Centro para una Nueva Economía concluye que en su forma actual, el contrato con LUMA no protege los intereses de Puerto Rico y propone áreas de enmiendas.

El Centro para una Nueva Economía (CNE), cuyos análisis de más de 10 años sobre el funcionamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anticiparon la quiebra de ese monopolio estatal y sirvieron de base a la creación del Negociado de Energía (NE), concluyó que el contrato con LUMA Energy LLC para la administración de la red eléctrica no es beneficioso para la isla en su forma actual y que se debe, y se puede, enmendar.

El contrato fue firmado el 22 de junio de 2020 y ya LUMA está realizando trabajos pactados que son previos a que la red eléctrica les sea transferida el 1 de junio. Tanto la empresa, como el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se han posicionado en contra de revisiones al contrato previo a esa fecha de efectividad total o a posponer la misma.

A preguntas de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, el director de Política Pública del CNE, Sergio M. Marxuach Colón, indicó ayer en vista pública cameral que él personalmente no firmaría el contrato como está ahora y que "si las partes están dispuestas a negociar de buena fe, esto (enmendarlo) se podría hacer relativamente rápido".

La base de su argumento es que el acuerdo "no asigna de manera equitativa los riesgos entre las partes", siendo LUMA la mayor beneficiada por los términos.

"El curso de acción más prudente en este momento es renegociar el Acuerdo de O&M con LUMA para asignar y equilibrar mejor los riesgos entre las partes. Si se llega a la conclusión de que los defectos del Acuerdo de O&M no se pueden remediar, entonces se debe considerar la cancelación del mismo y comenzar un proceso nuevo para mejorar y transformar el sistema de transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico", afirmó.

La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes realiza vistas hace semanas sobre el contrato durante las que se han revelado detalles del extenso acuerdo, incluyendo que la Junta de Gobierno de la AEE lo evaluó durante un fin de semana feriado y lo aprobó en una reunión de unos 43 minutos. A esto Marxuach, quien tiene adiestramiento y experiencia como abogado corporativo, opinó que, de haber ocurrido de esa manera, los miembros de la Junta no cumplieron con su deber de fiducia y de custodios de los fondos públicos.

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Al propio deponente le tomó tres semanas examinar 600 páginas para poder llegar a conclusiones sobre el contrato, aún después de tomar la decisión de dejar fuera del análisis áreas completas como la de recursos humanos. Señaló que, además de que el propio acuerdo con sus exhibits tiene 336 páginas, se incorporan por referencia otros 25 documentos que hay que evaluar y entender porque tienen incidencia sobre los términos del acuerdo.

Aunque la cancelación del contrato puede activar el pago de unos $158 millones a LUMA como indemnización, Marxuach enfatizó que se puede entrar en un proceso de negociaciones y que, contrario a lo que aseguró la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, una cancelación del contrato no es automáticamente una violación al derecho constitucional de LUMA.

"Ese impacto estimo que está un poco sobreestimado", anotó sobre el argumento de la Junta de que el contrato tiene que seguir adelante por el efecto positivo que se supone tenga sobre el desarrollo económico de Puerto Rico.

Al enumerar las áreas de mayor preocupación y, consecuentemente, las áreas de enmiendas, Marxuach dijo que se tratan de: 1) "que no se pueda cumplir con una verdadera transformación del sistema" eléctrico porque el acuerdo no toma en cuenta otros procesos que implica esa transformación ni tampoco le da poder al NE para regularlos de manera coordinada; 2) "que los ahorros estén sobreestimados", lo cual coloca a LUMA en posición de cobrar más dinero que la cantidad de dinero que puedan poducir en ahorros para los contribuyentes; y 3) "que se le pague a LUMA por una vara muy baja" porque es la misma LUMA la que va a diseñar sus métricas de desempeño y si las mismas son meramente lucir mejor que lo terrible que está ahora la AEE, pues no implica un esfuerzo real para LUMA ni una transformación profunda en el sistema.

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En otros detalles, Marxuach invitó a poner bajo la lupa la posibilidad que el contrato abre para que LUMA entre en contratos con subsidiarias o empresas relacionadas porque "podrían brindar oportunidades para la cacería de rentas o malversación de fondos por parte del Operador o de la AEE".

A preguntas de los miembros de la comisión, confirmó que el contrato le cuesta "casi nada" a LUMA porque todos los gastos que tengan se los pagan los contribuyentes y que la declaración reciente de la empresa de que traerían de otros lugares los empleados que no puedan conseguir aquí para el 1 de junio puede implicar aumento en lo que se le paga porque esos gastos de traslado de empleados serían cobrados al gobierno.

También exhortó a mirar el contrato que tendrían que hacer LUMA y la AEE para la compra y venta de electricidad porque la corporación pública va a seguir encargada de la generación y la empresa privada solo manejará distribución de la energía. "(LUMA) tiene que pagar la factura de (la AEE) sin mayor evaluación, lo cual es absurdo dado el historial de la AEE comprando combustible", señaló sobre un proceso en el que la AEE le va a facturar a LUMA por la energía, pero la compra de esa energía es un gasto que LUMA le cobra a los abonados.

"(L)a cantidad de enmiendas que habría que hacerle equivale básicamente a la renegociación del contrato", aceptó Marxuach.

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