Secretario de Hacienda recalcó que es una utilización de los poderes de Hacienda modelada en el Tesoro federal y añadió que hay más capacidad para detectar evasión en importación de carros.

El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, defendió la estrategia de “tasación en peligro” que la agencia está aplicando en casos como el del exconvicto federal por narcotráfico y lavado de dinero que está acusado de evadir contribuciones y también de esconder un Ferrari, un Lamborghini y un Rolls Royce que las autoridades buscan para embargarlos.

El funcionario indicó que es un poder de su agencia que también existe y se usa en el Tesoro federal y que, en el pasado, no se ha usado efectivamente, con el resultado de que se dejaron perder decenas de millones de dólares en cobro de contribuciones.

En el tracto regular, Hacienda detecta una deficiencia contributiva, se la notifica al ciudadano o corporación, se entra a dirimir la controversia sobre la deficiencia y al final se hace una tasación y se cobra. Un caso sencillo de eso son las cartas de “error matemático” que conocen los contribuyentes individuales. Pero en un caso de “tasación en peligro”, el Departamento detecta la deficiencia, tasa la deuda y notifica la tasación en primera instancia al contribuyente, de manera que la agencia puede actuar más rápido para capturar bienes que ayuden a pagar la deuda.

Algunos de las características del contribuyente que abonan a la activación de la “tasación en peligro” son que tenga capacidad de disipar (desaparecer o esconder) sus activos, que tenga acceso a cantidades grande de dinero en efectivo y que tenga capacidad de hacer compras de bienes con efectivo o con cheques cuantiosos.

Otro cambio es procesal, antes Hacienda entraba a dirimir la deuda cuando terminaba el caso criminal, ahora ambas cosas están ocurriendo simultáneamente. “Podían haber convicciones sin restitución alguna”, admitió Parés Alicea en referencia a la tardanza en iniciar el cobro de contribuciones y en el espacio de negociación que ocurría para que el pago de la deuda se usara como negociación en el caso criminal.

“En los tres casos que hemos presentado, de alguna manera u otra, ha habido colaboración federal”, dijo, a la vez que subrayó que tanto en el tracto regular como en la “tasación en peligro”, los procesos están hechos para proteger el debido proceso de ley al contribuyente.

Desde junio, Hacienda ha aplicado este método para, en trabajo conjunto con el Departamento de Justicia, presentar cargos contra Moisés Báez Centeno, Waldemar Fernádez Rodríguez y Luis Rubén Benítez Avilés.

Báez Centeno es un empleado de compañía de celular que del 2017 al 2020 dejó de radicar planillas, a pesar de tener ingresos por $280,000. Es la segunda vez que dejaba de radicarlas, ya que entre 2005 y 2016 tampoco radicó, acumulando deuda por $22,000. Ahora enfrenta cuatro cargos criminales.

Fernández Rodríguez enfrenta cuatro cargos por dejar de rendir planillas de 2016 a 2019, mientras generaba ingresos como agente de bienes raíces y operaba a través de tres corporaciones (MH2Homes Development Corporation, Home Inc., y Dorado Development Group Corporation) que tampoco radicaron. Se estima que evadió un pago total de $1.2 millones por lo que recibía mientras “representaba ser desarrollador de proyectos en Dorado y Quebradillas”.

El caso que ha resultado tener más atención, y más giros, es el de Benítez Avilés, quien en 2005 había sido sentenciado a 57 meses de cárcel por delitos federales de narcotráfico, lavado de dinero y estructuración de transacciones para evadir los requisitos. Este último cargo se refiere a los requerimientos que existen en la banca y otras entidades financieras para que los clientes reporten transacciones por encima de $10,000. Junto con ese requisito, está la obligación del banco de emitir a las autoridades informes de actividad sospechosa en las cuentas de sus clientes, algo que puede generar miles de informes al año en la isla.

Como en los otros dos casos, a Benítez Avilés primero se le radicaron cargos por someter información falsa en sus planillas personales de 2016 a 2020 y por no rendir planillas para sus corporaciones, LB Investment and Construction e Investment and Development Consulting Group Inc. Se estima que el hombre, quien en 2019 fue objeto de una demanda de desahucio con la que lo sacaron de un apartamento en el condominio Galaxy de Isla Verde, dejó de pagar contribuciones por $4.8 millones.

Pero entonces, la semana pasada se le radicaron tres cargos adicionales porque, tras recibir la orden de embargo del primer caso el 29 de septiembre, “escondió y/o enajenó” tres vehículos de lujo: un Rolls Royce Cullinan 2020 tablilla JJK186, un Lamborghini Aventador SVJ 2020 tablilla JMP709 y un Ferrari 488 Spider 2018 tablilla JFL667. Estos vehículos, así como un Mercedes Benz, un Chevrolet Camaro y una Land Rover de Benítez Avilés tienen valor estimado de $1.3 millones.

A preguntas de NotiCel, el Secretario aceptó que por años la fiscalización de la importación de vehículos de lujo como estos no ha sido efectiva, con el resultado de que se ha creado un mercado de vendedores y concesionarios dedicados solo a este tipo de carro cuyo valor sobrepasa los $100,000, pero que cuando los importadores los declaran en el punto de entrada le ponen un valor muy por debajo. Parés Alicea explicó que hay cambios en los sistemas de la agencia que ahora les permitirán precisar, por ejemplo, cómo es que se usan corporaciones para importar vehículos que realmente son para el uso de alguno de los dueños de la entidad, quienes no lo reportan como ingreso.

Además de la colaboración federal, el aumento en actividades como exhibiciones y circuito de carreras privadas con estos vehículos de lujo han aumentado la capacidad de la agencia para generar inteligencia sobre esta actividad criminal. “No hay mejor agente de rentas internas que el consumidor”, comentó en referencia a la cantidad de información que reciben de vecinos, exparejas y exempleados de compañías. De hecho, la agencia pidió ayuda para localizar los tres vehículos de Benítez Avilés.

La discrepancia entre el estilo de vida del contribuyente y lo que reporta en sus planillas sigue siendo el principal elemento de sospecha de desata estas investigaciones, de las cuales hay 12 activas que, durante el próximo año, deben generar cargos, o una determinación de que solo se va a proseguir administrativamente en vez de criminalmente también.

“A nivel de tasación y el efecto en cadena, no me cabe la menor duda que, cuando acabemos los casos, tenemos $80 a $90 millones en recaudos en un espacio de 12 a 13 meses… aquí muchas personas que se toman riesgo y que cometen fraude, la expectativa es que para el próximo plazo de estimada sean más juiciosos a la ahora de determinar cuál debe ser su responsabilidad contributiva”, afirmó Parés Alicea.

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