La OEG resaltó el caso a la luz de su decisión de que lo delegados congresionales electos el domingo tendrán que someter informes financieros.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) llegó a un acuerdo con el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter M. Higgins III, quien aceptó que violó la Ley de Ética al nunca someter un informe financiero durante su paso breve por la posición en 2018.

El acuerdo transaccional ocurrió el mes pasado. El director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, llamó la atención al acuerdo en entrevista con El Push de la Mañana de NotiCel y en el contexto de su decisión de que los delegados congresionales electos el domingo pasado son considerados “funcionarios públicos” por la oficina que dirige, por lo que tienen obligaciones de adiestramiento, de radicación de informes financieros y están sujetos a las prohibiciones que contiene la Ley de Ética.

Higgins llegó a la corporación pública el 21 de marzo de 2018 y se fue el 23 de julio del mismo año tras múltiples controversias públicas sobre su salario de $450,000 y otros actos oficiales. La OEG pidió $20,000 por cada una de dos infracciones, pero, al aceptar su responsabilidad, transigió por una multa total de $2,000. Higgins falló en someter el informe financiero requerido al momento de su nombramiento y el requerido al momento de su dimisión.

Al anunciar su determinación sobre los delegados el martes, la OEG explicó que, aunque la ley que crea la delegación no hace una designación sobre si están sujetos a la Ley de Ética, la oficina considera que caen bajo la definición de “servidor público”, tanto si fueran empleados o contratistas del gobierno debido a que “intervienen en la formulación e implantación de la política pública y forman parte de la Rama Ejecutiva”.

Por tanto, se les aplicó la necesidad de presentar informes financieros. El primer informe, formalmente Formulario de Solvencia Económica y Ausencia de Conflictos, se tiene que someter de inmediato a partir de su elección el domingo, así como cumplir con un adiestramiento de la oficina, y el próximo informe se tiene que someter dentro de 90 días después del 1 de julio, que es la fecha en que formalmente comenzarían a ejercer sus funciones legales. Someter información falsa en estos documentos está tipificado como delito.

La facultad de la OEG de determinar que un funcionario tiene que someter informes financieros tiene un elemento de flexibilidad en la ley para aquellos cargos que no están desglosados en el estatuto. En el caso de los delegados, Pérez Vargas lo determinó así, pero en el caso de la hermana del gobernador Pedro Pierluisi, María de la Caridad Pierluisi, el director ejecutivo concluyó que sus funciones de representación del Gobernador debían tramitarse bajo una posición de empleo y no un contrato, pero concluyó que no tiene que someter informes financieros. La ley le permite al Gobernador también eximir, o requerir, que algún funcionario someta los informes. En el caso de su hermana, concluyó que no va a utilizar esa facultad para requerirle informes. En el caso de los delegados no se ha indicado todavía si utilizaría su facultad para eximirlos de la radicación, pero en entrevista esta mañana, Pérez Vargas dijo que sí se requeriría por ser funcionarios electos por el pueblo.

El martes la OEG detalló que solo el delegado Roberto Luis Lefranc Fortuño había cumplido con el adiestramiento y el formulario inicial; que a las delegadas Zoraida Buxó Santiago y María Meléndez Altieri les faltaba el adiestramiento y que las delegadas Melinda Romero Donnelly y Elizabeth Torres Rodríguez no habían cumplido con ninguno de los dos requisitos iniciales, para los que tienen 90 días. La OEG no ha actuado sobre el delegado Ricardo Rosselló Nevares en espera de la determinación final de la Comisión Estatal de Elecciones sobre su candidatura por nominación directa.

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Ética pide multa contra ex de la AEE que llegó y se fue sin presentar informes financieros