Por obstaculizar los esfuerzos para lograr la estadidad; también hizo un reclamo al presidente Joe Biden.

El delegado congresional Ricardo Rosselló Nevares, y miembros de la llamada Delegación Congresional Extendida, radicaron una querella ante la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos en Washington contra el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago; el presidente de la Cámara de Representante, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden para evitar la obstaculización de las funciones de los miembros de dicho grupo para lograr la estadidad para Puerto Rico.

“Nuestra responsabilidad como delegación es, no solo realizar esfuerzos para lograr la estadidad para Puerto Rico, sino denunciar a todo aquel que quiera obstaculizar dichos trabajos y ponga en riesgo el derecho de los puertorriqueños a tener la igualdad que todos queremos. El recurso sometido tiene el propósito de hacer valer la voluntad del pueblo, que está siendo suprimida por las acciones de funcionarios que no tienen como norte el bienestar de Puerto Rico”, aseguró Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

Según se explicó, la querella tiene dos partes: la primera, denuncia la obstaculización de los derechos civiles por parte de los presidentes legislativos. El documento detalla el historial plebiscitario a favor de la estadidad y cómo ambos funcionarios supuestamente han realizado acciones en detrimento del mandato del pueblo. En el caso de Hernández Montañez, se especifica que ha socavado los derechos de los electores al participar de acciones encaminadas a anular el voto mayoritario proestadidad. Del mismo modo, denuncia que el presidente senatorial viola los derechos de los electores al establecer que el plebiscito del 2020 no tienen validez para ser encaminado en el Congreso de los Estados Unidos debido a que caducó el tiempo para tomar acción con respecto al mismo.

“Ambos funcionarios, quienes apoyan el Estado Libre Asociado, o el estatus quo de Puerto Rico, están en clara violación de los derechos civiles, al no acatar una decisión que se validó a través de las urnas en los plebiscitos del 2012, 2017 y 2020. Esta última consulta tuvo el aval del 52% del electorado. El pueblo votó a favor de la estadidad confiado en que su decisión sería respetada y diligenciada; sin embargo, estos funcionarios han expresado abiertamente que no validarán la decisión de los puertorriqueños y que solo agendarán las acciones que beneficien a su colectividad, aunque no tenga el aval de la mayoría”, expresó Evelyn Ashbrook, delegada de Virginia.

Como parte de la evidencia se expone que Dalmau Santiago realizó una conferencia de prensa el pasado 4 de noviembre en la cual anunció la creación de una mesa de diálogo y acción con el objetivo de crear medidas legislativas para atender el tema del estatus, debido a que el mandato a favor de la estadidad había caducado sin aval congresional. Además, se desprende que la asamblea legislativa derrocha dinero público en la paga de cabilderos para detener el mandato del electorado puertorriqueño a favor de la estadidad.

La querella también presenta un reclamo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por no tomar acción ante la petición de los puertorriqueños. Según se expone, dicha acción violenta los derechos civiles, al no reconocer la decisión que se tomó en las urnas, lo que suprime el derecho de los electores.

Según indicó, la Delegación Extendida de Ciudadanos, cuenta con más de 1,400 miembros de Puerto Rico, Florida, Rhode Island, New Jersey, New York, Virginia, Maryland, DC, Carolina del Norte, Georgia, Texas y California, entre otros.