Urgió una vez más a la Legislatura a que atiendan las medidas que incluyó en la convoctoria para la sesión extraordinaria.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, le pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘’Tatito’’ Hernández Montañez, que se deje de “peleas chiquitas” y atienda las medidas que incluyó en la sesión extraordinaria convocada para hoy.

El primer ejecutivo del país reaccionó así a las expresiones hechas más temprano por Hernández Montañez en las que reiteró que no atendería las medidas en la sesión extraordinaria y de asegurar que en su cuerpo “mandan los populares”.

“El pueblo exige de nosotros el mayor compromiso y quiere resultados, particularmente de los funcionarios de gobierno. No estoy aquí para peleas chiquitas, para entrar en dimes y diretes para ver quién manda más. Aquí manda el pueblo”, dijo Pierluisi durante la conferencia de prensa tras la reunión con los miembros del gabinete encargados del manejo de fondos federales.

Al convocar la sesión extraordinaria, el gobernador incluyó seis medidas a considerar, entre ellas, el proyecto de Administración que crearía la nueva “Ley para la Prevención del Maltrato y la Preservación de la Unidad Familiar” conocida también como el ''Family First Act'' y el que enmienda varias leyes vigentes para permitir que los retirados del gobierno puedan regresar a trabajar sin que se afecten sus pensiones.

También, se incluyó un proyecto legislativo que clarifica los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Otra medida incluida en la convocatoria es el proyecto de Administración 51 (Proyecto del Senado 654) que enmienda el Código Civil que entró en vigor hace un año. El proyecto senatorial, que también incluye a las personas incapacitadas mientras dure su estado de incapacitación, establece cuál es la norma de suspensión de la prescripción en cuanto a la minoridad de una persona, y mientras dure un estado de incapacidad declarado siguiendo el debido proceso en los tribunales.

En temas de los pensionados, Pierluisi incluyó el proyecto de Administración 1 (Proyecto de la Cámara 533) para proveer los mecanismos a los trabajadores pensionados por retiro, por edad o por años de servicio, retirados mediante programas de retiro incentivado y empleados que renunciaron de manera incentivada para que puedan regresar a laborar en un empleo regular de forma parcial.

Finalmente, se incluyó el Proyecto del Senado 45 que enmienda la “Ley del Departamento de Seguridad Pública” de 2017 que expande los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado del NMEAD, puesto que ocupa interinamente el rescatista Nino Correa Filomeno.

“Cuando convoqué la extraordinaria, lo hice porque entiendo que los seis proyectos que incluí ameritan acción de la Legislatura. Hasta cierto punto es una falta de respeto, pero más importante aún es una falta al deber”, agregó el gobernador, quien indicó que las medidas pueden ser atendidas “en par de días”.

Pierluisi puso de ejemplo que desde el 16 de febrero presentó la medida para que pensionados del gobierno puedan trabajar a tiempo parcial en el gobierno sin que se afecte su pensión.

“Pasaron básicamente siete meses y no se aprobó. Pues que se acabe de aprobar. Eso va a ayudar al gobierno a traer personas al gobierno a departamentos importante como la Policía, Familia y Educación”, indicó.

También destacó que desde el 18 de agosto tienen sobre la mesa el P de la C 911 sobre la prevención del maltrato de menores, conocido como el “Family First Act” y reiteró que de no aprobarse esa medida antes que finalice el año, se perderán millones de dólares.

“En vez de hablar a las gradas o entrar a peleas chiquitas, lo que hacer es acabar de considerar esos proyectos y aprobarlos”, sentenció.

Súplica de la secretaria de la Familia para que se atienda el ''Family First Act''

Mientras, la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz también hizo una exhortación urgente este lunes a los miembros de la Cámara de Representantes, para que se atienda la nueva “Ley para la Prevención del Maltrato y la Preservación de la Unidad Familiar”, que atemperaría las leyes estatales al estatuto federal conocido como el ''Family First Act''.

Según indicó mediante comunicado de prensa, de no aprobarse, significaría un riesgo de perder sobre $800 millones en fondos federales.

“Todos queremos un futuro de oportunidades para nuestros niños y niñas. Estoy segura que esa es una meta que nos une a todos. Tenemos la oportunidad de cumplir con los niños y las niñas que son víctimas de maltrato y de reiterar ese compromiso con nuestra acción. Les exhorto a darle paso a la legislación estatal que atempera el estatuto federal del Family First, que provee por primera vez recursos federales para atender y prevenir escenarios, donde los menores estén vulnerables a la violencia y el maltrato”, expresó González Magaz en declaraciones escritas.

La funcionaria dijo que el Departamento de la Familia se encuentra en plena implementación del programa Family First, cumpliendo con el Plan Estatal aprobado por el gobierno federal.

“Tenemos el potencial de ampliar y hasta triplicar el número de familias servidas a través de la preservación y el fortalecimiento familiar con servicios de calidad basados en evidencia y mediante colaboraciones con organizaciones de comunidad. Proteger el flujo de fondos federales y garantizar la continuidad de servicios a nuestras familias, niñez y juventud es la prioridad”, sostuvo.

La secretaria de la Familia aseguró que, por primera vez en la historia de los fondos de Child Welfare, hay paridad en los fondos federales que se le proveen a los estados y territorios.

“Esta reforma histórica permite a Puerto Rico utilizar los fondos del Título IV-E para apoyar servicios y programas de prevención y preservación para menores y familias. No podemos perder esta oportunidad de proveer a nuestros menores las mismas oportunidades y beneficios que reciben en otras jurisdicciones”, subrayó.

Así mismo, la funcionaria abundó en las consecuencias de poner en riesgo los servicios a los menores y sus familias.

“Miles de niños y niñas pueden ver perjudicada su salud y su seguridad. Nuestro llamado urgente es a buscar esa meta común, poner el bienestar de todos los menores como prioridad y darle paso a esta medida. Enfoquemos en la vulnerabilidad de los niños y niñas que nos necesitan hoy más que nunca. Es necesario actuar ahora por nuestros menores”, señaló.