La agencia federal cambia el tono y anticipa que revisará los acuerdos subvención, que imponían restricciones onerosas a los fondos asignados para la reconstrucción del país.

No solo eliminará las cortapisas para acceder a los fondos federales asignados para la recuperación de la Isla tras el huracán María, sino que Vivienda federal (HUD, en inglés) pactará un acuerdo de subvención con el Departamento de Vivienda de Puerto Rico para el desembolso de los fondos de mitigación, que solo contemplará las restricciones típicas que la dependencia exige a otras jurisdicciones.

El año pasado, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó un acuerdo de subvención que imponía limitaciones severas para acceder a $8,221 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) otorgados a la Isla hace casi tres años.

Las trabas impuestas por la agencia bajo el mandato férreo de Ben Carson incluían la designación de un monitor financiero, la fragmentación de los fondos en partidas y una larga lista de autorizaciones, que complicaron aún más el engorroso proceso para acceder a los fondos CDBG. En ese momento, el neurocirujano justificó la acción alegando que respondía a informes de mala administración pública y corrupción gubernamental.

Hace dos semanas, el designado secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, informó que Vivienda federal eliminará las restricciones onerosas a los fondos de recuperación, pero en entrevista con NotiCel anticipó que el nuevo acuerdo de subvención para una asignación de $8,300 millones en fondos de mitigación (CDBG-MIT) también seguirá un trámite ordinario.

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“Todavía no hemos recibido el acuerdo, pero ya hemos sostenido reuniones (con HUD), en donde nos aseguraron que vamos a estar recibiendo un acuerdo de subvención para tener acceso a los fondos de mitigación, que viene con las condiciones básicas que le imponen a cualquier ‘grantee’, y que vamos a recibir uno similar para la enmienda del acuerdo de los $8.2 billones de CDBG-DR”, explicó.

“Se van a eliminar las restricciones. Entre las condiciones extraordinarias que destaca ese acuerdo es que se creó un monitor fiscal, donde no solamente había que estar constantemente requiriendo autorizaciones de esa oficina sino que era una oficina que creó burocracia”, agregó.

Tras la llegada al poder del presidente demócrata Joe Biden, cesó el trato hostil hacia la Isla. La Oficina del Monitor Financiero también quedó en el olvido y el Departamento de Vivienda local trabaja directamente con HUD en la capital federal.

“¿El acuerdo elimina al monitor?”, preguntó este medio digital.

“Ha sido la representación que nos ha hecho el Gobierno federal de que esa figura se va a eliminar”, respondió el abogado.

Todavía no existe una fecha para la firma de la enmienda y del nuevo acuerdo, pero Rodríguez Rodríguez confía en que este trámite se complete antes de mayo.

Aunque la relación con las autoridades federales mejoró significativamente, prevalecen los escollos técnicos para utilizar el dinero. Actualmente, el Departamento de Vivienda puede girar facturas, pagar contratos y encaminar proyectos de una partida de $1,700 millones de los $8,200 millones.

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“Seguimos con las restricciones en términos del dinero. Está dividido por ‘tranches’, por pedazos. Eso es otra de las cosas que ellos van a eliminar para darnos acceso total a los $8.2 billones sin la intromisión del monitor fiscal”, reiteró Rodríguez Rodríguez.

Apuntó que la salida de los funcionarios federales, que mantenían el ojo puesto a los empleados de la agencia, mejoró el ambiente laboral.

“Desde que yo llegué, estamos funcionando, en términos generales, como cualquier otra jurisdicción. Eso ha cambiado el ánimo de los empleados. Lo que nos cuentan los empleados es que fue un ambiente tenso entre los empleados en la medida que había mucha auditoría, mucha monitoría, constantes reuniones con cuestionamientos”, señaló Rodríguez Rodríguez.

Aclaró que la agencia no se opone a la supervisión y fiscalización, pero que la vigilancia excesiva entorpecía el flujo de trabajo y creaba ansiedad entre los empleados. Por esto, el Departamento de Vivienda estableció una oficina de auditoría independiente para garantizar transparencia y cumplimiento.

“Tenemos una oficina robusta de auditoría. No me responde a mí. Es independiente y se creó precisamente para eso”, subrayó el titular de Vivienda.

“Apoyamos que se ‘monitoree’ y se audite. Ahora bien, lo que estamos buscando es un trato igual que nos den espacio para ejecutar y eso no estaba pasando anteriormente. Había mucha, demasiada intromisión federal”, concluyó.