El Primer Ejecutivo ha promulgado 56 órdenes ejecutivas desde que llegó a La Fortaleza.

Desde que asumió las riendas del País, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia ha promulgado 56 órdenes ejecutivas en seis meses.

Aunque parece un número elevado, esa cantidad de decretos se asemeja al número de directrices ejecutivas emitidas por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y por el exgobernador Alejandro García Padilla. Seis meses después de jurar al cargo tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, Vázquez Garced aprobó 56 órdenes y García Padilla estampó su rúbrica sobre 57.

Para el mismo término, Rosselló Nevares -ahora delegado congresional- firmó 40 decretos. Los tres gobernadores que precedieron a Pierluisi Urrutia contaban con una Asamblea Legislativa de su partido contrario a Pierluisi Urrutia que gobierna en tiempos del llamado gobierno plural.

Tan pronto plantaron pie en La Fortaleza, los cuatro nombraron al administrador o administradora de la Oficina del Gobernador o Gobernadora. Pero entre sus primeros decretos también se coló el sabor de su gestión.

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Las primeras órdenes ejecutivas de actual morador del Palacio de Santa Catalina ordenaron al secretario de Salud, Carlos Mellado López, iniciar una campaña masiva de prueba de detección del covid-19, al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, establecer acuerdos de colaboración con agencias federales para atacar la corrupción y prohibir la colocación de la foto oficial del Gobernador en las agencias de gobierno.

En su primeros días en la Mansión Ejecutiva, Vázquez Garced -única gobernante en llegar al poder por orden de sucesoral- autorizó la movilización de la Guardia Nacional para ayudar en el proceso de búsqueda y rescate de cuatro personas desaparecidas en el área de los cayos Icacos y Palomino. Estableció las normas para la utilización de vehículos oficiales y escoltas en la Rama Ejecutiva y decretó un estado de emergencia por el paso de la tormenta tropical Dorian, que vino acompañada de otra activación de la Guardia Nacional.

A su llegada a La Fortaleza, Rosselló Nevares -el primer gobernante en la historia de Puerto Rico en renunciar al cargo en medio protestas ciudadanas por la divulgación de un chat que mezclaba asuntos de trabajo con ataques misógenos y burlones contra sus opositores- a sus decretó medidas de control fiscal y reconstrucción económica. Cuatro meses después, el Gobierno se declaró en quiebra para el Título III de la Ley federal Promesa para empezar el todavía inconcluso proceso para reestructura la deuda pública. Rosselló Nevares también promovió directrices para promover el bilingüismo y garantizar igual para por igual trabajo en un intento por lograr equidad salarial para las mujeres.

Cuatro años antes, García Padilla ordenó que el nombre del Estado Libre Asociado (ELA) se volviera a utilizar en los documentos oficiales del gobierno. Los gobierno azules, como el actual, rechazan mencionar el ELA y adoptan el apelativo de Gobierno de Puerto Rico. García Padilla también promulgó una orden ejecutiva para el control de gastos.

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Pierluisi Urrutia al timón

En los primeros seis meses, las órdenes ejecutivas de Pierluisi Urrutia han utilizado las órdenes ejecutivas para atender problemas viejos con la ayuda de la Guardia Nacional e intentar dejar un legado en la lucha contra la violencia de género.

Más allá de las directrices para manejar la pandemia del covid-19, el excomisionado residente ha firmado directrices para que la Guardia Nacional apoye a la Autoridad de Transporte Marítimo en la transportación de pasajeros y carga a las islas de Vieques y Culebra y decretó una emergencia ambiental para que estos militares también ayuden a recoger los neumáticos de las gomeras.

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A tono con el plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista, adoptó como política pública la aceleración del gobierno digital, el desarrollo de la intercomunicación e interoperabilidad de los sistemas de tecnología del gobierno y ordenó a Enrique Volckers Nin, principal oficial de Innovación e Información del Gobierno, a establecer un sistema de identidad electrónica de acceso en línea y un portal informativo ciudadano.

Ante los reclamos de las feministas, decretó un estado de emergencia para frenar la violencia de género y nombró al Comité Pare que realiza recomendaciones al Ejecutivo para adoptar una política pública integrada que incluya entre otras propuestas un currículo con perspectiva de género, estadísticas confiables y protocolos que atiendan este flagelo.

También decretó otro estado de emergencia para intentar trabajar con celeridad los trabajos de acondicionamiento de los planteles ante el regreso a las clases presenciales en tres semanas. Mediante orden ejecutiva, creó Concilio de Reconstrucción y el Comité de Fiscalización del contrato de LUMA Energy, consorcio privado que desde el 1 de junio administra la red eléctrica y otros servicios administrativos de la Autoridad de Energía Eléctrica.