El documento tiene 125 páginas y está disponible únicamente en inglés en el portal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia presentó un nuevo Plan Fiscal ante la Junta de Control Fiscal hace cerca de una semana, con cambios en las proyecciones económicas a raíz del impacto de la pandemia del COVID-19, pero no lo ha comunicado al país porque “el documento habla por sí solo”.

El documento confía en que LUMA Energy se encargará del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a partir del mes de junio del año en curso, pese a que legisladores y empleados de la corporación pública han objetado el controvertible contrato con el consorcio y han reiterado que esa fecha de inicio está lejos de concretarse.

Pierluisi Urrutia también se había comprometido a revisar el contrato, para lo que creó el “Comité Timón para la fiscalización del contrato”, firmado a través de la Alianza Público Privada. El grupo es presidido por el nominado secretario del Departamento de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez.

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“Es un documento extenso por eso, lo importante es que yo tengo que verificar que esté disponible en la página para que lo puedan ver. Nosotros nos mantuvimos firmes en los planteamientos más básicos. Por ejemplo, cero recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico. Que se comiencen a revisar las escalas salariales de todos los servidores públicos. Que tampoco se recorten las transferencias a los municipios y cero recortes a las pensiones”, expresó Pierluisi Urrutia a preguntas de NotiCel.

En el Plan Fiscal también espera un pareo de fondos para Medicaid en 83%, cónsono con el plan del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esa gran suma prevendría el colapso del programa en la Isla que tanto se ha evadido en años previos con asignaciones presupuestarias de último momento.

El documento tiene 125 páginas y está disponible únicamente en inglés en el portal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf, por sus siglas en inglés). Fue publicado el pasado 26 de marzo.

“En esas cuatro áreas nos mantuvimos firmes en el Plan Fiscal que le sometimos a la Junta. Lo otro son detalles así que prefiero que el documento hable por sí solo”, añadió Pierluisi Urrutia.

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Entre los mencionados detalles, se encuentra el cambio de política pública en comparación con la pasada administración de dejar con vida al Banco de Desarrollo Económico (BDE) y excluirlo de la lista de cierres o fusiones de agencias.

El resumen ejecutivo del Plan Fiscal, en donde se establece que el documento es la visión de Pierluisi Urrutia para Puerto Rico, se asegura que la economía de la Isla todavía depende en gran medida en la forma en que se atienda la emergencia salubrista del Covid-19.

Aunque las proyecciones del Plan Fiscal previo fueron superadas gracias a los estímulos económicos estatales y federales y la reapertura gradual del sector económico, se vaticina que las restricciones podrían continuar en efecto hasta que suficientes personas se hayan vacunado.

“Segundo, una o más variantes pueden ser resistentes a la inmunidad otorgada por las vacunas existentes y pasadas infecciones, lo que podría dar paso a un ciclo de restricciones nuevas y una nueva ronda de vacunas. Se necesita mejor infraestructura para mitigar la amenaza del COVID-19, que incluye: mayor vigilancia genómica a las variantes peligrosas, capacidad de administrar vacunas con mayor velocidad a la población entera y pruebas rápidas disponibles para contener brotes”, según el plan.

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Sin embargo, más abajo en el documento se especifica que el dinero asignado para la pandemia no se ha utilizado en su totalidad. Por ejemplo, de los $150 millones asignados para el rastreo de contactos y pruebas de COVID-19, hasta el 16 de marzo se habían desembolsado $71 millones.

Según el texto, del programa de Telemedicina, solo se han desembolsado $28 millones de los $40 millones asignados. De igual forma, de los $120 millones para la adquisición de equipo de protección personal, solo se habían usado $86 millones.

El documento debe ser evaluado y certificado por la JCF, que rechazó la primera propuesta de plan argumentado que violaba disposiciones de la Ley Promesa, para que se considere como el camino a tomar en la toma de decisiones.

Lee aquí el Plan Fiscal:

Cynthia López Cabán colaboró en esta historia.