La respuesta de la Cámara de Representantes al escándalo en el municipio de Mayagüez no ha sido llevada a votación del cuerpo y la comisión a cargo no está habilitada.

Hace casi dos meses, la mayoría legislativa del Partido Popular Democrático (PPD), realizó un anuncio de alto nivel en el que, como respuesta a los escándalos que todavía están sin resolver con las finanzas y propiedades públicas del Municipio de Mayagüez, se dijo que todos los municipios serían investigados de manera “exhaustiva” para conocer qué han hecho durante los últimos 10 años con sus franquicias comerciales o empresas corporativas municipales.

Al día de hoy, la pesquisa no se ha movido un centímetro porque la resolución investigativa no se ha llevado a votación del cuerpo y, más directamente, tampoco ha sido aprobada la resolución que habilita a la comisión que realizaría la investigación.

Para que las comisiones legislativas puedan descargar sus responsabilidad con peso de ley, el cuerpo debe aprobar una resolución que establezca sus funciones y poderes. Sobre esa resolución habilitadora se realizan todas las demás investigaciones específicas que se puedan aprobar y encomendarle.

El representante Ángel A. Fourquet Cordero, presidente de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos, confirmó el status de la resolución radicada el 5 de abril que anunció en conferencia de prensa con la representante Jocelyne Rodríguez Negrón y el propio presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez. “Estoy esperando que se apruebe y se asigne a mi comisión formalmente”, dijo a preguntas de NotiCel.

Fourquet Cordero inicialmente indicó que el atraso se debió a la suspensión de operaciones en la Cámara por un brote de Covid-19, pero aceptó que esa emergencia ya pasó y que su resolución, y decenas de otras resoluciones investigativas, se encuentran paralizadas en un “ataponamiento” que existe en la Comisión de Asuntos Internos, que preside el representante Ángel Matos.

“Hay un pequeño ataponamiento en la Comisión de Asuntos Internos y sé que hay un issue porque tuve que intervenir directamente con personal de la comisión para pedirle agilidad en ese asunto y en otros relacionados… ellos dicen que el volumen de resoluciones investigativas es bien alto”, sostuvo Fourquet Cordero.

El legislador tiene listos requerimientos de información dirigidos a los municipios de Mayagüez, Aguadilla y Bayamón, los primeros que serían sometidos a vista pública, aunque se supone que los 78 municipios recibirán requerimientos. Pero, para diligenciarlos, necesita que esté aprobada la resolución que habilita a su comisión (la 301) y la resolución que ordena investigar las franquicias y corporaciones municipales (la 346). Fourquet Cordero planteó que también está listo para emitir los requerimientos solo bajo la autoridad de la resolución 301, tan pronto se apruebe.

-Como coautor de la medida y presidente de la comisión a cargo, ¿no está incómodo con que una investigación anunciada como se anunció esta, todavía no arranque?

-Ciertamente, me sentí un poco incómodo con la situación al punto que lo consulté para poder mover, analizamos la posibilidad de tramitarla bajo la resolución sombrilla de la comisión (301).

“Quiero llevar a cabo esta investigación de manera ágil… podría hacer la primera vista en junio, sin esperar a que se contesten los requerimientos, estimo que habrá más de una vista pública”, aseguró. Cuando se radicó la resolución, se habían prometido vistas para dos semanas después, en abril.

Esta resolución recibió críticas de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) que la tildó de un “toallazo” de Hernández Montañez al alcalde de Mayagüez y pidieron que la que se aprobara fuera una del representante José Aponte que trata exclusivamente sobre los escándalos de Mayagüez.

Mayagüez, que está bajo el mando del PPD, es el único de los municipios que tiene a una corporación municipal, la Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), involucrada en una acusación criminal federal que incluye a exfuncionarios y también en al menos cuatro pleitos de naturaleza civil relacionados con sus ejecutorias. Particularmente, en tres de ellos MEDI usó propiedades públicas del ayuntamiento como colateral para distintos financiamientos de proyectos con entidades privadas.

Además de los municipios, Fourquet Cordero podría citar a entidades privadas. Hay dos cooperativas y una firma de inversiones enfrascadas en demandas con MEDI y el municipio. En los tres pleitos se ha dado el cuadro de que el municipio comparece como ente independiente de MEDI a plantear que todo lo que hizo MEDI era ilegal y que las entidades privadas que hicieron negocios con MEDI debían saber que no era posible entrar en transacciones financieras que hipotecaran a bienes públicos del ayuntamiento.

La ciudad ha llegado al punto de plantear que documentos formales de MEDI son falsos o no deben ser creídos, a pesar de que el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez es, a la vez, el presidente de la Junta de Directores de MEDI, de que la Junta de MEDI está compuesta enteramente por funcionarios de confianza del alcalde y de que hay documentos en los que el alcalde aprueba con su firma los trámites de MEDI con los edificios y propiedades de la ciudad. MEDI ha pedido que al menos uno de los pleitos sea tramitado como “litigación compleja”.

Ninguno de los tres pleitos tiene resolución final todavía, como tampoco la tiene una demanda que entabló el municipio contra los protagonistas del supuesto esquema de fraude con una inversión de $9 millones que fue lo que generó la acusación federal. Dicho caso criminal federal está en etapas iniciales y todavía no ha producido eventos determinantes.

Otra cosa que no ha ocurrido en la Cámara sobre esta investigación es la evaluación de si la representante Rodríguez Negrón debe inhibirse, aunque es coautora de la resolución 346, debido a que, hasta diciembre pasado, ostentaba un puesto de confianza en el municipio de asesoría directa a Rodríguez Rodríguez.

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