Existe malestar entre los cabilderos por la estadidad por la falta de información relacionada al salario que devengarán y sus obligaciones.

Al reaccionar al malestar de los cabilderos por la estadidad, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aclaró hoy que los seis delegados congresionales no son empleados o empleadas de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés).

Señaló también que tampoco se ha establecido el salario que recibirán los tres delegados a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Elizabeth Torres Rodríguez, Roberto Lefranc Fortuño y la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, y las dos delegadas al Senado, la exsenadora Melinda Romero Donnelly y la exsecretaria de Corrección Zoraida Buxó Santiago.

El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, cuya certificación como delegado a la Cámara federal se encuentra en pugna, rechazó el salario.

“En ningún momento, se ha hablado de que los delegados congresionales serán empleados de PRFAA”, apuntó en declaraciones escritas a NotiCel.

“PRFAA sí velará por el buen uso de los fondos públicos mediante un reglamento y proveerá todo el apoyo necesario a los delegados. La Ley establece que el trabajo de los delegados es a tiempo completo y el sueldo se determinará tan pronto se sepa cómo queda finalizado el presupuesto del próximo año fiscal”, agregó desde la capital federal.

Lea también: En peligro la juramentación de los delegados por la estadidad

La vaguedad de la Ley 167 o Ley para crear la Delegación la Delegación Congresional ha provocado discrepancias entre los cabilderos y la PRFAA. Dicho estatuto no estipula de forma clara las obligaciones de la delegación. Tampoco establece un salario, ni asigna los fondos para sufragar los gastos de los cabilderos y cabilderas, que entrarían en función el 1 de julio.

“Los gastos permitidos de la Delegación y los salarios de los delegados serán sufragados por los fondos asignados a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico”, reza la Ley.

Ante esta situación, la directora de PRFAA, Carmen Feliciano Márquez, y su equipo de trabajo elaboraron un reglamento para establecer las obligaciones y los salarios de los seis delegados, que no ha sido divulgado. Pero previo a ese ejercicio, el senador y secretario del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos Santiago, anticipó que se evaluaba una propuesta para fijar un salario de $120,000.

Esa propuesta también proponía que los cabilderos que residieran en la Isla recibieran un salario de $80,000 con un tope de reembolsos de $40,000.

Pero esta mañana, Romero Donnelly reveló que la juramentación de los delegados electos estaba en peligro por un malestar generalizado ante las dudas que existen sobre el salario que recibirán y su falta de participación en el proceso de elaboración del reglamento.

La juramentación de los delegados electos debe realizarse el 1 de julio y deberían reportarse a PRFAA el 5 cuando ambas cámaras del Congreso federal estarán en receso.

“Yo tengo que cumplir con unas responsabilidades económicas. Yo sé que eso a mucha gente le molesta. Hay unas expectativas de un salario que mucha gente mencionó en el proceso de campaña que yo no pretendo que sea esa cuantía, pero tiene que ser razonable para mí. Que yo pueda mantener mis responsabilidades económicas en Puerto Rico y añadir que tengo que viajar constantemente y quedarme en Washington durante el tiempo que tenga que estar allá”, senaló Romero Donnelly en entrevista con “El push de la mañana” de NotiCel.

“Ellos han tirado varios números, pero no han dicho finalmente. Un salario de $80,000 o $90,000 con un tope para reembolsos es lo que más se comenta, pero nosotros hemos objetado la partida de los reembolsos por varias razones: ¿cómo se va a justificar los reembolsos? ¿qué va a ser reembolsable y qué no? Eso tampoco lo sabemos. Si yo estoy en Washington, ¿cómo yo puedo justificar un viaje a Puerto Rico para llevar a mi mamá a una cita médica? Pero es un gasto que tengo que hacer. Esas cosas las objetamos”, abundó.

Lea también: Cabilderos tendrán salario de $120,000, pese a que el Gobernador lo negó

Aseguró que los delegados prefieren un salario fijo sin reembolsos y que la propuesta para establecer un salario de $90,000 es irrazonable para el costo de vida y los gastos en Washington DC. Subrayó también que los delegados son funcionarios electos y no empleados o empleadas de Prfaa.

“Hicimos unos cálculos entre todos y entendemos que $150,000 es una cantidad razonable para no tener que pedir reembolsos y cumplir con la responsabilidad de estar allá y mantener la vida de uno en Puerto Rico”, indicó.

El Gobernador devenga un salario de $75,000 al año, pero la Comisionada Residente recibe un salario $174,000, que salen de las arcas de la Cámara de Representantes federal.