Contrario a la aseveración del FBI de que el Alcalde de Mayagüez era una víctima de un esquema financiero ilegal, el referido de Justicia al FEI lo coloca como posible coautor del delito.

La decisión del Departamento de Justicia de pedir la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para la posible radicación de cargos criminales contra el Alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, supone una desmentida de la defensa que ha mantenido el ejecutivo municipal de que fue una víctima del esquema de fraude financiero. Pero eso no fue lo más peligroso para él que pasó ayer.

El referido del secretario Domingo Emanuelli Hernández indica que una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) arrojó “causa suficiente” para creer que Rodríguez Rodríguez y la directora de Finanzas del ayuntamiento, Yahaira Valentín Andrades, pudieron haber cometido violaciones a la Ley de Ética, así como malversación de fondos e incumplimiento del deber por su intervención en el camino torcido que siguieron $9.8 millones para pasar de asignación legislativa para el Centro de Trauma a dinero perdido en un esquema de fraude perpetrado por allegados del alcalde en una corporación municipal.

Y si bien esa determinación del Secretario coloca al Alcalde y la funcionaria en un carril donde todavía faltan muchas paradas antes de llegar a algún tipo de consecuencia, si es que tiene consecuencia final, una segunda acción del Secretario coloca a Rodríguez Rodríguez a las puertas de una destitución.

Eso porque se le pidió al panel de jueces que supervisa a los FEI que someta el informe preliminar de la investigación, que contiene evidencia recogida en allanamientos y contenida en 30 declaraciones juradas, a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), que es la única entidad que puede iniciar la destitución de un alcalde.

Según la ley que la habilita, la UPAD puede actuar cuando a un alcalde se le determine causa para arresto por ciertos delitos, o cuando sea convicto por delitos graves, ambos escenarios que estarían todavía muy en el futuro de Rodríguez Rodríguez. Pero hay una tercera vía de acción de la UPAD que no depende de esos escenarios, solo depende de que haya información bajo juramento, y en este caso hay 30 declaraciones juradas, y de que el panel de jueces concluya que esas declaraciones acusan “conducta inmoral, actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, (o) negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones”.

Con eso, sin esperar porque ningún FEI decida o no radicar cargos, el Alcalde puede enfrentar una orden de suspensión o destitución separado de cualquier otro proceso criminal, como le sucedió más recientemente al exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García.

Rodríguez Rodríguez también enfrenta una querella en la Oficina de Ética Gubernamental por el nepotismo continuo que ha representado los distintos nombramientos en la ciudad que ha extendido a su hermano.

Aunque el informe preliminar de Justicia no es público en este momento, los hechos principales son harto conocidos. Según los presentó Emanuelli Hernández en un comunicado, “entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de 9.8 millones de dólares de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez”.

“Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos”, añadió.

“Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI (Mayagüez Economic Development Inc.) con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio”, concluyó repasando hechos que están detallados en publicaciones de NotiCel, en pleitos civiles activos contra el municipio y MEDI por las transacciones con las propiedades de la ciudad y en una acusación federal que detonó la atención pública intensa sobre el Alcalde.

Fue como parte de esa acusación que el FBI aseguró que el Alcalde y la ciudad eran víctimas de los acusados, que incluyen al asesor legal principal (Arnaldo Irizarry) y a los asesores financieros principales de Rodríguez Rodríguez (Roberto Mejil y Eugenio García) así como al Exdirector Ejecutivo de MEDI (Alejandro Riera), una corporación municipal que el Alcalde controlaba ya que era el presidente de su Junta de Directores y porque la Junta estaba compuesta enteramente de leales suyos en la alcaldía, incluyendo a Valentín Andrades.

Ese argumento de que fue víctima, y no coautor, del fraude de los $9.8 millones la ha usado Rodríguez Rodríguez cada vez que aborda el tema, particularmente en una conferencia de prensa en la que también estuvo Valentín Andrades quien, a preguntas de NotiCel, se negó a divulgar qué fue lo que le preguntó un gran jurado cuando compareció como parte de la investigación sobre el fraude. De hecho, la primera acción preventiva que tomó Rodríguez Rodríguez con relación a este fraude fue adelantarse al pliego acusatorio criminal federal mediante radicar una demanda civil contra todos los implicados en el fraude con el propósito de recobrar el dinero.

Pero el referido de Justicia revierte eso y plantea que Rodríguez Rodríguez no fue víctima de ese fraude sino posible coautor o por lo menos habilitador. Además de las declaraciones juradas, Justicia cuenta con evidencia recopilada en allanamientos a allanamiento a “oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico”.

El referido puede ser también una especie de bendición disfrazada para el Alcalde debido a que los fundamentos legales federales actuales obligan a que la fiscalía federal evite acusar a una persona si ya está siendo encausada en el foro estatal y a que, de acusarla, sea porque tienen evidencia que demuestra de manera muy directa y sustancial cómo ese funcionario se benefició de manera corrupta de un esquema. Este tipo de evidencia, sin embargo, puede surgir mediante la cooperación de uno de los acusados, algo que siempre es una posibilidad que ocurra en el caso federal.

“Este es el primer ‘round’ de un largo e injusto proceso que vamos a enfrentar, junto a la Gerente de Finanzas, quien es una de las funcionarias de mayor honestidad e integridad que he conocido en mi vida pública”, reaccionó el Alcalde en un comunicado de prensa en el que hizo una larga lista de alcaldes y otros funcionarios, que prevalecieron después de que un FEI les sometió cargos.

Dijo que le había adelantado a su familia y al caucus del Partido Popular Democrático en la Legislatura Municipal de la posibilidad de este referido. Nada dijo en el comunicado sobre su posible destitución.

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