La representante Jocelyne Rodríguez Negrón dijo, desafiante, que no se va a inhibir de las pesquisas sobre Mayagüez y busca transferirle más propiedades al municipio.

La representante novata Jocelyne M. Rodríguez Negrón, quien llegó al cargo bajo la protección del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, empuja la transferencia de más propiedades a ese municipio, que está bajo el ojo federal y judicial precisamente por irregularidades con transacciones que involucran sus propiedades y fondos asignados por la Legislatura.

Además, mantiene en su oficina de distrito mediante el mecanismo de destaque a Pedro José Ballester Troche, jefe de Subastas del Municipio de Mayagüez a quien un contratista identificó a NotiCel como la persona que, junto con el hermano del alcalde, Osvaldo Rodríguez Rodríguez, piden dinero a los contratistas de la ciudad a cambio de la ortorgación de trabajos. Ninguno de los dos funcionarios ha contestado llamadas de este diario digital, como tampoco lo ha hecho la representante. En conferencia de prensa ayer, el alcalde defendió a su hermano, pero no abordó los hechos específicos que denunció el contratista ni mencionó a Ballester Troche.

De otra parte, la senadora por Mayagüez y Agüadilla, Migdalia González Arroyo, mantiene bajo contrato al hijo del alcalde, el licenciado Francisco J. Rodríguez Mora.

La transferencia de propiedades públicas de la Sultana del Oeste a la corporación municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) para usarlas de colateral en transacciones financieras especulativas está en discusión desde 2019 y, con más fuerza, desde que el 23 de marzo las autoridades federales realizaron siete arrestos, incluyendo exasesores del municipio y el Director Ejecutivo de MEDI, por fraude con una transacción de $9 millones. El dinero de la transacción vino de asignaciones legislativas para el Centro de Trauma de Mayagüez.

Previo a lo arrestos, la representante Rodríguez Negrón radicó varias medidas relacionadas con estos temas cuando llegó a la Asamblea Legislativa en enero pasado. El 8 de enero fue coautora de la Resolución de la Cámara 19 para ordenar al Departamento de Salud (DS), a la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y al Departamento de Hacienda (DH) para identificar y procurar dentro de la ley federal CARES "los recursos necesarios para la culminación del Centro de Trauma". El 11 de febrero, radicó como autora única la Resolución de la Cámara 265 para "realizar una investigación exhaustiva" sobre una ley de 2016 que asignó $2 millones anuales para el Centro de Trauma.

En cuanto a propiedades, el 22 de febrero radicó como autora única la Resolución Conjunta de la Cámara 69 para transferir de la Administración de Vivienda Pública al municipio de los terrenos donde ubicaba el residencial Marini, ya demolido, en el barrio La Quinta de la ciudad. También es coautora de la Resolución Conjunta de la Cámara 93 el 18 de marzo para que la Autoridad de los Puertos transfiera a la ciudad el Aeropuerto Eugenio María de Hostos, una gestión que el alcalde Rodríguez Rodríguez mueve desde al menos el 2008.

Rodríguez Negrón participó en la conferencia de prensa en la que el presidente cameral, Rafael "Tatito" Hernández Montañez, anunció el lunes la radicación de una resolución para investigar "la autorización, el funcionamiento y la operación de franquicias comerciales o empresas corporativas municipales con fines de lucro... (incluyendo) una evaluación del universo de transacciones financieras realizadas por los gobiernos municipales durante el término de 10 años, donde se hayan transferido, grabado (Sic) o utilizado como garantía los activos municipales".

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La resolución pretende abarcar los 78 municipios pero va a priorizar en Aguadilla, Bayamón y Mayagüez, en lo que ha sido interpretado ampliamente como un esfuerzo de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara Baja para diluir la controversia en la que está sumida la ciudad de Mayagüez, que la ha controlado exclusivamente el PPD por más de 70 años. Además de los arrestos, incluyendo del exasesor del municipio Arnaldo Irizarry Irizarry, posteriormente se confirmó que el municipio transfirió a MEDI unas 58 propiedades para realizar transacciones comerciales que ya han provocado pleitos por hipotecas sobre el Hospital San Antonio y el Palacio de Recreación y Deportes.

La representante alegó que "nosotros (la mayoría popular) sí tenemos credibilidad y legitimidad para investigar de una forma responsable y justa" pero luego planteó que "no tendría por qué inhibirme" de las acciones camerales sobre eso, aún cuando fue empleada y ayudante de Rodríguez Rodríguez hasta diciembre de 2020, cuando pasó a la Cámara. Los registros de la Oficina del Contralor Electoral reflejan que el encargado del comité de campaña de Rodríguez Negrón era Hipólito Rivera Torres, gerente de Recreación y Deportes del Municipio de Mayagüez. De los $13,678.54 que reportó en ingresos la candidata, el 49% fue reportado como anónimo.

La Cámara todavía no aprueba su Código de Ética, pero el borrador más reciente prohíbe que un representante lleve a cabo acciones "que le coloque(n) en un conflicto de interés o que pueda(n) crear la apariencia sobre la existencia de un conflicto de interés", así como que todo representante debe "abstenerse de participar en cualquier aspecto de los procedimientos legislativos correspondientes cuando se trate de cualquier otro asunto en el que tenga o le surja un conflicto de interés". No se ha establecido que Rodríguez Negrón haya incidido directamente durante sus funciones en el ayuntamiento con MEDI o las transferencias de propiedades y la representante no contestó llamadas de NotiCel para entrevista. Una de las funciones que tuvo la representante en la ciudad fue de legisladora municipal, cuerpo que estuvo involucrado en la creación de MEDI.

La representante de 36 años tiene a su cargo la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Oeste, pero la resolución investigativa de los municipios, en la que es coautora, fue asignada a la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos que preside el representante novato Ángel A. Fourquet Cordero.

En la esfera federal, Rodríguez Negrón es objeto de una demanda por discrimen político que todavía no se ha resuelto y para la que la representante negó formalmente las acciones que se le imputan. La demandante, Rosa Rivera Castro, era una empleada transitoria en la División de Educación de la ciudad, que Rodríguez Negrón dirigía interinamente, pero fue transferida sin funciones a otra división cuando rehusó confirmarle si la iba a apoyar en sus intenciones de aspirar a la Cámara de Representantes y si iba a pedirle a su padre que no la retara en primarias. El alcalde Rodríguez Rodríguez también está demandado en este pleito.

Rodríguez Negrón es también parte del referido a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente sobre la aplicación indebida de criterios políticos para la repartición de suministros federales por los terremotos en el que están involucradas también la exsenadora Evelyn Vázquez y la exgobernadora, Wanda Vázquez.

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