Junta de Control Fiscal pide al gobierno que deje de condicionar los estados financieros auditados a la finalización de un sistema que ha costado decenas de millones en tecnología sin estar completo.

Lo que pasa por “sistema financiero” en el gobierno de Puerto Rico es una combinación desastrosa de tecnología obsoleta y fragmentación de tareas que comenzó en la administración de Pedro Rosselló González y todavía, a pesar de una inversión intensa de $57 millones en dos años, no se ha podido sustituir o revertir.

El estado actual está revelado en una carta de la Junta de Control Fiscal (JCF) en febrero pasado y el historial fue relatado a NotiCel por exfuncionarios y funcionarios actuales, incluyendo el liderato del Departamento de Hacienda.

“Todo tiene su raíz en Pedro Rosselló. Antes de Rosselló, toda la contabilidad se hacía en Hacienda. Bajo Pedro Rosselló se descentraliza y empieza a ser víctima de las compañías de ‘software’ y empieza la incompatiblidad”, dijo el senador Juan Zaragoza Gómez, quien fue secretario de Hacienda en la Administración García Padilla y antes consultor de esa agencia.

Otro exfuncionario de la Administración Acevedo Vilá indicó a NotiCel que desde entonces se había dado la alerta sobre las deficiencias y que ya en ese momento la tecnología base estaba obsoleta.

La descentralización implicó que cada agencia tiene su propio equipo financiero y lleva sus cuentas por separado quitándole a Hacienda visibilidad del movimiento preciso del dinero público y de las responsabilidades que hay que cubrir con suplidores y otros acreedores. Darle seguimiento a esos equipos separado “se convierte en un proyecto”, recalcó Zaragoza Gómez al indicar que antes de irse de Hacienda dejó “en proceso de subasta” el proyecto tecnológico con el que se pretendía resolver la falta de visibilidad. La fragmentación ha resultado también en que se requiere coordinar el trabajo de por lo menos 25 firmas de auditorías, todas con sus contratos, para tener el cuadro financiero completo.

La situación incide directamente sobre el hecho de que ya el gobierno va a cumplir un cuatrienio sin entregar estados financieros auditados. A su vez, la falta de estados auditados es una de las fuentes principales de desconfianza en el proceso de negociación de deuda, porque significa, literalmente, que la negociación se hace sin información certera de lo que ha sido la conducta real del gobierno en cuanto a ingresos y gastos.

En vez de compilar los informes con datos que tiene Hacienda, el departamento se convierte en el que tiene que darle seguimiento a las agencias para poder tener los datos que requiere cada informe. “A la gente se le olvida que una forma de sacar a la Junta es tener los estados financieros publicados”, subrayó el senador.

En el zoológico financiero de las agencias de gobierno, el animal más difícil de controlar es el Departamento de Educación (DE) y su presupuesto de casi $4,000 millones.

Ese hecho, y el descalabro del sistema financiero, están consignados en los documentos de la emisión de bonos de $3,600 millones de 2014. “Los sistemas de contabilidad, nómina y supervisión fiscal del gobierno tienen deficiencias que han afectado significativamente su capacidad para controlar los gastos del Departamento de Educación… La reconciliación final de ciertas agencias que tienen sistemas contables autónomos, incluyendo la sincronización con el sistema contable central y la reconciliación final de nómina, no ha ocurrido”, advierte el documento de hace siete años y dos años antes de que el Congreso creara la Ley PROMESA para habilitar la JCF y atender la quiebra del Gobierno de Puerto Rico.

Al proyecto con el que se pretendía solucionar el problema se le llamó Enterprise Resource Planning (ERP), se le asignaron $57 millones al principio de la Administración Rosselló y hoy “no está ni cerca de completarse”, anotó la Junta en su carta del 26 de febrero pasado.

El Plan Fiscal asigna $36 millones adicionales al proyecto, pero el dinero llegó con una “recomendación”, que si no se acepta se convierte en mandatoria, para que el gobierno “desligue” la finalización del ERP de la tarea de completar los estados auditados que faltan. “Como está ahora, el proyecto ERP carece de compromiso y dirección a niveles gerenciales altos, ejecutivos experimentados dedicados y un equipo de implementación dedicado dentro del Gobierno”, dijo la Junta en un diagnóstico que se puede traducir a que los $57 millones se tiraron en una olla sin que nadie estuviera pendiente realmente de cómo se estaba cocinando la sopa.

A preguntas de NotiCel, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea identificó a Deloitte Financial Advisory Services como el que tenía bajo contrato la gerencia y desarrollo del ERP, y a Nexvel Consulting, Elite BCO, Fusionworks, Unique Consulting Group, Oracle y Truenorth como otros de los contratistas que participaron en el proyecto.

Ángel Pantojas, subsecretario de Hacienda, detalló que, de los $57 millones, se usaron $17.6 millones para “completar un componente de tecnología necesario para incrementar la resiliencia de los sistemas de tecnología de información del Departamento de Hacienda, que incluye el Centro Tecnológico de Recuperación alterno que funcionaría como una réplica en caso de desastres o fenómenos naturales (DRS, por sus siglas en inglés)”. Además que, hasta noviembre de 2019, se había completado 74% de la Fase 1 del proyecto. Esa proporción representa, a su vez, el 63% del trabajo de todas las fases. Pantojas recalcó que “la planificación, implementación y toma de decisiones relacionadas al proyecto previo a esta fecha fueron tomadas por el entonces secretario Raúl Maldonado y/o la secretaria Teresita Fuentes”. Bajo Parés Alicea se han usado $8 de los $57 millones, dijeron los funcionarios.

“Esa primera fase es la más laboriosa y más complicada… otras fases caerían como piezas de dominó”, comentó Parés Alicea sin proveer una fecha cierta para la finalización y al asegurar que, contrario a lo que dice la carta, los $36 millones no han sido autorizados todavía.

Tras las recomendaciones de la JCF, el ERP entró en una fase que están manejando “casi semanal” Parés Alicea, no solamente como secretario de Hacienda sino como Principal Oficial Financiero del gobierno, y el nuevo miembro de la Junta, John Nixon, quien encabezó un proyecto similar en Detroit.

Parés Alicea entiende que la recomendación de desligar los estados auditados del ERP, y de atender el atraso mediante emitir un solo estado que compile todos los años que están vencidos, “es una buena recomendación decirlo, (pero) implementarlo es una labor titánica porque toma muchísimas horas humanas” y que “la parte más compleja es poder asignar funcionarios para que se puedan concentrar en este trabajo y ayudar a construir una plataforma, puede lucir simple pero es bien complicado poder consignar recursos exclusivamente para poder operar esto”.

Al final del proceso, deben tenerse los estados auditados actualizados y un sistema contable nuevo, no construido sobre tecnología vieja, que vuelva a dotar a Hacienda de “visibilidad amplia” y precisa sobre los movimientos de contabilidad, nómina y pagos en las agencias. El sistema debe, también estar en manos de un equipo interno de Hacienda con compensación competitiva y no depender perpetuamente de contratos con suplidores.

“Hoy soy rehén de que las oficinas de finanzas (de las agencias) procesen las facturas y procesen los comprobantes de pago para ver qué le debo a un suplidor… si preguntas cuáles son las cuentas por pagar hoy, tendría que recoger facturas casi de manera manual en las distintas instrumentalidades y estimar cuántas no se han procesado, pero corresponde un pago”, ilustró Parés Alicea.

Para ver la carta de la Junta, pulse aquí.