El Gobernador pidió a Justicia y a la Policía ajustar sus procedimientos internos para garantizar que las víctimas obtengan órdenes de protección sin tantas trabas.

Los feminicidios de Keishla Rodríguez Ortiz y de Andrea Ruiz Costas no solo zarandearon la conciencia colectiva sino que colocaron los focos sobre las fallas y las fortalezas del Estado para responder a los casos de violencia doméstica, en medio de un estado de emergencia decretado hace tres meses y que intenta detener esa oleada de violencia contra las mujeres.

Esa marea de indignación también movió al Estado -aunque algo tarde- a tomar acción, desde la Legislatura.

Sin remilgos, ayer el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia admitió que el sistema falló y no protegió a Ruiz Costas, quien procuró -sin éxito- el auxilio de las autoridades para detener a su agresor, y ordenó una revisión inmediata de los procedimientos del Departamento de Justicia y de la Policía para evitar que otra vida se apague debido a este flagelo, que en abril solamente reclamó la vida de siete mujeres.

El Observatorio de Género ha documentado 20 feminicidios en los primeros cuatro meses del año, dos de mujeres que no han sido identificadas, y un transfeminicidio.

En la tarde, el Senado aprobó dos proyectos para combatir la violencia de género, que el Mandatario más temprano anticipó que favorecía. La primera medida tipifica los feminicidios y los transfeminicidios como un delito de asesinato en primer grado y la segunda estipula que un representante del Ministerio Público tiene que estar presente durante la vista de causa para arresto de los casos de violencia doméstica, una deficiencia que quedó al descubierto tras el asesinato de Ruiz Costas cuando trascendió que no había fiscal presente en su vista.

Ambas medidas ahora pasan a la consideración de la Cámara de Representantes.

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Al reaccionar a los asesinatos violentos de ambas mujeres, Pierluisi Urrutia reiteró el compromiso de su administración en adoptar un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas del País a partir de agosto próximo, una recomendación de las expertas para desmontar los prejuicios que alimentan la violencia de género.

Además, enumeró diversas iniciativas que se trabajan a través del Comité PARE que van desde mejorar la recopilación de estadísticas, un estudio de los casos fatales de violencia de género, revisiones de protocolos, una campaña educativa y un mecanismo para la mejorar la comunicación y el proceso de rendición de cuentas del grupo de trabajo.

“Nuestros fiscales y nuestros policías actuaron con agilidad, con la ayuda de las autoridades federales la encontraron y los victimarios. Ambos están bajo arresto. Nuestra gente gritó, cooperó y acompañó a las familias devastadas ofreciéndoles consuelo y apoyo”, apuntó el Gobernador en rueda de prensa en La Fortaleza al abordar el asesinato de Rodríguez Ortiz.

La noche del domingo, el boxeador Félix Verdejo Sánchez se entregó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) luego de que un testigo cooperador ofreció declaraciones a la Fiscalía Federal vinculándolo al asesinato de Rodríguez Ortiz, su pareja extramarital, que se encontraba en el primer mes de gestación. Por este crimen, el púgil, que permanece detenido en la cárcel federal, se expone a la pena de muerte.

El Mandatario mencionó que la activación de la Alerta Rosa funcionó en este caso, pero que este mecanismo -que se utilizó por primera vez para procurar la ayuda de la ciudadanía en el proceso de búsqueda de la mujer de 27 años, todavía requería de ajustes como la opción de enviar mensajes de texto a los celulares.

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“Este mal de la violencia de género es una guerra que no hemos ganado pues son demasiadas las batallas que hemos perdido. Son muchas las vidas que nos ha costado y son muchas las personas que aún viven el terror de que les pase lo mismo. Para ellas y ellos, es que tenemos que examinar todo lo que ha pasado para asegurar que estamos cumpliendo con las necesidades de las víctimas y con los procesos de justicia que requiere la ley”, afirmó Primer Mandatario flanqueado del componente de seguridad pública.

“En el abominable caso de Andrea Ruiz aparenta que el sistema falló. Por lo que se debe investigar a la saciedad con miras a que se rectifique lo que se tenga que rectificar y que no vuelva a suceder”, agregó.

Precisamente, el manejo de este caso ayer mantenía al Departamento de Justicia y al Poder Judicial en una agría disputa después de que este medio digital divulgó el sábado que Ruiz Costas, cuyo cuerpo calcinado apareció el jueves pasado en el sector Guavate de Cayey, acudió al Tribunal de Caguas hace un mes en un intento para que se procesara a su expareja Miguel Ocasio Santiago por cargos de violencia doméstica porque el hombre la acosaba y la había amenazado con divulgar fotos íntimas suyas. Pero la jueza municipal que atendió la vista no encontró mérito en el reclamo. Luego que apareció el cuerpo de la mujer, el hombre confesó el crimen. Actualmente se encuentra preso porque no pudo prestar la fianza impuesta de un $1.1 millones.

Ante esta situación, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, ordenó que de manera inmediata los casos de violencia doméstica fueran atendidos en la Sala Especializada de Casos de Violencia Doméstica por el juez administrador de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, y la jueza administradora auxiliar.

