A 100 días del nuevo gobierno, se instalan las diferencias en asuntos ideológicos y de política pública.

Fue una luna de miel corta.

El pasado 2 de enero, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia asumió oficialmente las riendas del País en una toma de posesión salpicada de un simbolismo, que parecía augurar que los estilos estridentes y divisivos, al menos estratégicamente, habían quedado atrás.

En su mensaje inaugural, desde las escalinatas del Capitolio, el Mandatario convocó a los puertorriqueños y puertorriqueñas a reconocer sus diferencias y a colaborar desde los espacios de convergencia por el futuro de la “patria”. Habló del gobierno “diverso” y de la urgencia de trabajar juntos para derrotar la pobreza y los males sociales que corroen a la sociedad puertorriqueña.

Noventa y seis días después regresó al hemiciclo de la Cámara de Representantes para ofrecer su primer “Mensaje sobre la Situación del Estado”, pero ya soplaban otros vientos.

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Como embocadura al discurso, los representantes derrotaron una medida para asignar fondos para la elección de cabilderos por la estadidad y aprobaron una resolución para aplazar la transferencia del sistema eléctrico al consorcio LUMA Energy hasta 15 de enero, en un abierto desafío a la política pública del Primer Ejecutivo.

A su entrada al recinto, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, recibieron a Pierluisi Urrutia entre abrazos y choques de puños, un saludo que se ha popularizado en tiempos del covid-19.

Entonces, desde el mismo lugar -donde unas horas antes sus anfitriones consignaban su diferendo- Pierluisi Urrutia defendió el contrato de LUMA, que estipula que la transición entre la Autoridad de Energía Eléctrica y el privatizador se realizará el 1 de junio, fecha en que inicia la temporada de huracanes.

No quedó ahí.

Clavó su pulla al final del mensaje cuando espetó que el político que “ignora a su pueblo, no merece su respeto” en respuesta al rechazo de los legisladores a conceder el dinero para escoger a los cabilderos por la estadidad después del plebiscito de noviembre pasado. En esa elección, la opción de anexión recibió el 53% de los votos y el rechazo a la estadidad cargó con el 47% de los sufragios.

Airado, Dalmau Santiago, quien suele calibrar sus palabras y respuestas, ripostó con una loa al Estado Libre Asociado.

Al día siguiente, el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD), que alegaba que no opinaba sobre los nombramientos para no influir en el ánimo de sus pares, advirtió -por primer vez- que la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, no contaba con los votos para pasar el cedazo del Senado en otro dardo al Gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista. Ese mismo jueves, el calendario del trabajo del cuerpo incluyó casualmente el proyecto de Senado 222, que establece que la persona que ocupe el cargo de Contralor debe ostentar un título de contador público autorizado (CPA).

El designado a la Contraloría, Manuel Torres Nieves, no cumple con ese requisito. Al hacer esa designación el mes pasado, el Gobernador aseguró que envió ese nombramiento para la consideración de la Cámara y del Senado porque ya había consultado la designación, que hasta ese momento parecía contar con el apoyo de azules y rojos.

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De la Cámara salió otro dardo. Hernández Montañez adelantó que utilizaría el nombramiento de Torres Nieves como ficha de canje para adelantar sus causas, una estrategia que desenfundó con el nombramiento de Larry Seilhamer Rodríguez como secretario de Estado.

Ya el Senado aprobó el nombramiento de Seilhamer Rodríguez, pero el Presidente Cameral ha señalado que no atenderá esa designación hasta que Pierluisi Urrutia acoja sus enmiendas para revisar el Código Electoral. El Gobernador respondió que no negocia nombramientos.

Pero las grietas en esta relación incidental no constituyen una sorpresa. Ambos bandos chocan en asuntos fiscales y el inconcluso tema del estatus. En febrero pasado, el Gobernador tampoco aceptó una petición para adelantar la vacunación contra el covid-19 de los legisladores ante un brote del virus en ese cuerpo.

Al cumplirse los primeros 100 días de la gestión de Pierluisi Urrutia asoman otras luchas: el posible nombramiento de la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, a la vacante en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston y una emisión de bonos de $90 millones necesaria para completar la transacción con LUMA Energy y que requiere la bendición de la Asamblea Legislativa.

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Aunque el Gobernador envió una carta apoyando al juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, para la silla en Boston, la salida de Oronoz Rodríguez ofrece a su partido la oportunidad de copar la curia y propinar un duro golpe al PPD, que quedaría con uno solo juez de su ideología. En la Cámara, Hernández Montañez prometió que no dará paso a la emisión de bonos necesaria para la privatización del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica.