El evento continúa en pie para el próximo domingo, 16 de mayo.

La elección especial para escoger los 10 cabilderos de la estadidad, que se celebrará en exactamente una semana, ha sido marcada por los problemas económicos y un pulseo entre el Ejecutivo y la Rama Legislativa que culminó en las salas judiciales, debido a que requiere de fondos públicos para impulsar la ideología de un solo partido.

En conversación con NotiCel, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, aseguró que el escollo principal del evento electoral era la falta de fondos. En un inicio, los costos estimados ascendían a $8.9 millones, cantidad que luego fue revisada a $6.6 millones. Desde ese entonces, la Junta de Control Fiscal (JCF) se había negado a desembolsar el dinero.

Posteriormente, la CEE disminuyó el costo total de la elección a $1.8 millones porque no utilizaría escrutinio electrónico para el conteo de votos, el número de colegios a abrirse sería mucho menor al utilizado el 3 de noviembre para las elecciones generales y la elección solo requería una sola papeleta por ambos lados.

A principios de abril, luego de discutir si debían o no intervenir en asuntos relacionados al estatus de Puerto Rico, la JCF aprobó la petición del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para revisar el presupuesto vigente y así incluir la asignación de fondos para la elección especial de los cabilderos proestadidad.

En un borrador del presupuesto del gobierno para el año fiscal 2022, Pierluisi Urrutia designó $1.35 millones para costear a la delegación congresional. No obstante, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, aseguró que la Legislatura eliminará esa partida.

A finales de marzo, el Senado aprobó derogar la consulta y sus bases, contenidas en las leyes 165 y 167, que fue respaldada por la Cámara de Representantes. Quienes único se opusieron fueron los legisladores del Partido Nuevo Progresista. Al llegar a su escritorio, Pierluisi Urrutia las vetó.

Luego, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, acudió al tribunal para intentar detener la elección por entenderla como un despilfarro de fondos públicos, pero tampoco tuvo éxito. El funcionario elevó el reclamo a la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende el proceso similar a la quiebra por el cual atraviesa Puerto Rico, pero la jueza no entró en los méritos del caso y se limitó a dirimir sobre las prerrogativas de la legislatura, según Hernández Montañez.

Al conocer la decisión, el pasado 29 de abril el Presidente de la Cámara de Representantes anunció que llevaría el caso al Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

Pese a las controversias, el evento continúa en pie para el domingo, 16 de mayo.