La transición del ICF a ser independiente todavía no se ha completado. Conte Miller indicó que los empleados se integrarán nuevamente al ICF a partir del 1 de julio.

A ocho meses de concedérsele su independencia, los 35 empleados del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) todavía laboran como destaques bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP), por lo que la separación de la agencia todavía no se ha completado en su totalidad.

La directora ejecutiva del ICF, María Conte Miller, indicó que los trabajadores se integrarán nuevamente a la agencia a partir del 1 de julio.

Según la funcionaria, en el ICF no se logró una ‘’rapidez y eficiencia’’ administrativa, pues se retrasaban las labores a causa del DSP. Este fue uno de los detonantes para que Conte Miller fuera vocal sobre la separación del ICF el pasado cuatrienio, cosa que se convirtió en una realidad por ley en septiembre de 2020.

Durante la firma del estatuto, Conte Miller afirmó que se trataba de más de 40 empleados que fueron absorbidos a nivel administrativo por el DSP, pero que al recobrar su independencia, habría un proceso de transición de tres meses para que esos trabajadores regresaran a sus puestos originales. No obstante, han pasado ocho meses.

“El modelo administrativo definitivamente ha sido la raíz de los problemas para que el funcionamiento de la sombrilla se haya visto afectado de manera considerable’’, destacó Conte Miller ante la Comisión de Seguridad Pública, Ciencias y Tecnología de la Cámara de Representantes.

Mientras que no abogó directamente por desaparecer al DSP como agencia sombrilla, la Directora Ejecutiva del ICF reiteró que esta entidad atrasa los procesos e incide en el funcionamiento óptimo de las otras seis dependencias que agrupa.

Uno de los ejemplos que ofreció fue en el renglón de compra de equipos y materiales, pues al DSP se le otorgaron $20 millones para fortalecer y mejorar los Negociados, pero al ICF solo le tocaron $530,000.

Aunque la capa adicional de burocracia que trajo consigo la creación del DSP era mucho más que un secreto a voces, la Directora Ejecutiva del ICF nuevamente le puso cara y le dio peso a los señalamientos.

“Actualmente el Instituto de Ciencias Forenses actúa como una entidad autónoma e independiente. Por tanto, les corresponde a los componentes del Departamento de Seguridad Pública expresarse sobre los propósitos y finalidades que persigue la medida", expresó Conte Miller sobre la eliminación del DSP.

A esto añadió: "Por asuntos estrictamente de prudencia y deferencia, nos subrogamos en la opinión que a su bien tengan que emitir estas entidades y corresponde a cada Negociado exponer su posición en cuanto al funcionamiento interno de sus dependencias y expresar si la consolidación fue efectiva, y si no lo fue, las razones para ello’’.

En una vista pública previa se reveló que el comité que debía garantizar una transición rápida y efectiva hacia el DSP tras su creación y que estableciera los parámetros para la reubicación de empleados existió por poco tiempo y no completó sus tareas.

Esto llevó al representante Ramón Luis Cruz Burgos, presidente de la Comisión, a concluir que parte de las fallas en el funcionamiento de la agencia sombrilla se atribuyeron a que, desde su creación, no se siguió lo establecido en la Ley 20 de 2017, su ley orgánica.

“Es una sombrilla que nos ha atrasado y se ha dirigido a una burocracia desmedida, donde entiendo que ya es hora de que todas las agencias puedan volver a su independencia y recuperar su propia autonomía y criterio para que brinden un servicio más eficaz y responsable. La sombrilla no funciona’’, declaró Cruz Burgos.

Con la salida del ICF, el DSP continúa como sombrilla de los negociados de: Policía, Bomberos, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Emergencias Médicas, 9-1-1 e Investigaciones Especiales.

La investigación de Cruz Burgos tiene como fin evaluar si se debe eliminar el DSP y que cada agencia vuelva a ser independiente.

Como parte del proceso de vistas públicas, Gerson Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), avaló la pieza legislativa al asegurar que la consolidación de los negociados ha provocado una pérdida de fondos y ha añadido burocracia.

Mientras, Liz Melanie Colón Alicea, presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública y su Administración con Recursos Humanos y Finanzas eran dos de los sectores que más se han perjudicado en los negociados con la consolidación.