Pierluisi insiste en su versión del presupuesto
Vuelve a incluir partidas rechazadas por la JSF, como los fondos para la delegación congresional y los municipios.
Por tercera ocasión, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia presentó una propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021-2022 que contempla partidas previamente vetadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), como las asignaciones para los municipios, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la delegación congresional.
También auguró el regreso a la normalidad después de superar catástrofes naturales y económicas en la antela de una nueva Orden Ejecutiva, que a juzgar por los indicadores epidemiológicos permitirá una mayor relajación de las medidas de prevención para evitar la propagación del covid-19.
Pero contrario a las ocasiones previas, que se limitaron a intercambios privados con el ente fiscal, ayer el Primer Ejecutivo ofreció los detalles de su propuesta durante un Mensaje de Presupuesto, que ofreció desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes con todo el rigor y la solemnidad de los eventos oficiales.
Aunque inicialmente descartó ofrecer este tipo de mensaje, que la oposición calificó como una escenificación del muro de las lamentaciones, Pierluisi Urrutia entró al ‘floor’ de la Cámara Baja al filo de las 5:30 p.m. en medio de aplausos y los saludos de choques de puños comunes en tiempos pandémicos.
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Minutos antes, un sonriente secretario de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez -cuyo nombramiento se ha convertido en una ficha de canje para la delegación del Partido Popular Democrático (PPD)- entró al salón entre vítores y aplausos antecedido por solo cuatro de los ochos jueces y juezas del Tribunal Supremo: Mildred Pabón Charneco, Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Edgardo Rivera García. Todos vinculados al ala estadista de la curia.
Vestido con un traje azul oscuro, camisa blanca y una corbata azul claro, el Gobernador se removió la mascarilla antes de iniciar una alocución, que se extendió 25 minutos.
“Nuestro pueblo necesita de nosotros. Nuestra gente necesita que unidos busquemos las soluciones a los retos que tenemos por delante. Llevamos demasiado tiempo en modo de crisis. Hemos tenido que enfrentar huracanes, terremotos, la pandemia y la quiebra del gobierno”, afirmó.
"Hemos empezado a superar la pandemia y estamos listos para retomar la normalidad. Hemos subsistido en la quiebra y estamos logrando salir de ella y regresar al progreso”, agregó.
Como quien extiende una rama de olivo, Pierluisi Urritia primero repasó las reasignaciones presupuestarias avaladas por la JSF previo a que iniciara el proceso de negociación del presupuesto. Mencionó, por ejemplo, las partidas para combatir la violencia de género, los trabajos de reconstrucción del sur de la Isla, asediada por temblores y terremotos, la reparación de las escuelas con columnas cortas, la emergencia en el sistema de transportación a Vieques y Culebra y el dinero para atender las deficiencias del programa de residencias de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, cuya acreditación peligra por esas fallas.
También identificó las partidas de su propuesta que sobrevivieron a la evaluación de la JSF y que forman parte del presupuesto que el ente fiscal envió para la aprobación de la Legislatura el pasado 10 de mayo.
“El mismo contiene algunas de las asignaciones de recursos que solicitamos, como $6.8 millones para combatir la violencia de género, $11.5 millones para comenzar un proyecto piloto de inversión en el servicio público, $1.2 millones para combatir el cambio climático, y más de $2 millones para programas de asistencia social y contra la pobreza”, apuntó.
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“Sin embargo, la resolución de presupuesto sometida por la Junta de Supervisión se ha quedado corta en múltiples áreas. Por consiguiente, en el día de hoy (ayer) les estoy presentando una resolución de presupuesto enmendada para incluir los recursos adicionales que necesitamos para que Puerto Rico progrese”, agregó.
Partiendo de esa premisa, Pierluisi Urrutia propuso utilizar los $50 millones asignados para los Juegos Centroamericanos -cuya sede la Isla procuró pero luego descartó- para establecer un programa de primeras oportunidades de empleos para jóvenes y restituir $10 millones adicionales al presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico para incentivar la economía y aprovechar la exención de las leyes de cabotaje aéreo.
Entonces, en medio de su defensa de los municipios -y justo después de reiterar su compromiso con las pensiones de los empleados públicos- el recinto comenzó a poblarse de pancartas con mensajes de repudio a la transacción que convertirá a LUMA Energy en el administrador del sistema eléctrico y de las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, a partir del 1 de junio. El Gobernador vetó una medida que proponía aplazar esa transferencia del servicio hasta enero del año próximo para insertar enmiendas al polémico contrato del operador privado.
Sentados en sus bancas o de pie, representantes populares mostraron carteles que decían: “El contrato de LUMA es malo, malo, malo”. “Pierluisi y Seilhamer respeten a los trabajadores”. “No a LUMA”. "El sur sigue sin escuelas". Por unos segundos, los aplausos se enredaron con pitos de desaprobación. Fue el único momento en que el Gobernador se apartó de su mensaje escrito y cambió el tono de su voz.
