Pierluisi Urrutia implementa una directriz que exige que los empleados de la Rama Ejecutiva se inoculen.

Por ahora, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia adoptó una política pública de vacunación contra el covid-19 solo para los empleados que laboran en las 65 agencias públicas bajo su jurisdicción, como un primer paso para frenar este último repunte del virus en la Isla.

Esta nueva regulación, sin embargo, no contempla que las personas que acudan a las agencias a procurar servicios tengan que presentar evidencia de vacunación.

Con esta acción, Puerto Rico se suma a la larga lista de ciudades y de países que buscan cerrarle el cerco a las personas que rechazan la vacunación gratuita contra la peligrosa enfermedad, que mantiene en alerta al mundo desde finales del 2019.

Ya el secretario de Salud, Carlos Mellado López, había promulgado la semana pasad una orden administrativa para requerir evidencia de vacunación a todos los empleados y estudiantes mayores de 12 años de las escuelas y universidades públicas y privadas, que regresaran a las aulas en tres semanas. Las vacunas no están autorizadas para aplicación a menores de 12 años.

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Ayer, cinco días después de que la Coalición Científica recomendó el pinchazo para los empleados públicos, los empleados del sector de la salud, los empleados y las personas que visiten barras y restaurantes, el Primer Ejecutivo promulgó una nueva Orden Ejecutiva que requiere que los empleados de la Rama Ejecutiva presenten evidencia de vacunación a partir del 16 de agosto.

La directriz abarca a unos 90,000 empleados y empleadas del gobierno central, aunque Pierluisi Urrutia estimó que un 70% de esos funcionarios públicos ya se vacunó. Quedan unos 27,000.

Acorde a la nueva política pública, los empleados y empleadas tendrán que completar el ciclo de vacunación en o antes del 30 de septiembre.

Solo quedan exentos del requerimiento las personas con condiciones médicas, quienes tendrán que presentar un certificado médico válido en la Isla que incluya el periodo de la contraindicación para no vacunarse, y las personas cuyos dogmas religiosos rechacen este tipo de intervención en el cuerpo. En caso de una objeción por principios religiosos, estos empleados tendrán que presentar una declaración jurada con la firma del ministro o líder religioso.

Aunque podrán trabajar, estos empleados tendrán que usar mascarilla, mantener la distancia física y presentar semanalmente un resultado negativo de una “prueba viral cualificada SARS-CoV2" o de antígeno realizada dentro de un término de 72 horas antes de reportarse a su trabajo. Si ya sufrieron la enfermedad, esos empleados podrán mostrar un resultado positivo a covid-19 de los pasados 3 meses junto a una certificación oficial de que se encuentra aptos para entrar a espacios públicos.

Las personas que sin justificación se resistan a la vacuna y a realizarse la prueba diagnóstica semanal no podrán trabajar. No perderán su empleo, pero dejarán de cobrar un salario una vez agoten el tiempo compensatorio y sus días de vacaciones.

“Lo que queremos es que el gobierno esté seguro”, afirmó Pierluisi Urrutia en rueda de prensa junto a Mellado López.

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Al realizar el anuncio desde el teatro de La Fortaleza, el Gobernador convocó a los municipios, la Rama Judicial, la Rama Legislativa y los patronos privados a emular su ejemplo. Aseguró también que próximamente las corporaciones públicas adoptarían una medida similar, que se extendería a otros 23,000 empleados, aunque cerca del 70% ya se inoculó.

“Estoy actuando como patrono de la Rama Ejecutiva. Pues tengo el deber y la potestad de tomar estas medidas administrativas que aplican a los empleados. Aquí yo estoy sentando el ejemplo porque no le estaré ordenando al resto de los patronos en Puerto Rico sean privados, sea la Rama Legislativa, sean corporaciones públicas, sean municipios, sea la Rama Judicial. No se los estoy ordenando al momento, pero les estoy haciendo la recomendación porque aquí la idea es protegernos”, argumentó.

La semana pasada, la Asociación de Hospitales recomendó a sus miembros exigir la prueba de vacunación a todas las personas que visiten los hospitales. La orden administrativa del covid del Departamento de Salud también establece que los organizadores, propietarios y administradores que realicen y organicen eventos que reciban un público de 500 personas o más, tendrán que exigir a los asistentes evidencia de vacunación o un resultado negativo de una prueba de antígenos de covid-19 realizada 24 horas antes del evento.

“Aquí hay sobre 400 centros de vacunación. Es cuestión de ir a una farmacia y preguntar cómo me puedo vacunar. Tenemos la dicha de que tenemos vacunas por doquier por nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos. Así que para acabar de vencer esta pandemia, este es el paso a seguir”, insistió el Gobernador.

