El reporte reflejó 9,602 millones en ingresos y $9,091 millones en gastos, para un “sobrante” de $511 millones.

El gobierno de Puerto Rico publicó ayer sus estados financieros correspondientes al año fiscal 2018 en el que se destaca que la relación entre los ingresos y gastos del Fondo General resultó en un “sobrante” de $511 millones, producto de $9,602 millones en ingresos y $9,091 millones en gastos.

Esa, sin embargo, no es toda la realidad de la situación fiscal del país en ese momento, pues el documento revela que entre el Gobierno Primario de Puerto Rico y sus agencias o corporaciones que operan como “negocios” tenían un déficit acumulado de $72,500 millones. Dicha cifra incluye la deuda pública vigente entonces.

El resultado auditado del balance positivo de ingresos y gastos del Fondo General cobra importancia por el hecho de que una de las condiciones para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal es que el gobierno de Puerto Rico logre, al menos, cuatro presupuestos balanceados.

El documento no obvia el hecho de que buena parte de esos buenos resultados presupuestarios son producto de la reducción de gastos que generó la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobada en el 2014. (Ley 66 de 2014)

Esta fue la que dispuso la reducción en la nómina gubernamental; congeló las aportaciones basadas en fórmulas que hacía el Fondo General a la Universidad de Puerto Rico, la Rama Judicial y a los Municipios; redujo los gastos de transporte de estudiantes, reclutamiento de maestros y las aportaciones a su plan de retiro; y que redujo las llamadas asignaciones especiales y también algunos subsidios a diferentes programas.

Durante ese año fiscal, cerca del 57% de los ingresos del gobierno provinieron de impuestos y otro 37% de aportaciones, principalmente del gobierno federal

Los gastos gubernamentales mayores fueron en vivienda pública y programas de bienestar (welfare) con un 21%, seguido por el área de educación con un 18%, Salud otro 18% y un 12% para seguridad. El 7% se destinó a la operación gubernamental.

Se señala, por otra parte, que el total de gastos en el sector gubernamental que opera tipo negocio, que incluye las corporaciones públicas y otras entidades como la Administración de Seguros de Salud y los sistemas de retiro, entre muchas otras, los gastos superaron los ingresos por aproximadamente $223 millones. Esa deficiencia, se indica, fue cubierta por transferencias de otros fondos gubernamentales, que totalizaron $447 millones.

Un importante detalle que se incluye en este documento es el hecho de que, desde el 1ro de julio de 2016 al 31 de mayo de 2021, el gobierno de Puerto Rico ha dejado de pagar cerca de $5,500 millones de su deuda pública.

El anuncio de la publicación de estos estados financieros lo hizo el gobernador, Pedro Pierluisi, que expresó inmensa satisfacción al informar que “continuamos poniendo en orden las finanzas de Puerto Rico y restaurando nuestra credibilidad ante los mercados financieros para salir de la quiebra y de la Junta de Supervisión (Fiscal)”.

Sostuvo que la “disciplina fiscal” que han desarrollado desde el Departamento de Hacienda, que se materializa con la emisión de estos estados financieros, “es la mayor defensa para los empleados públicos, así como para garantizar las pensiones y los servicios a los ciudadanos”.

Destacó que durante el pasado mes de septiembre se emitieron los estados financieros del año 2017, por lo que en un mismo año fiscal se publicaron dos estados financieros auditados y anticipó que en diciembre estarán listos los correspondientes al año 2019.

El secretario de Hacienda y Principal Oficial Financiero del Gobierno, Francisco Parés Alicea, resumió por su parte el resultado de este ejercicio al señalar que “para el 2018, los estados financieros del Gobierno primario reflejaron activos y diferidos totales de $28,871 millones y pasivos y diferidos totales de $101,359 millones, incluyendo la deuda pública”. Ese es el balance negativo señalado de los cerca de $72,500 millones.

Celebró que el informe de los auditores independientes de los estados financieros del año 2018, incluyendo las Actividades Gubernamentales y el Fondo General, recibieron opiniones sin salvedad de parte de los auditores independientes. Tanto el Fondo General como los fondos del servicio a la deuda del Gobierno Central, incluyendo a COFINA, han recibido opiniones sin salvedad desde 2015, dijo.

“El balance de un presupuesto nace de una proyección adecuada y de una ejecución disciplinada. El año 2018 marca un año importante pues los desembolsos no excedieron los ingresos corrientes”, expresó Parés Alicea.

Aseguró que el año 2021 marca un cambio en el tono sobre la emisión de los Estados Financieros.