Por contratar sobrina de Directora Asociada en Desarrollo de la Familia

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella contra la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones Suárez, y el actual administrador, Alberto Enrique Fradera Vázquez, por otorgar contratos de servicios profesionales a la sobrina de una empleada de esa dependencia.

Según especificaron los abogados de la OEG, la gestión viola el inciso D del Artículo 4.3 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, por lo que solicitaron sean multados con hasta $20,000 cada uno.

El documento detalla que para el 6 de noviembre del 2019, Quiñones Suárez le otorgó un contrato a Stephanie Nicole Torres Ramos, sobrina de Estafita Ramos Guzmán y quien fungía como Directora Asociada de Desarrollo de la Familia, por $19,057.

La querella especifica que, conforme a la Ley, los sobrinos son considerados parientes.

“La querellada, a pesar de la relación de parentesco que la señora Estafita Ramos Guzmán tiene con la contratista, y el evidente interés pecuniario de esta última en el contrato otorgado, aprobó y firmó el mismo en el ejercicio de los poderes inherentes a su cargo”, reza la querella.

“Durante los periodos mencionados anteriormente la querellada nunca acudió a la Oficina de Ética Gubernamental en solicitud de evaluación y autorización para otorgar el contrato antes mencionado”, agregó.

Menciona, además que a pesar de que Quiñones Suárez conocía que la señora Ramos Guzmán tendría que tomar decisiones en asuntos relacionados a su pariente, nunca buscó la aprobación de Ética Gubernamental.

“El querellante solicita la imposición de una multa de $20,000 por cada infracción demostrada. Además, y de conformidad la parte querellante, tendrá un término de 20 días para contestar las alegaciones de esta querella”, apuntó.

Quiñones Suárez fue despedida de ADSEF en mayo del 2020 tras concluir una investigación interna sobre el manejo de los suministros de emergencia en esa agencia durante la secuencia sísmica que afectó la región suroeste del país en enero del 2019.

En el caso de Fradera Vázquez, la querella destaca que otorgó cuatro contratos de servicios profesionales entre el 2 de noviembre del 2020 y el 2 de noviembre del 2021.

La querella solo detalla la cuantía de dos de los contratos, uno de $19,057 y otro de $20,790.

En ninguno de los casos especifica qué funciones realizó Torres Ramos en la agencia.

Para Fradera Vázquez también se solicitó una multa máxima de $20,000.

Ambos tienen 20 días para responder la querella.

Vea aquí las querellas: