“Ahora o nunca”, la acción congresional para lograr igualdad para los territorios en programas sociales
Un congresista increpó al exgobernador Luis Fortuño con su cabildeo en el tema de Medicaid y Medicare.
Una vista congresional hoy reflejó apoyo bipartita a la propuesta del presidente Joseph Biden para que los territorios sean tratados como estados bajo unos programas de beneficiencia federal, particularmente, eliminando los topes de financiamiento de Medicaid y “moverse hacia la paridad” en el Seguro de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI, en inglés, un programa del Seguro Social) y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
La propuesta de la Administración Biden fue incluida en la solicitud presupuestaria de Casa Blanca en mayo pasado y es la opción política que el Presidente puso en marcha en un intento de cumplir con la paridad que prometió en la campaña y a la luz de que su administración también decidió seguir combatiendo esa igualdad en los tribunales a través del caso US v Vaello Madero.
Ese caso está pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo, con una próxima fecha clave el 30 de agosto, cuando la defensa de José Luis Vaello Madero debe contestar la insistencia de Justicia de combatir la decisión, incialmente del juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo A. Gelpí, de declarar inconstitucional el trato desigual a los residentes de Puerto Rico bajo el SSI. Hay otra decisión que surgió en Puerto Rico, y por lo menos un caso que surgió en Guam, que están paralizados a la expectativa de esa decisión del Supremo federal. En ambos, jueces federales han determinado que los programas deben aplicar por igual a los residentes de los territorios.
“El Presidente también apoya eliminar los límites de financiamiento de Medicaid para Puerto Rico y otros territorios a la vez que sus tasas de pareo se alinean con las de los estados (y, en adelante, moverse hacia la paridad en otros programas federales críticos, incluyendo SSI y SNAP)”, fue la expresión de Casa Blanca en el documento presupuestario.
Los ponentes en la vista fueron Donna Christensen y el exgobernador Luis G. Fortuño, ambos exrepresentantes congresionales de, respectivamente, Islas Vírgenes y Puerto Rico; la representante estatal de las Islas Marianas, Christina Marie Sablan; la investigadora ‘senior’ del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), Judith Solomon; y el licenciado Rodney Jacob, del bufete Calvo Fisher & Jacob, LLP, que tiene a su cargo el caso de Guam sobre la aplicación del SSI allí.
Los ponentes presentaron un frente para abogar por la aplicación igual de los programas a los estados, con la base de que los beneficios que aplican a unos ciudadanos americanos no deben apagarse dependiendo de dónde viven esos ciudadanos. Resaltó que, distinto a lo que sucede con este tema en la Isla, no surge que en los demás territorios este reclamo de igualdad sea materia de una discusión de status o de preferencias partidistas.
Solomon estableció que hay tres formas en las que los territorios reciben trato desigual bajo Medicaid.
La primera es que las asignaciones a los estados no tienen tope en Medicaid para la aportación que parea una porción de los fondos que el estado invierte. Pero los territorios tienen asignaciones fijas que no cubren sus necesidades y que, cuando se acaban, se acaban, sin poder cubrir necesidades imprevistas por emergencias.
La segunda es que la proporción de gastos de Medicaid que el gobierno federal cubre en los estados estados está basada en una fórmula que contrasta su nivel de ingreso per capita con el nivel nacional de ingreso per capita. Pero la proporción en los territorios está fijada en el 55 por ciento, cuando, de aplicarse la fórmula de los estados, subiría a alrededor de 83 por ciento.
La última es que los territorios no están sujetos a los mismos estándares de elegibilidad y beneficios porque no se les provee los recursos para cumplir con esos estándares. Por ejemplo, a Puerto Rico no aplican varios programas bajo Medicaid, como cuidado en hogares de adultos mayores, cuidados en el hogar, transportación médica que no es de emergencia o el espectro completo de ayudas para niños.
Solomon explicó que esto somete a los territorios a la angustia de tener que pedir asignaciones congresionales de emergencia, como sucede en Puerto Rico, y a la incapacidad de planificar a largo plazo la construcción de facilidades médicas y otros. Actualmente, los territorios enfrentan un plazo de fin de financiamiento el 30 de septiembre. Además de la incertidumbre de cada una de esas solicitudes, el Congreso también aprovecha las asignaciones para incluir requisitos especiales para los territorios, con distintos grados de dificultad en su cumplimiento.
“La importancia del financiamiento federal abierto no puede ser exagerada. Sin ello, los programas de Medicaid no pueden responder a un amento de necesidad durante recesiones, pandemias y desastres naturales. Tampoco puede el Medicaid innovar o aumentar tarifas de reembolso a proveedores para asegurar el acceso al cuidado médico, en vez, el programa debe mantener la elegibilidad y beneficios por debajo de lo que se necesita, y por debajo de lo que los residentes de los estados reciben”, explicó Salomon.
Sablan resaltó cómo el SNAP aplica en Guam, pero no en las Islas Marianas, que está a 35 minutos por avión de Guam. Similar a la experiencia de Puerto Rico, Guam se recupera todavía del azote del tifón Yutu en 2018, tiene una economía estancada y la pandemia acentuó graves desigualdades sociales. “Los americanos vulnerables, sin importar dónde vivan en el país, no deben tener que preocuparse de que se acabe el dinero en las redes de protección federal, como la asistencia nutricional, especialmente en tiempos de crisis, cuando la gente lo necesita más”, declaró.
Por su parte, Christensen relató los intentos que se han hecho, por décadas, para el trato igual de los territorios. “¡Puede ser ahora o nunca!”, exclamó sobre el trato igual a los territorios, a la vez que recordó con amargura que, incluso, hasta personas que no son ciudadanos, pero residen en los estados, pueden acceder a ciertos programas que se les niegan a los ciudadanos que residen en los territorios.
Uno de los intentos legislativos que Christensen trabajó, en 1999, no incluía a Puerto Rico porque “racionalizamos que Puerto Rico estaba en camino a la estadidad y se le extendería (el SSI) automáticamente”. El entonces comisionado residente Pedro Pierluisi Urrutia reintrodujo la legislación, incluyendo a la isla, en 2013.
Fortuño reforzó su argumento recordando los cientos de miles de puertorriqueños que han servido en las ramas militares de Estados Unidos y refrendó que “debe ser evidente ya que estos ‘precipicios’ de Medicaid y las asignaciones de emergencia crean incertidumbre significativa, impiden la planificación a largo plazo y no son una forma aceptable de gobernar”.
Un mimebro del Comité de Recursos Naturales de la cámara federal, que celebró la vista, Jesús “Chuy” García (demócrata por Illinois que sustituyó al puertorriqueño Luis Gutiérrez), incomodó a Fortuño al presentarle que en un correo electrónico enviado en su trabajo como cabildero había abogado por una medida que solo proveía financiamiento por cuatro años, en vez de igualdad definitiva. Pero el exgobernador ripostó que, “con todo respeto”, el cliente que yo represento siempre ha apoyado la paridad real para la isla, esto no es un tema que se preste a la política partidista y el que quiera involucrarlo con política partidista debe avergonzarse”.
Según el <a href="https://disclosurespreview.house.gov/?index=%22lobbying-disclosures%22&size=10&from=20&keyword=%22fortuno%22&sort=[</p><p class='body_json'>{%22_score%22:true}</p><p class='article__body main'>,</p><p class='body_json'>{%22field%22:%22reportYear%22,%22order%22:%22desc%22}</p><p class='article__body main'>]" id="link-5a3185a3fe861adfbc43e8bc4cc422d1" target="_blank">Registro de Cabilderos de la Cámara federal,</a> Fortuño representa a la Asociación de Productos Medicaid y Medicare de Puerto Rico a través del bufete Steptoe & Johnson LLC. Bajo ese mismo bufete, está registrado como cabildero de Starkist y 7-Eleven Inc.
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