La ahora jueza y exasesora de La Fortaleza, Grisel Santiago, pidió a la exsecretaria de Justicia interina, Wandymar Burgos, que indagara si entre los referidos estaba la mandataria.

Pese a que se trataba de un documento confidencial, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced procuró una copia del informe preliminar que elaboró el Departamento de Justicia y que recomendaba la designación de un fiscal especial independiente para determinar si había despedido a la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, como un acto de represalia.

Este dato, que ayer afloró en la vista de causa para el arresto de la fugaz secretaria de Justicia interina, Wandymar Burgos Vargas, y en la resolución que divulgó el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), constituye el eje central de las imputaciones que realizan los fiscales especiales Leticia Pabón Ortiz y Miguel Colón Ortiz y que solo desembocó en la presentación de denuncias criminales contra la ahora suspendida abogada del Departamento de Justicia.

Como parte de la conclusión de su pesquisa, los fiscales especiales también refirieron a Vázquez Garced y a otros exfuncionarios a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por razones, que no quedan claras porque el mentado informe todavía forma parte del sumario fiscal y su contenido se divulgará en una etapa posterior.

“La principal Asesora Legal de la exgobernadora Vázquez Garced, en La Fortaleza, la cual se desempeña en la actualidad como Jueza del Tribunal de Apelaciones, declaró bajo juramento que le había solicitado a Wandymar Burgos Vargas, que indagara si entre los referidos del DJPR (Departamento de Justicia de Puerto Rico) al FEI se encontraba Vázquez Garced”, indicaron los exjueces Nydia Cotto Vives y Rubén Vélez Torres en el documento de 20 páginas.

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“Coma parte de su declaración, afirmó que mediante una llamada telefónica, Vázquez Garced Ie expresó que tener el informe de la investigación sería ‘bueno para su defensa’. Expresión que la testigo entendió como ofensiva, ante su posible interpretación de que gestionara copia del mismo”, agregaron los exjueces.

La resolución no identificó el nombre de la togada, pero las tres denuncias presentadas en contra de Burgos Vargas consignaron que la testigo estrella del Ministerio Público se llama Grisel Santiago Calderón, actual jueza del Apelativo. En el escrito, los jueces tampoco explicaron la razón para utilizar a Santiago Calderón como testigo o si le imputarán alguna violación ética por no informar la comisión de un posible delito o un acto irregular.

En síntesis, los fiscales alegaron que Burgos Vargas interfirió con el proceso de entrega de los referidos al PFEI el pasado 6 de julio de 2020 y posteriormente divulgó datos del informe investigativo confidencial a la Gobernadora y su Secretario de la Gobernación. Por esos actos, ayer la jueza Iraida Rodríguez Castro del Tribunal de San Juan encontró causa para su arresto por dos violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, por usar su puesto para el beneficio de un tercero, y una violación al Código Penal por resistencia y obstrucción a la autoridad pública por la alegada retención ilegal del informe.

El viernes 3 de julio de 2020, Vázquez Garced despidió fulminantemente a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, en medio del proceso de remitir las peticiones de investigaciones al Panel. Tres días después, Burgos Vargas, actuando como secretaria de Justicia interina, ordenó a la agente -que se encontraba en la sede del PFEI en Santurce- regresar a la agencia con los documentos para revisarlos.

Según la resolución, Burgos Vargas justificó la decisión argumentando que quería ver los documentos originales y porque se trataba de un informe voluminoso y quería ahorrar papel. “Tal explicación llama la atención porque, como se sabe, en el DJPR había copia del informe confidencial”, notaron los exjueces.

También planteó que la filtración del informe confidencial ocurrió previo a que el PFEI recibiera el documento y que Burgos Vargas -después de frenar su entrega- salió de la agencia con el documento. La noche del 21 de julio el informe se filtró a los medios de comunicación.

Para identificar la fuente de dicha filtración, agentes y peritos del PFEI ocuparon los teléfonos celulares de Inés Carrau Martínez, quien se convirtió en secretaria de Justicia interina luego que Burgos Vargas renunció ante la oleada de críticas que generó su acción, y de la fiscal Celia Yvonne Vega Pabón, hermana del abogado de la Gobernadora y quien se mencionó en un momento como la persona que alertó a Vázquez Garced del referido.