“Siempre van a haber diferencias hermanas y hermanas, pero hoy yo vine aquí a concentrarme en lo que nos une. Así que los exhorto a atender las áreas puntuales que voy a señalar, que son fallas en ese presupuesto que sometió la Junta de Supervisión”, rogó el mandatario.
Esta tercera propuesta de presupuesto de Pierluisi Urrutia enviada para la aprobación de la Asamblea Legislativa consigna $132 millones para los municipios y $550,000 “para que tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes puedan apoyar a los primeros mandatarios municipales en su gestión. También mantiene la asignación anual de $560 millones a la UPR, $15 millones para los aumentos de sueldos a los oficiales correccionales, $3.2 millones adicionales para el Departamento de la Familia, $2.8 millones adicionales para el Departamento de Justicia y $5 millones para sufragar la nómina del Departamento de Salud.
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Además, destina $7 millones para cumplir los servicios que necesita la población con discapacidad intelectual y para establecer una reserva de $10 millones ordenada por el Tribunal Federal en cumplimiento con el caso federal.
Aunque no precisó el monto de la partida, el Mandatario señaló que este presupuesto contendrá una partida para costear los gastos de la delegación congresional, que iniciará labores de cabildeo en la capital federal a partir del 1 de julio. Ya la Junta rechazó una petición presupuestaria de $1.4 millones para esos fines y requirió que este asunto se trabaje de manera consensuada con la Asamblea Legislativa.
Las delegaciones del PPD, el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana rechazaron la celebración de la elección y la propuesta para destacar a seis cabilderos para cabildear por la estadidad porque se trata de un asunto ideológico del Partido Nuevo Progresista, que insisten no deben costearse con fondos públicos.
“La Resolución de presupuesto sometida por la Junta de Supervisión destina la cantidad $10,112 millones al Fondo General. La Resolución enmendada que yo les estoy sometiendo aumenta esa asignación a $10,345 millones, es decir un aumento de $233 millones. Es un aumento prudente y razonable”, apuntó Pierluisi Urrutia.
La primera propuesta de presupuesto presentada por el Gobernador en febrero pasado ascendía a $10,712 millones.
En esta última propuesta el Mandatario también insistió en que el gobierno federal lanzará un salvavidas al gobierno de Puerto Rico para evitar que colapse el sistema de salud público.
“Les recuerdo que actualmente el programa de Medicaid en Puerto Rico está recibiendo aproximadamente $2,800 millones del gobierno federal por medio de una ley especial, y en los pasados años ha recibido sumas similares para financiar el programa de salud del gobierno”, acentuó el Gobernador, durante un mensaje al que se ausentó la delegación pipiola.
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“A pesar de esto, en el plan fiscal y en el presupuesto, la Junta está asumiendo, incorrectamente en mi opinión, que a partir de octubre de este año esa cantidad va a reducirse a los aproximadamente $400 millones que recibimos por la ley de Medicaid”, abundó.
Pese a que Pierluisi Urrutia presentó un borrador del plan fiscal para los próximos cinco años, que apuesta a una inyección permanente en fondos federales de Medicaid para costear el sistema de salud público y liberar recursos para otros programas gubernamentales, la Junta lo rechazó porque viola disposiciones de la Ley federal Promesa al incluir fondos que ni siquiera han sido legislados.
Debido a este análisis defectuoso, según Pierluisi Urrutia, la Junta está proponiendo recortes excesivos e innecesarios, que afectarán la capacidad del Gobierno para operar y ofrecer servicios esenciales.
“Es absurdo pensar que el gobierno federal permitirá el precipicio fiscal que se avecina en nuestro programa de Medicaid, pues es obvio que contaremos con los recursos federales necesarios para darle a nuestra población vulnerable los servicios de salud que merece”, aseguró.
“Hermanas y hermanos puertorriqueños, el futuro de Puerto Rico Promete. Ya podemos ver la luz al final del túnel de esta pandemia, podemos ver que la reconstrucción de Puerto Rico está encaminada y que la recuperación económica ha comenzado. Todos tenemos que estar enfocados en hacer lo que hay que hacer para lograr ese progreso que cada uno de nosotros espera y necesita”, concluyó.
Al someter su versión del presupuesto, la Junta convocó a las partes a trabajar en colaboración. La Asamblea tiene que devolver el presupuesto aprobado a la JSF el 18 de junio para que el ente fiscal lo apruebe el 30 de junio. El presupuesto entra en vigor el próximo 1 de julio.
La semana pasada, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez anticipó su intensión de aprobar -por primera vez desde la imposición de la Junta hace cinco años- un presupuesto elaborado en consenso entre el ente fiscal, el Ejecutivo y la Legislatura. Ahora tiene dos presupuestos ante su consideración.