Reclamación en el Tribunal Federal va contra fiscal de distrito que, a pesar de otras querellas e investigaciones, se mantiene en puesto de supervisión y recibe ascenso.

Una empleada de más de 30 años del Departamento de Justicia demandó a la dependencia en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico alegando daños por el discrimen racial a la que la sometió el fiscal de Distrito, Jorge Eli Carrión Ramos, y por la inacción de los gerentes principales del departamento.

Carrión Ramos es un fiscal que tiene otras querellas de hostigamiento laboral y por género y que en 2019 fue referido a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por una querella de hostigamiento laboral y de género que le sometió la fiscal Yalí Quiroga Rodríguez, que fue archivada por ese ente después de una evaluación del expediente. No empece estas situaciones, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced lo ascendió y hoy aparece como fiscal de Distrito en Utuado. Como fiscal en Fajardo en 2009, Carrión Ramos autorizó la radicación de cargos contra Roberto García Díaz por arrojar huevos al entonces gobernador, Luis Fortuño.

“En este caso se alega discrimen racial excesivo de parte de (Carrión Ramos) y complacencia e inacción total de parte del Gobierno de Puerto Rico”, plantea el escrito.

Los hechos objeto de la demanda, sometida en abril pasado, ocurrieron cuando Carrión Ramos se desempeñó como fiscal de Distrito interino en San Juan en 2019. La demandante, Ivelisse Calderón Alibrán, es una funcionaria de raza negra que ha servido en esa fiscalía de distrito desde 1989 como administradora de la oficina.

El escrito de las abogadas Mary Jo Méndez y Judith Berkan la describe como “de piel bien oscura e indudablemente reconocible como puertorriqueña negra o afropuertorriqueña”. También, acredita que la experiencia que Calderón Alibrán había acumulado en su función, que es equivalente a ser la mano derecha del fiscal de Distrito, le había generado evaluaciones laborales positivas constantes y el reconocimiento de los exfiscales de Distrito Manuel Rodríguez Córdova, José Capó Rivera, Juan Corchado Juarbe, Sonia O. Martínez de Andino, Melissa Vázquez Sandoval, Emilio Aril García, Carmen I. Ortiz Rodríguez, Mabel Ruiz-Soto y Alma Méndez Ríos.

Sin embargo, al llegar al cargo en abril de 2019, Carrión Ramos buscó “invisibilizarla”, alterándole sus funciones y hasta la ubicación de su escritorio de manera que ni él ni el público tuvieran que interactuar con ella o siquiera verla. Sacarla de su lado, lo haría “más cachendoso”, en palabras suyas que la demanda cita. Carrión Ramos mostraba incomodidad al interactuar con ella y otra funcionaria de raza negra la cual, de hecho, era la otra persona que podía hacer sus funciones, pero no la designaban para ello cuando la demandante no estaba en la oficina.

Las acciones y expresiones de Carrión Ramos provocaron que Calderón Alibrán tuviera que recibir tratamiento médico y psiquiátrico de emergencia así como recurrir a los servicios de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado por primera vez en su carrera.

La demandante obtuvo autorización del Departamento de Justicia federal y la Comisión federal de Igual Oportunidad en el Empleo. El documento alega que Calderón Alibrán sometió una querella contra Carrión Ramos ante la Oficina de la Secretaria de Justicia que fue desestimada sin entrevistar a sus testigos, a la vez que mantenían activa otra querella que Carrión Ramos le sometió.

“Las acciones del Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico y sus oficiales de alto nivel constituyen discriminación racial intencional”, asegura la demanda.

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