En diciembre pasado, el gobierno delineó un plan masivo de vacunación estimando que el país lograría la inmunidad colectiva para finales de verano. Pero en los pasados meses el proceso de inoculación perdió impulso. Esa falta de interés en la vacunación se sumó a la llegada de la variante delta, una mutación del novel coronavirus con mayor virulencia, que ha llevado a otros países y empresas privadas a adoptar estrategias de vacunación más severas que las divulgadas ayer.

Por ejemplo, el hospital y RWJBarnabas Health, uno de los sistemas hospitalarios más grandes de Nueva Jersey, despidió a seis supervisores que no se inocularon contra el covid-19. El equipo de los Vikings también botó a su coach Rick Dennison porque no se vacunó. La National Football League estableció medidas para evitar la propagación del covid-19, que retira privilegios a los jugadores y entrenadores que no se inoculan contra el virus. Un equipo también podría quedar eliminado si enfrenta un brote debido a la falta de vacunación de sus jugadores.

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Ya 602 colegios y universidades en Estados Unidos tienen alguna directriz que requiere que sus empleados y estudiantes se vacunen para plantar pie en el campus, según The Chronicle of Higher Education.

El alcalde la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, amplió el mandato de vacunación obligatoria a los empleados de la Gran Manzana. También urgió a los dueños y dueñas de negocios en la ciudad a requerir la vacunación a sus empleados y empleadas. Los estados de Virginia y California también adoptaron mandatos de vacunación.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron adoptó una política pública que exige que los empleados sector de la salud se vacunen. De incumplir con su directriz, estas personas no podrán trabajar y dejarán de recibir su salario. Además, es requisito mostrar evidencia de vacunación para acceder a todo evento, que reúna a más de 50 personas.

Desde el 1 de agosto, en el país galo se exigirá la evidencia de vacunación para entrar a los centros comerciales, bares, cafés y restaurantes, así como a las residencias de ancianos, clínicas y hospitales. Ese pasaporte también será requerido para subirse a los trenes, guaguas y aviones. Un día después del anuncio de Macron, 1.3 millones de franceses procuraron una cita para vacunarse.

Ante la posibilidad de que se falsifiquen las tarjetas de vacunación, Mellado López aseguró que ese documento de cartón preparado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tiene unas características que dificultan su reproducción. Anticipó también que pronto la agencia divulgará un nuevo pasaporte digital de vacunación.

La decisión de Pierluisi Urrutia ocurre luego de que el presidente Joe Biden reconoció que evalúa una medida para requerir la vacunación obligatoria para los empleados federales y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que las leyes federales no prohíben que un agencia pública o un patrono privado requiera la vacunación contra el covid-19 aunque solo tenga un permiso de uso de emergencia.

La semana pasada, un juez federal determinó que la Universidad de Indiana podrá exigir a sus estudiantes y empleados que se vacunen para retornar a la institución durante el nuevo semestre académico.

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Al justificar su decisión, Pierluisi Urrutia citó esos precedentes legales y recordó que el País se encuentra en medio de una emergencia salubrista.

En marzo del 2020, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced decretó un estado de emergencia por la pandemia que todavía sigue vigente.

“Hemos visto un alza significativa en la tasa de contagios del covid-19. No solo en Puerto Rico, sino a nivel nacional e internacional. La evidencia científica es clara en cuanto a que la vacuna funciona. Previene el virus y mitiga el riesgo de enfermedad grave y de muerte”, apuntó el mandatario.

“Las hospitalizaciones y las muertes están bajo control pero no podemos permitir que lleguen a niveles insostenibles. Nadie quiere toque de queda. Nadie quiere restricciones severas. La vacunación es la solución”, agregó.

El 59.5% de la población completó el ciclo de vacunación.

Ayer, la tasa de positividad alcanzó el 8%, mientras que el Departamento de Salud reportó cinco muertes. Otras 140 personas permanecían hospitalizadas (117 adultos y 23 menores). La Organización Mundial de la Salud establece que la positividad, uno de los indicadores para medir el avance del virus, no debe rebasar el umbral del 5%.

En su informe de recomendaciones, la Coalición Científica consignó que más del 90% de las muertes reportadas desde que se comenzó a vacunar la población el 15 de diciembre pasado se han reportado entre personas no vacunadas. También estimó que de no tomarse medidas y continuar el ritmo de crecimiento de los contagios, la Isla podría exceder los 1,500 casos diarios para el comienzo de clases en agosto, “lo cual sería un nuevo récord para Puerto Rico”.

Mira la Orden Ejecutiva aquí.