La delegación del PPD en la Cámara de Representantes agrandó su lista de condiciones para darle su voto.

Empezó con enmiendas al polémico Código Electoral, pero la lista de condiciones para que la Cámara de Representantes -controlada por el Partido Popular Democrático- apruebe los nombramientos de la Secretaría de Estado y la Contraloría va creciendo poco a poco.

El lunes, el caucus popular se reunió para discutir la designación de Larry Seilhamer Rodríguez como secretario de Estado. Durante el encuentro, celebrado en Utuado, los legisladores acordaron detener la consideración del nombramiento de Seilhamer y del designado a Contralor Manuel Torres Nieves hasta que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia acoja sus peticiones.

Pese a que la Comisión cameral de Gobierno elaboró un informe positivo y Seilhamer Rodríguez cuenta con los votos para recibir la bendición del cuerpo, los legisladores exigen que el Primer Ejecutivo se siente a negociar y deje de enviar emisarios a los diálogos sobre la reforma electoral. El Senado aprobó este nombramiento el pasado 18 de marzo.

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En ese cónclave en la montaña, según fuentes de NotiCel, los legisladores rojos también pactaron -que a cambio de su voto- el Gobernador debía aprobar el proyecto de la Cámara 500, que busca agenciarle a la Legislatura protagonismo en el proceso de toma de decisiones y la elaboración del presupuesto del País, y el Proyecto 427, que persigue garantizar que los ayuntamientos del PPD reciban una partida equitativa del fondo de mejoras municipales.

Aprobados sin los votos de la delegación del Partido Nuevo Progresista, ambas medidas van rumbo al Senado.

El lunes, la Comisión de Nombramientos, que preside Jesús Manuel Ortiz González, celebró la vista de confirmación del nominado a Contralor. Ese día, como ayer a través de su cuenta de Twitter, Ortiz González aseguró que los nombramientos “continuarán su curso. No obstante, la determinación del Caucus del PPD es que no se informarán ni se votarán en el pleno hasta culminar el diálogo como el Gobernador”.

En el Senado, el nombramiento de Torres Nieves cuenta con un apoyo mayoritario, aunque el senador Javier Aponte Dalmau presentó una medida que busca que la persona que ocupe el cargo de Contralor tenga un título de contador público autorizado (CPA). La ley vigente no impone ese criterio.

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Torres Nieves se desempeñó como contralor electoral y tiene una certificación de examinador de fraude, pero no un título de CPA. El lunes, durante la vista de confirmación en la Cámara Baja pareció contar con el apoyo mayoritario del cuerpo.

Pero ahora, además de su hoja de vida y experiencia, tendrá otra condición para ocupar la silla de la Contraloría: el Gobernador tendrá que aplazar el traspaso de la operación del sistema de distribución y transmisión eléctrico al consorcio LUMA Energy, que debería consumarse el 1 de junio.

La Cámara y el Senado aprobaron una resolución para que esa transición se posponga hasta enero de 2022.

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Desde el inicio de la propuesta, Pierluisi Urrutia aseguró que no negociará nombramientos a cambio de legislación y emplazó a los representantes a evaluar las designaciones en sus méritos. También ha dicho en diversos foros que no existe razón para alterar el contrato con LUMA y que ese tipo de trámite no se puede hacer de forma unilateral porque existe un compromiso legal entre el Gobierno y la privatizadora.

Al inicio de este proceso de diálogo, el presidente de la Cámara Baja, Rafael “Tatito” Hernández Montañez planteó que las negociaciones con el Ejecutivo incluirían participación de las otras delegaciones en tiempos del gobierno plural, particularmente en la elaboración de las enmiendas al Código Electoral.

Pero esa participación de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad no han cuajado. Hasta ahora, Hernández Montañez, que se enfrentó a una intensa lucha por la presidencia del cuerpo, timonea esas conversaciones.