Mansión Ejecutiva en su exposición más detallada del grupo.

En el quinto caso, la persona tiene 71 años y fue sentenciada el 3 de febrero de 1978 por agresión agravada, secuestro, y robo bajo el Código Penal de 1974 y de posesión de arma blanca, uso de arma por convicto de delito grave, portación de arma sin licencia y apuntar o disparar un arma sin provocar daño. "Llevaba más de 38 años en libertad bajo palabra, con excelentes ajustes. Ha demostrado su arrepentimiento y rehabilitación", se indicó.

La orden ejecutiva 2021-83 que propone trasladar el proceso de evaluación de solicitudes de clemencia de la Junta de Libertad Bajo Palabra a un grupo dentro de la Oficina del Gobernador entrará en vigor a finales de febrero de 2022. Los evaluadores de clemencia serán el Asesor Legal del Gobernador, Isaías Sánchez Báez (como su presidente), la Directora Ejecutiva de la Oficina de Nombramientos Judiciales y Ejecutivos del Gobernador, Ileana Borges Borges, y el Asesor en Gerencia y Eficiencia Gubernamental en la Secretaría de la Gobernación, José I. Campos Pérez.

Este último fue Secretario del Tribunal Supremo y Oficial Jurídico del Juez Asociado Erick Kolthoff Caraballo. Sánchez Báez, po su parte, fue Procurador General y Oficial Jurídico de la Jueza Asociada Mildred Pabón Charneco.

Vea:

Clemencias secretas de Pierluisi no cuadran con su propia orden ejecutiva