Pero ayer, en “El Push de la Mañana” de NotiCel, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Carlos Salgado Schwarz, catalogó esta decisión como una “violación a la independencia judicial” y achacó la determinación de la jueza municipal Ingrid Alvarado Rodríguez a un pobre manejo de la prueba por parte del Ministerio Público, que no estuvo en sala, y a las deficiencias en el trámite creadas por las celebraciones de las vistas virtuales.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, rechazó los señalamientos y defendió el trabajo de la fiscal Liza Morales Jusino, quien aseguró actuó correctamente.

Pierluisi Urrutia, un exsecretario de Justicia, discrepó de ese análisis y -sin entrar en dimes y diretes- ordenó la revisión de los procedimientos tanto de los fiscales como de los policías, que investigan los casos de violencia doméstica.

“Yo leí la denuncia. No sé lo que transcurrió en la vista de causa para arresto bajo la Regla 6 ante la juez municipal. Sé que participó en esa vista un representante del Ministerio Público”, afirmó el Gobernador, mientras el Secretario de Justicia lo interrumpía para una aclaración. Hasta entonces presumía que la víctima había estado acompañada de la mano de algún fiscal.

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“¿Participó o no participó? No participó. Bien y eso es lo primero que hay que corregir aquí. Aparentemente el Manual de Procedimientos, las Reglas y la Ley no exigen que para un caso de violación al artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica, en resumen un caso de maltrato emocional de la víctima, no exige que un fiscal esté presente en la vista de causa. Eso para mí es una falla que hay que corregir. De ahora en adelante, yo le he dicho al Secretario de Justicia que busquemos la manera, ya sea por legislación o por reglamentación de que siempre esté un fiscal presente en ese tipo de vista”, agregó.

Como parte de su análisis de la denuncia de la víctima, señaló que existía el mínimo de evidencia requerido para ordenar el arresto de Ocasio Santiago.

“De la propia denuncia, se veía que esta víctima estaba bajo asedio. Se veía que había que protegerla y la mejor manera de protegerla era arrestando al imputado u ordenando su arresto”, resaltó el Gobernador.

En el caso del asesino de Ruiz Costas, existían otros elementos que la jueza municipal debió evaluar. Por ejemplo, el Gobernador mencionó que el agresor tenía récord previo y había sido fichado en más de una ocasión por alegaciones de violencia doméstica.

“¿Se trajo eso a la atención de la juez? Que se determine. Si no se le trajo es que siempre debe ser política de que el agente de la Policía verifique si hay algún tipo de récord… Eso es una persona que ya había sido imputada por conducta en violación de la ley que prohíbe violencia doméstica. Otra vez no me protegieron esa víctima en ese momento dado. Eso llora ante los ojos de Dios”, afirmó Pierluisi Urrutia.

Previo a a la vista de causa para arresto, la víctima también había procurado una orden protectora para que su expareja no se le acercara. La jueza en esa instancia no concedió la orden, pero citó a las partes a una vista en su fondo. Por las trabas, Ruiz Costas desistió del trámite.

“No me protegieron esta víctima y aquí hay que buscar la manera en que siempre se inclinen a favor de proteger las víctimas en casos de esta naturaleza. Por eso es que digo que el sistema falló”, recalcó el Gobernador.

Pese a su insistencia en erradicar la violencia de género, el Gobernador reiteró su posición de oponerse a la pena de muerte ante la posibilidad de que la Fiscalía Federal solicite la pena de muerte para Verdejo Sánchez y recordó que la Constitución de Puerto Rico rechaza ese tipo de castigo cruel.

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El Gobernador defendió la educación con perspectiva de género y los trabajos que realiza el Comité PARE, un grupo multisectorial encargado de elaborar una política pública amplia para atender el problema de la violencia de género y emplazó a la Junta de Supervisión Fiscal a asignar los $7 millones que incluyó el presupuesto del próximo año fiscal para adelantar los trabajos del estado de emergencia. El ente fiscal rechazó esta asignación de fondos hasta que el Gobierno agote otras alternativas a través de fondos federales.

"Vamos a enfocarnos en la meta, no necesariamente en las etiquetas. Aquí se atascan con las etiquetas y algunos escuchan perspectiva... y lo rechazan sin realizar un análisis. Que analicen el currículo que se someta en su momento y opinen sobre eso. Yo siembre voy a respetar la opinión de todos, pero tienen que dejar ya de estar etiquetando esto y despacharlo como una ideología como una agenda. Lo que ha que hacer es propiciar que nuestros niños desde pequeños aprendan que todos somos iguales", apuntó.

Ante preguntas de la prensa sobre la decisión de decretar 30 días de duelo por la muerte del exgobernador Carlos Romero Barceló, Pierluisi Urrutia pidió no mezclar los asuntos.

“En realidad el duelo por la muerte del exgobernador es lo mínimo que debo hacer como hacer como Gobernador. Es el duelo que se le concedió con toda razón. Es el mismo duelo que se le concedió a don Rafael Hernández Colón cuando pasó a la vida eterna y don Luis A. Ferré. O sea, que una cosa no se debe comparar con la otra. Aquí lo importante en el caso de la violencia de género es que hemos declarado la emergencia que por mucho tiempo no se había declarado. Estamos atendiendo este patrón de violencia machista y discriminatoria como nunca antes se había atendido”, afirmó.