Los mismos casos que el alcalde dice que lo exoneran, demuestran cómo siguió la pauta de Eugenio García Jiménez.

Menos de un mes después de que Eugenio García Jiménez comenzara su contrato como asesor financiero en el Municipio de Mayagüez, el alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez viabilizó el plan del consultor de crear una corporación municipal a través de la cual se hicieron negocios con propiedad pública que ahora son objeto de demandas, una acusación federal y de escrutinio intenso sobre la responsabilidad del alcalde con estas transacciones.

Esa entidad se llama Mayagúez Economic Development, Inc. (MEDI) y el alcalde Rodríguez Rodríguez es el presidente de su Junta de Directores, integrada enteramente por funcionarios públicos del ayuntamiento.

El dato sobre la creación de MEDI queda planteado en la demanda que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) le sometió a García Jiménez el 1 de diciembre de 2020 por el esquema de fraude mediante el cual malversó $7.1 millones de los $9 millones que MEDI le entregó para invertir. El mismo esquema de fraude le generó una acusación criminal federal a García Jiménez y a otras seis personas, incluyendo el director ejecutivo de MEDI, Alejandro Riera Fernández, y el asesor legal de ambos, el municipio y MEDI, Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry.

Rodríguez Rodríguez ha dicho que la demanda del SEC y la acusación federal son los mecanismos con los que se va a reivindicar que ni él ni funcionarios municipales cometieron ilegalidades. "Es correcto, soy el presidente (de la Junta de MEDI) que no he sido acusado. Lo que ha habido aquí es un desvío de responsabilidades, de confianza y de abuso de esa confianza que es lo que está escrito a la demanda federal y en la investigación del FBI", reaccionó Rodríguez Rodríguez sobre su responsabilidad por las movidas que se han destapado de MEDI.

Vea: Acusado montó a hermano de Will Smith y a Mayagüez en sueños de Hollywood

Cuando se toman los hechos que plantean el SEC, el pliego acusatorio y otras fuentes públicas, el tracto cronológico que queda planteado es que García Jiménez tiene su primer contrato con el municipio el 6 de marzo de 2014, la legislatura municipal autoriza la creación de MEDI el 13 de marzo y la corporación municipal queda incorporada el 11 de abril de 2014. "García (Jiménez) aconsejó a la ciudad a incorporar (MEDI)... la ciudad siguió el consejo y creó a MEDI en abril de 2014. La Junta de Directores de MEDI consiste de funcionarios del ayuntamiento", indica la demanda del SEC.

El 30 de mayo de 2014, el ayuntamiento y MEDI entraron en el único contrato que está registrado en la Oficina del Contralor, pero no el único que han realizado entre ambos, y que consiste en una escritura mediante la cual el municipio le transfirió la titularidad del Centro Médico Dr. Ramón Emeterio Betances. La transferencia tenía la advertencia de que la propiedad revertiría a la ciudad si MEDI se acoge a la Ley de Quiebra o algún acreedor reclama hipoteca sobre la misma. Esa advertencia no se encuentra en otras escrituras mediante las que el municipio cedió propiedades a MEDI. Un documento divulgado la semana pasada y que no ha sido explicado por Rodríguez Rodríguez muestra que este dio su visto bueno para ceder 58 propiedades municipales a MEDI para garantizar una línea de crédito de $400 millones. El Centro Médico está valorizado en $118.7 millones, según la escritura de 2014.

La demanda del SEC añade que fue García Jiménez el que identificó que habían $9 millones en asignaciones legislativas que no se habían usado y fue el que, en 2016, "hizo una propuesta para agregar los $9 millones e invertirlos de manera que el ayuntamiento tuviera suficiente rendimiento para financiar algunos de los proyectos municipales, incluyendo la construcción de un nuevo centro de trauma". MEDI hizo la inversión a través de una compañía que pertenecía al que había recomendado hacer la inversión, Premier Investment and Financial Services Group LLC.

Premier no fue la única entidad corporativa de García Jiménez ligada a MEDI. La acusación federal enumera por lo menos cinco entidades que aparecen en el Departamento de Estado registradas como corporaciones municipales ligadas a MEDI que fueron incorporadas por García Jiménez, aunque el consultor no tenía ninguna posición formal en MEDI. Se supone que las incorporaciones estén autorizadas por la Junta de Directores de MEDI. Las empresas son: MEDI SNIF, MEDI CIDREX, MEDI Films, MEDI Management, Inc., Mayaguez Economic Development - Financial Strategies Inc. Otras empresas que el pliego acusatorio califica como incorporadas por los acusados y empleadas en el esquema son: M.A.G. Holdings Inc., Tega Holdings LLC, U.A. United Advisors Corporation, Imamanagement LLC, Eugenio García Jr. & Associates LLC, Leyton Suisse Mayaguez Corp. y Premier.

Para ver la demanda de la SEC contra García Jiménez, pulse aquí.

El licenciado Simone Cataldi Malpica, representante del municipio, indicó que el alcalde Rodríguez Rodríguez tuvo contacto primero con García Jiménez en una presentación que este hizo a la Asociación de Alcaldes sobre sus servicios. Luego hizo una presentación individual al alcalde y sobre la base de esa presentación se hizo el contrato que, según la demanda del SEC, disponía una tarifa de entre $100 a $125 la hora y le representó al consultor unos $300,000 de ingresos a lo largo de cuatro años, aunque no tenía licencia como asesor financiero.

El alcalde y otros funcionarios han sido entrevistados por autoridades federales para estos dos casos, pero solo la gerente de Finanzas de la ciudad, Yahaira Valentín, compareció ante el Gran Jurado investigador, dijo Cataldi Malpica.

Que se conozca hasta ahora, MEDI es el eje de la demanda del SEC, el pliego acusatorio, dos demandas de ejecución de hipoteca que involucran al Palacio de Recreación y Deportes, dos demandas que involucran al hospital municipal San Antonio y la demanda que el municipio sometió contra García Jiménez y otros sobre la inversión de $9 millones.

Para ver la escritura de cesión del Centro Médico de Mayaguez, pulse aquí.