Burgos Vargas no entregó su celular voluntariamente. Los fiscales procuraron una orden de registro y allanamiento para ese trámite.

En un giro inesperado, los fiscales especiales también la refirieron a la OEG por aprobar las facturas de su hermano Ricardo Burgos Vargas, quien labora para un bufete contratado por el Departamento de Justicia. Este hallazgo surgió mientras los fiscales investigaban su intervención con los referidos.

Larga lista de alegaciones

Tras concluir una pesquisa preliminar, los referidos firmados por Longo Quiñones, la pasada jefa de Integridad Pública, Phoebe Isales Forsythe, y el fiscal Pedro Tomás Berríos Lara pedían al Panel asignar un fiscal especial independiente para evaluar las alegaciones en contra de la Gobernadora, del exsecretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle; la exjefa de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Surima Quiñones Suárez; el ex subadministrador de esa agencia, José Galarza Vargas; la ayudante especial de la Oficina de la Administradora de Adsef, María Teresa Zayas Gierbolini, la exsenadora Evelyn Vázquez Nieves, su esposo Peter Muller Maldonado y el exsenador Nelson Cruz Santiago.

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Las imputaciones giraban en torno al uso de criterios político partidistas para repartir suministros tras el terremoto que sacudió la región sur de la Isla el 7 de enero de 2020 y el supuesto despido irregular de la Secretaria de la Familia por tomar medidas disciplinarias en contra de Quiñones Suárez sin el consentimiento de La Fortaleza.

Después de analizar los documentos, el 21 de julio de 2020, el PFEI ordenó el archivo de los referidos de Muller Maldonado y de Cruz Santiago, pero asignó a Pabón Ortiz y a Colón Ortiz la tarea de investigar las otras alegaciones del informe preliminar.

Ayer, tras concluir su pesquisa los fiscales no solo refirieron a Vázquez Garced a OEG sino que incluyeron a Andújar Matos, a Pabón Batlle y a Quiñones Suárez, mientras archivaron el caso de Galarza Vargas y de Zayas Gierbolini por ausencia de prueba.

En el caso específico de Andújar Matos, PFEI señaló en su resolución que los fiscales especiales encontraron resistencia para que sostuviera bajo juramento las alegaciones sobre su despido que ofreció ante el Departamento de Justicia.

"Su testimonio distó mucho de la contundencia expresada anteriormente y no pudo aportar prueba que sustentara Ia misma”, apuntalaron los exjueces en la resolución.

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“En relación a su despido, Andújar Matos tampoco pudo presentar prueba de que, en el mismo, mediaran actos ilegales o inconstitucionales (represalias o discrimen). Como es sabido, no hay duda de que los empleados de confianza son de libre remoción, por lo cual no es necesario, ni requisito exponer las razones que fundamenten su separación del empleo”, abundaron.

Aunque los referidos a la OEG se realizarían ayer, los fiscales especiales enviarán el informe de investigación a la agencia posteriormente porque constituye parte del sumario fiscal. Debido a esta situación, la resolución no identificó las supuestas infracciones cometidas.

Casi al final de su resolución, el Panel explicó que de la prueba recopilada por los fiscales especiales no se desprendía que la exsenadora Vázquez Nieves entregara alimentos o que su participación en la repartición de suministros causara "pérdida de alimentos o que se hayan beneficiado a unas personas más que a otras por consideraciones político partidistas." Concluyó, sin embargo, que había incurrido en una posible falta ética.

“La OEG no tiene jurisdicción sobre ésta en cuanto a la conducta que se le atribuye. Esa jurisdicción la hubiese tenido ha Comisión de Ética del Senado de Puerto Rico. No obstante, al presente, la señora Evelyn Vázquez Nieves no forma parte de ese Cuerpo Legislativo”, indicó el PFEI.

Por tanto, archivó el caso en su contra.

Mira la resolución del PPEI aquí:

Mira las denuncias contra Wandymar Burgos aquí.