Es la segunda querella que la Oficina de Ética Gubernamental presenta contra Sergio Ortiz Quiñones.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) radicó dos querellas por la manipulación de una subasta en 2014 en la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) bajo la jefatura del exlegislador del Partido Popular Democrático (PPD), y exsubsecretario electoral de la colectividad, Sergio Ortiz Quiñones.

Es la segunda querella que enfrenta Ortiz Quiñones, después de que en octubre se le presentara otra por darle unas unidades de aire acondicionado de la CDCOOP a una persona privada.

La segunda querella, salió en conjunto con una querella contra el exsubcomisionado Ismael Velázquez Pérez por los mismos hechos: intervenir en una subasta para favorecer a una compañía cuyos únicos contratos públicos fueron con la Comisión y que quedó disuelta después de que terminaron los contratos.

Según las querellas, Nelson A. Irizarry Rivera incorporó la entidad Incubadora de Líderes y Empresarios para un Nuevo Puerto Rico, Inc. en diciembre de 2012, unos meses antes de que Ortiz Quiñones se convirtiera en Comisionado de la CDCOOP el 8 de marzo de 2013. Velázquez Pérez llegó a la agencia como segundo al mando el 15 de marzo.

En abril, Ortiz Quiñones presentó ante el Programa de Estudios Sociales del Departamento de Educación (DE) un plan de trabajo para un proyecto que llamó Descubriendo Nuevas Herramientas Sociales y Educativas mediante el Modelo de Cooperativas Juveniles.

Después de que el DE lo aprobó como un adiestramiento para 100 maestros de Estudios Sociales financiado con fondos federales, en CDCOOP se inició un proceso de subastas para escoger al proveedor de los servicios. Durante ese proceso, Velázquez Pérez tuvo conversaciones con Irizarry Rivera y su socio, el CPA Armando Avilés Galloza, "para adelantarle información sobre el proyecto y la subasta que se llevaría a cabo en la Comisión relacionada con éste, información que había adquirido en su capacidad como Subcomisionado de la Comisión".

A la vez que se daban esas conversaciones, Ortiz Quiñones ordenó cambiar la subasta para que todos los participantes entregaran estados financieros auditados y designó a Velázquez Pérez como presidente de la Junta de Subasta que adjudicaría el proceso.

Durante los dos días de reunión de la Junta para evaluar las propuestas, Ortiz Quiñones y Velázquez Pérez dijeron a Almer A. Rodríguez rodríguez, coordinador de programas federales en CDCOOP que participaba de la evaluación, que "había que buscar la forma para que Incubadora fuera la compañía seleccionada". Además, Velázquez Pérez dijo que en la evaluación había que enfocarse en la capacidad económica de los participantes, que fue cónsono con la orden del Comisionado de que todos los participantes entregaran informes financieros auditados.

Velázquez Pérez presentó la moción para adjudicar la subasta a Incubadora y Ortiz Quiñones le otorgó la "buena pro", o adjudicación. Después de eso, Velázquez Pérez le envió un correo electrónico a una oficial de Incubadora para decirle que debía ajustar su propuesta a lo que finalmente se adjudicó en la subasta.

Después de ese proceso, en el que la OEG imputa que ambos funcionarios usaron sus facultades y poderes para favorecer indebidamente a Incubadora, la empresa tuvo un primer contrato con CDCOOP por $699,900 en 2014 y otro por $700,000 en 2015, para luego quedar disuelta como corporación en 2016 por su presidente, William Vélez Cancel. Ortiz Quiñones pasó a ser director ejecutivo de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC), pero el 13 de febrero de 2017 la Junta de Directores de la entidad le retiró la confianza, para todos los efectos destituyéndolo.

Ortiz Quiñones, quien fue subsecretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por el PPD, fue objeto de investigación en el Departamento de Justicia y en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) sin que se le presentaran cargos criminales, lo que lleva a concluir que las querellas de la OEG son la última alternativa para procesarlo por estos hechos. A Ortiz Quiñones se le imputaron tres violaciones a la Ley de Ética, para una multa máxima de $60,000, y a Velázquez Pérez cuatro violaciones, para una multa máxima de $80,000.

Las querellas no mencionan si los exfuncionarios recibieron algo a cambio de favorecer a Incubadora. Por otro lado, los récords de donativos políticos de Irizarry Rivera y Avilés Galloza no tienen donativos al PPD sino al Partido Nuevo Progresista, principalmente al senador Thomas Rivera Schatz.

Como CPA, Avilés Galloza tuvo $2.7 millones en contratos públicos de 2009 a 2016 principalmente con la Cámara de Representantes, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos.

Vea:

Ética se querella contra exlegislador del PPD por apropiarse de dos aires acondicionados