La agencia refirió a cuatro empleados a Justicia, pero no ofreció detalles y la Secretaria rehusó renunciar a pesar de las fallas identificadas y de contradicciones en sus expresiones públicas sobre el caso de Jeiden Elier Santiago Figueroa.

El Departamento de la Familia (DF) identificó posibles delitos que cuatro de sus funcionarios cometieron en el manejo del caso de maltrato del niño de 8 años, Jeiden Elier Santiago Figueroa, pero la secretaria, Carmen A. González Magaz, rechazó aceptar que hubo negligencia en la actuación de los oficiales o que ella debiera renunciar como consecuencia de esas fallas.

La funcionaria y la plana mayor de las agencias bajo la sombrilla del Departamento divulgaron ayer el resultado de la investigación interna iniciada después de que el padre de Santiago Figueroa, Jonathan J. Santiago Cortés, lo llevara muerto al Hospital Menonita de Caguas el 9 de agosto pasado. González Magaz lo llamó un acto de transparencia, pero quedó mucho sin aclarar sobre exactamente cuáles fueron las fallas identificadas.

También, González Magaz reiteradamente recordó la “fatiga” que sufren sus empleados por falta de recursos y declinó abundar sobre las fallas que también pudieron haber cometido en los tribunales, donde cuatro jueces intervinieron en el trámite sin tener resultado final ya que el día de la vista en la que se supone se resolviera la custodia final del niño, fue el día en que llegó muerto al hospital.

Cuando se le preguntó si el cuadro de fallas y referidos en el caso constituía negligencia por parte del Departamento, ripostó que “eso se llama también áreas de oportunidad para mejorar muchísimas cosas”. “¿Las fallas? De una manera totalmente abierta y transparente las estamos trayendo”, añadió.

Pero las fallas no quedaron del todo claras. Inicialmente, la funcionaria las describió como incumplimiento del Protocolo de Intervención, atrasos en la entrega de informes escritos y faltas en la “supervisión efectiva de los trabajadores asignados al caso”.

Ante la insistencia para que abundara en las fallas, dijo que el trabajador social del caso no entregó un informe escrito solicitado por el tribunal, pero a la vez recordó que la ley no requiere que el informe sea por escrito y que el trabajador estaba listo para testificar sobre su investigación si el tribunal lo hubiera permitido. Ahora el protocolo será que los trabajadores siempre lleguen al tribunal con sus informe escritos, pero esa no era la regla cuando ocurrió el caso del menor, dijo.

Además, la subadministradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, precisó que otra falla es que la investigación debía estar completada en 30 días a partir del referido y en este caso tomó desde el 9 de junio hasta el 28 de julio, o lo mismo que 50 días.

El 10 de agosto, tras conocerse la muerte del niño, González Magaz dijo a NotiCel que “no te puedo decir que el Departamento de la Familia le haya fallado al menor” y que “te puedo garantizar que esa investigación se llevó a la cabalidad”.

Además, dijo que el Departamento recomendó que el niño quedará provisionalmente con el padre porque había una ley federal, conocida como “Family First” que buscaba que el menor quedara en el entorno familiar. Pero ayer admitió en la conferencia que esa ley no entra en vigor hasta el 1 de octubre, que no se ha adaptado a Puerto Rico y que lo que se siguió en el caso de Santiago Figueroa fue el “concepto” de la ley.

“En el momento en que se me hizo la pregunta, yo no tenía los detalles del caso y el fallecimiento”, dijo la Secretaria sobre sus declaraciones del 10 de agosto.

“Yo asumo responsabilidad por la ejecutoria de funcionarios del equipo del Departamento de la Familia”, afirmó, pero cuando se le señaló que eso no explicaba de qué forma asumía la responsabilidad y si eso incluía renunciar al cargo, rechazó que implicara renunciar y explicó que significaba impulsar las revisiones y mejoras en la agencia para tratar de evitar otro caso como este.

De los cuatro funcionarios no se divulgaron nombres ni rangos, ni tampoco cuáles son los delitos que Familia le presentó a Justicia como los que posiblemente se cometieron. Se conoce que ya comenzó el proceso de disciplina administrativa en su contra y que, como es rutinario, se mantienen cobrando su sueldo aunque están separados del empleo.

González Magaz y la jefa de la División Legal de Familia, Carolina Guzmán se reservaron comentarios o conclusiones sobre cómo el caso fue manejado a nivel de los jueces que intervinieron, algo que es objeto de una evaluación todavía de la Oficina de Administración de Tribunales. “Cada juez tiene el control de su sala”, anotó Guzmán.

El tracto es que el 8 de junio la jueza María Rojas Delgado emitió orden de protección a favor del menor ante alegaciones de un supuesto abuso sexual de parte de un tío materno. Luego la jueza Yaritza Santiago San Antonio emitió otra orden de protección que tuvo el resultado de que el menor quedara bajo la custodia de su padre. El 22 de junio la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez (misma jueza que intervino en el caso de la víctima mortal de violencia doméstica Andrea Ruiz Costas) extendió esa orden y requirió a Familia efectuar investigación y presentar informe. El 2 de julio la misma jueza extendió de nuevo la orden y requirió a Familia mostra causa de por qué no había presentado el informe. El 30 de julio la jueza Ingrid Caro Cobb volvió a extender la orden y citó para el 9 de agosto porque Familia todavía no había presentado el informe por escrito. Es el 9 de agosto que muere el niño por lo que el Instituto de Ciencias Forenses clasificó de homicidio ante la presencia de hematomas y quemaduras en el cuerpo.

Ante esto, González Magaz anotó que el 2 de julio la recomendación del trabajador social en la vista fue que el niño podía regresar a la custodia de su madre y que el 30 de julio, de haberse permitido testimonio pericial, como se le solicitó al tribunal, en vez de sujetar el proceso a la entrega de un informe escrito que la ley no obliga a que se entregue por escrito, se hubiera recomendado al tribunal que el niño volviera a la madre.

Santiago Cortés, de 27 años, permanece preso por no poder pagar una fianza de $600,000 y enfrenta un cargo de maltrato y uno de asesinato en primer grado tras golpear a su hijo “en distintas partes del cuerpo con sus manos”, además de pegarle “un blower caliente en la barriga, la barbilla, y los genitales, causándole la muerte”, según la denuncia.

El 11 de agosto, Familia inició un proceso separado contra Santiago Cortés y su compañera, Xiomara Ramos Lebrón.

“¿Se pudo haber salvado Jeiden?”, se le preguntó a González Magaz, a lo que contestó que “no puedo especular, pero la realidad es que las cosas pueden ser diferentes, sí”.