El desglose de las facturas que han generado cargos de $116.5 millones en fondos públicos ocurrió a solicitud del Negociado de Energía.

LUMA Energy LLC, la empresa que tomaría el control de la red eléctrica de la isla a partir del 1 de junio bajo un contrato con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), comenzó a divulgar la información de lo que paga a sus ejecutivos, pero mantiene reclamos de confidencialidad sobre la publicación de sus nombres y otros detalles.

La divulgación ocurrió el 23 de marzo por órdenes del Negociado de Energía (NE), cuya autoridad para emitir la orden LUMA cuestionó porque la empresa solo reconoce capacidad a la AAPP para revisar sus facturas, que es lo que el contrato dicta a pesar de que la pericia en el área de energía está en el NE y no en la AAPP.

Hasta marzo, LUMA ha facturado $116.5 millones en este periodo de unos siete meses en los que se les paga con fondos públicos para que se preparen de cara a su entrada como operadores de la red eléctrica de la isla el 1 de junio. Estas facturas se pagan con fondos públicos y la empresa estima que facturarán $15.6 millones más de lo proyectado para este periodo previo al 1 de junio, o lo mismo que un 11.5% adicional para un total de $151.9 millones.

Según las facturas desglosadas, LUMA paga por hora $325 a sus vicepresidentes, $300 a sus directores ‘senior’, $275 a sus directores, $210 a sus gerentes ‘senior’, $205 a sus líderes de brigada, $200 a sus adiestradores, $200 a sus gerentes, $195 a sus técnicos de campo, $160 a sus analistas ‘senior’, $160 a sus ingenieros, $160 a sus supervisores de campo, $125 a sus analistas y $50 a su personal de apoyo administrativo.

LUMA provee el total de lo que ha gastado en cada posición pero no hay forma de precisar cuántas personas tienen en cada renglón porque, además de reservarse los nombres, tampoco divulgan la cantidad de personas en cada función. Por ejemplo, la factura de marzo 2021 tiene 256 horas trabajadas por “vicepresidente” y un turno regular de ocho horas resultaría en 160 horas trabajadas en un mes. Una solicitud de aclaración que sometió NotiCel no fue contestada.

Hace un mes, el principal oficial ejecutivo de LUMA, Wayne Stensby, se negó a divulgar su salario ante una comisión investigativa de la Cámara de Representantes.

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Esta misma semana, el Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey reveló una radiografía del sector privado de Puerto Rico basada en los datos del Negociado del Censo para 2017 en el que reveló que el promedio de salarios anuales en el país es de $25,332. Agua y electricidad son los sectores económicos de más alta compensación, con un promedio de $62,400. Si los $325 por hora que LUMA paga a sus vicepresidentes se calcula bajo un esquema de trabajo regular de ocho horas al día, 40 a la semana, el salario anual que resulta es al menos $624,000.

Las escalas salariales en las facturas de LUMA no se pueden considerar como finales y permanentes porque bajo el contrato de operación de la red eléctrica, el operador tiene completa potestad para establecer sus escalas de compensación, ya que no se incluyen parámetros o restricciones sobre eso. Se supone que el pago mensual a LUMA sea suficiente para que cumpla con correr el sistema y con tener sus ganancias, pero el contrato le permite acudir al NE para pedir una revisión de tarifa en cualquier momento.

Formalmente, el contrato solo dice que a LUMA se le pagarán $70 millones anuales entre el año uno al tercero del acuerdo, y luego $105 millones anuales del año cuarto al decimoquinto, que es el último año de vigencia. De la misma manera, optan por una bonificación de $13 millones inicialmente que puede aumentar a $20 millones del cuarto año en adelante si cumplen con ciertas métricas de desempeño que ellos mismos están diseñando y que tienen que ser aprobadas por el NE. El Negociado determinó que ese proceso de desarrollo de métricas se iba a someter a comentario público y estableció un plan de trabajo que garantiza que no serían aprobadas antes de agosto, dos meses después de que LUMA comience a operar la red.

Esta forma de compensación sin límite llevó a que el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez acusara al gobierno de haber provisto a LUMA “una total libertad para dilapidar los fondos públicos” en el contexto de la demanda que presentó en nombre de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) para declarar el contrato nulo por ser contrario a la ley y el orden público.

Cuando adquiera el control y operación de la red eléctrica, incluyendo el centro de despacho de Monacillos que es el cerebro del sistema de transmisión y distribución, LUMA tendrá la responsabilidad que tiene ahora la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de asegurarse de que los abonados en toda la isla tengan un servicio confiable y eficiente. Pero, mientras que la AEE es una corporación pública con obligaciones legales de transparencia, la interpretación de LUMA es que ellos no tienen esas obligaciones.

En su moción al NE, argumentan que se reservan el nombre de su personal y el de los que trabajan con sus suplidores para “proteger sus derechos de privacidad”, porque la Constitución del Estado Libre Asociado los protege de “ataques… a su vida privada” y porque “sirve para proteger su seguridad e identidad, particularmente a la luz de las controversias que han levantado, y pueden seguir levantando, terceros” sobre el contrato. Incluso, citan la nueva Ley de Datos Abiertos, que solo cubre a una agencia de gobierno y no a contratistas o partes privadas.

Vea: CNE: "Si hay buena fe, el contrato de LUMA puede y debe ser revisado"

En una vista senatorial el lunes sobre el contrato de LUMA, el comisionado del NE, Edison Avilés, indicó que el regulador tiene cuatro procesos abiertos con relación al nuevo operador de la red: las métricas de desempeño, el presupuesto inicial, el plan de remediación del sistema de transmisión y distribución y sobre los principios de operación del sistema. En el caso de las métricas, se estableció el calendario de participación ciudadana y en los otros tres expedientes abiertos, LUMA ha presentado documentos “que son insuficientes”, dijo el comisionado.

Otra entrada de dinero público para LUMA que no ha sido definida todavía, es el contrato por “servicios compartidos” (“shared services”) que LUMA puede hacer con lo que quede de la AEE para que el operador privado realice algunas de las tareas “por asuntos de generación que quedan bajo la rsponsabilidad de la AEE, pero LUMA podría ejecutar”, dijo Avilés en la vista.

En una vista cameral la semana pasada, el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach, había llamado la atención también a estos acuerdos de servicios compartidos, que se supone sean al costo y sin margen de ganancia para LUMA . “Nuevamente, el término ‘costo’ no está definido y presumiblemente depende de las partes determinar de alguna manera que los montos cobrados por (LUMA) por los servicios prestados a (la AEE) son ‘sin margen de beneficio ni ganancia’”, alertó al recomendar que se cambie el acuerdo para que el NE tenga que aprobarlos, de acuerdo al posible impacto a la tarifa y a las mejores prácticas de la industria a nivel mundial.

Para ver las facturas que LUMA sometió al NE, pulse aquí.