Evalúa faltas éticas por alegada intervención en investigación federal del Departamento de Salud, pese a que se supone estaba inhibida.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) mantiene una investigación “activa” relacionada a la alegada intervención de la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, en una investigación federal del Departamento de Salud, pese a que se supone estaba inhibida.

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced realizó el referido el pasado 21 de julio tras despedir a la funcionaria en medio de un accidentado proceso de referidos al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

Ayer, la portavoz de prensa de la agencia, Jennifer Rodríguez Ayala, confirmó a NotiCel que el proceso investigativo no ha culminado.

“No hay querella. Hay un planteamiento que la Gobernadora refirió por potenciales violaciones a la ética”, apuntó Rodríguez Ayala.

No ofreció una fecha para la culminación del trámite.

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“Dentro de los noventa días siguientes a la fecha de presentación del planteamiento, la Oficina realizará una investigación preliminar. Una vez culminada la investigación preliminar, si la Oficina entiende que procede efectuar una investigación exhaustiva, debe concluirla dentro del término de un año”, indica el Artículo 7.1 de la Ley de Ética Gubernamental.

“Estos términos son de cumplimiento estricto. Si existe justa causa, la Oficina prorrogará estos términos hasta noventa días o un año, respectivamente”, agrega.

La exgobernadora despidió a Longo Quiñones el 3 de julio de 2020, justo el día en que la Secretaria de Justicia enviaba un referido al PFEI para investigarla junto a otros funcionarios públicos. Ante la coincidencia, Vázquez Garced señaló que retiró la confianza a la funcionaria por inmiscuirse en una investigación federal de fondos de Medicaid, pese a que debió estar inhibida.

En una extensa rueda prensa en La Fortaleza, Vázquez Garced argumentó que Longo Quiñones intervino en tres investigaciones federales contra la empresa Manpower por contratos sufragados con fondos del programa Medicaid. Seis de los contratos evaluados, según Vázquez Garced, llevaban la firma de su madre, la entonces subsecretaria de Salud. Especificó, Longo Quiñones se reunió con funcionarios federales para discutir un informe de hallazgos pese a que estaba inhibida de participar en los asuntos de administración del Departamento de Salud.

Longo Quiñones negó haber participado en la reunión e indicó que se inhibió del proceso cuando sus asesores evaluaron la situación.

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El pasado lunes, tras culminar la investigación en su fondo generada por los referidos de Longo Quiñones, los fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz y Miguel Colón Ortiz presentaron tres cargos criminales contra la fugaz secretaria de Justicia interina, Wandymar Burgos Vargas, por supuestamente divulgar el contenido del informe confidencial a Vázquez Garced y al Secretario de la Gobernación y por obstrucción a la autoridad pública al paralizar el trámite, que salpicaba a su jefa y entonces Gobernadora.

Burgos Vargas, quien ocupó el cargo cinco días, sustituyó a Longo Quiñones. Renunció a la posición luego de una oleada de críticas por frenar la entrega de los referidos al PFEI. En medio de la pesquisa por esa supuesta intervención irregular, los fiscales especiales descubrieron que aprobó las facturas de su hermano Ricardo Burgos Vargas, quien labora para un bufete contratado por el Departamento de Justicia. Por esta acción, los fiscales la refirieron a la OEG.

El Departamento de Justicia también suspendió a Burgos Vargas de empleo pero no de sueldo.

Los fiscales especiales también solicitaron a la OEG que evalúe las posibles faltas éticas cometidas por Vázquez Garced, el exsecretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle; la exjefa de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Surima Quiñones Suárez; y la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos.